Sanidad impulsa una ley para frenar la privatización de hospitales

El Ministerio de Sanidad ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que sustituirá a la norma de 1997, puesta en marcha durante el Gobierno de José María Aznar, y que abrió la puerta a la privatización sanitaria. La nueva ley busca poner freno a la privatización sanitaria poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos añadidos de control.

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), adelantado por la Cadena Ser, incluye la obligación de que las comunidades autónomas que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité de expertos y técnicos.

Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de las comunidades autónomas que recoja estos puntos tendá que ser público.

Además, la norma incluye que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, en lugar de con empresas que buscan hacer negocio. En la práctica, la ley busca limitar el modelo de grupos como Quirón o Ribera Salud, especialidados en la gestión privada de hospitales públicos.

Hay otro punto clave en el anteproyecto, que ha permitido la construcción y privatizaciòn de multitud de hospitales especialmente en Madrid y València: hasta ahora, las empresas cerraban un acuerdo global con las administraciones por el que levantaban el centro hospitalario y se quedaban con la gestión, a cambio de un contrato blindado que le asguraba un canon anual por parte de la comunidad autónoma. La nueva norma impedirá esto: no se podrán hacer contratos que incluyan la parte de la obra del hospital y luego la gestión del mismo.

“Vamos a proteger la sanidad de las garras especuladoras”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en los últimos años “hemos estado escuchando y hemos asistido a casos absolutamente obscenos que no deberían formar parte de el la vida cotidiana de nuestro sistema sanitario público” y ha descrito la ley como una respuesta a un lema: “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.

Para ejemplificarlo, García ha recordado varias declaraciones de empresarios del sector de la sanidad privada de los últimos años: “Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa'. CEO de Ribera Salud. 'Seguro que sois capaces de identificar procesos que no son contributivos, o sea, que no son rentables. Hablo de la cápita'. CEO de Ribera Salud. 'Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado'. Consejero delegado de Fresenius, nada más comprar el grupo Quirón con una plusvalía de 2.600 millones que definió como que el filón estaba en las contratas y en las concesiones que tenía en concreto la Comunidad de Madrid”. “Esto es a lo que lo venimos a poner hoy coto”, ha señalado.

La responsable de Sanidad ha dicho que se han conocido “audios internos” en los que responsables empresariales hablaban “sin tapujos” de inflar listas de espera para tener mayor rentabilidad, “cómo se dan citas a las cuatro de la mañana para hacer pruebas diagnósticas, para hacer caja con las listas de espera” o “reutilizar material para así poder reducir costes, poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria”.

Mónica García también ha recordado el caso de Quirón y cómo “ha multiplicado por seis” el número de pacientes que capta de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid “y ha multiplicado por seis también sus ingresos” o cómo “en algunos territorios esta externalización de algunas de las pruebas o alguno de los procedimientos como pueden ser los cribados del cáncer de mama han puesto en riesgo la prevención y han puesto en riesgo el control precisamente en una de las funciones esenciales de nuestra sanidad”, en referencia al caso de los cribados de cáncer de Andalucía.

“Estos son algunos ejemplos. Me podría estar aquí todo el día y toda la mañana. Y lo que demuestran estos ejemplos es que no son casos aislados, que es un problema estructural que se basa en un marco normativo que permite, durante demasiado tiempo ha permitido, que la gestión de la sanidad pública pueda tener una una orientación hacia el beneficio económico, en vez de una orientación hacia el cuidado de nuestra”, ha concluido la ministra.

La ministra también ha querido contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tras conocerse la noticia de la llegada de la norma al Consejo de Ministros y antes siquiera de que se presentase en rueda de prensa ya ha atacado al Ejecutivo acusándolo de querer “acabar” con la sanidad de Madrid. “¿Qué tenemos que hacer? Acabar con la Fundación Jiménez Díaz. Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales. Tenemos que azuzar el miedo, bloquear lo que funciona”, ha dicho Ayuso.

“La señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la Sanidad. No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete”, ha respondido Mónica García, quien ha recordado que en los últimos años al Grupo Quirón “se le han dado 5.000 millones de euros, que es la mitad de todo el presupuesto de Sanidad de un año” y ha cuestionado que la Comunidad de Madrid utilizase 1.300 millones para saldar deudas con este grupo empresarial tras la transferencia de 3.000 millones del Gobierno central para gasto sanitario y en residencias durante la pandemia de COVID-19.

El gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6%

En la última década, el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que implica que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. O lo que es lo mismo: uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023.

Un informe elaborado por el Ministerio en diciembre señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. “La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%”, apunta el documento.

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.