Más de 70 ONG alertan de que el plan de deportaciones de la UE puede dar pie a redadas como las de ICE en EEUU

Más de 70 organizaciones de derechos humanos han pedido a la UE que rechace una propuesta destinada a aumentar la deportación de personas indocumentadas, advirtiendo que corre el riesgo de convertir los espacios cotidianos, los servicios públicos y las interacciones comunitarias en herramientas de control de inmigración al estilo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EEUU.

El pasado marzo, la Comisión Europea presentó su propuesta para aumentar las deportaciones de personas sin derecho legal a permanecer en la UE, incluyendo la posibilidad de enviarlas a centros de detención en países fuera de la UE. El proyecto de reglamento sobre control de inmigración, que aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, llega después de que la extrema derecha lograra avances en las elecciones de esa Cámara en 2024.

En una declaración conjunta publicada este lunes, 75 organizaciones de derechos humanos de toda Europa afirmaron que, si finalmente se aprueba, el reglamento podría ampliar y normalizar las redadas antiinmigración y las medidas de vigilancia en todo el continente e intensificar la discriminación racial.

Las nuevas normas “consolidarían un sistema punitivo, alimentado por la retórica de extrema derecha y basado en la sospecha racializada, la denuncia, la detención y la deportación”, afirma el comunicado. “Europa sabe por su propia historia adónde pueden conducir los sistemas de vigilancia, búsqueda de chivos expiatorios y control”, agrega.

Cuando anunció las propuestas el año pasado, la Comisión Europea las describió como “procedimientos eficaces y modernos” que aumentarían las deportaciones de personas a las que se les ha denegado el asilo o que han permanecido más tiempo del permitido, según su visado. Una de cada cinco personas sin derecho a estancia en la UE es devuelta a su país de origen, esa tasa ha cambiado poco en los últimos años.

El comunicado del lunes destaca la amplitud de las medidas propuestas, con planes para permitir que la policía registre domicilios particulares en busca de personas indocumentadas sin orden judicial, así como “otros locales relevantes”. Eso podría dar lugar a “redadas similares a las del ICE” en domicilios particulares, así como en espacios públicos y lugares de trabajo, según Michele LeVoy, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados. “No podemos indignarnos con ICE en Estados Unidos y, al mismo tiempo, apoyar estas prácticas en Europa”.

Denuncias por parte de los servicios públicos

La propuesta también podría exigir a los servicios públicos que informen sobre las personas indocumentadas, una medida que probablemente disuadiría a las personas de acceder a servicios esenciales de salud, educación y sociales.

Médicos del Mundo afirma que las consecuencias más amplias de dicha medida ya se estaban manifestando en Minnesota, donde se está desatando una crisis de salud pública tras la represión migratoria de los pasados meses. “Las mujeres embarazadas, los niños y las personas con enfermedades crónicas simplemente evitan buscar servicios de salud esenciales, incluso en emergencias y cuando sus vidas corren peligro”, señala Andrea Soler Eslava desde esa ONG. “Esto es inaceptable y, además, puede causar graves problemas de salud pública”.

A finales de enero, 16 expertos en derechos humanos de la ONU escribieron a la UE sobre la propuesta de regulación. La misiva de 19 páginas enumera más de una docena de preocupaciones sobre cómo los planes podrían contravenir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La carta de los expertos de la ONU también cuestiona los motivos de la UE: “Nos preocupa que la regulación propuesta pueda, en parte, haber sido motivada por estigmatizar a los inmigrantes por ciertos problemas sociales locales, sugiriendo erróneamente que expulsar a los inmigrantes resolvería estos problemas”, afirma, citando la crisis de la vivienda como ejemplo.

Este lunes, las organizaciones de derechos humanos se suman a las preocupaciones de la ONU, citando proyectos de ley que incluyen la recopilación masiva de datos personales y la facilitación del intercambio de estos datos entre las fuerzas policiales de la UE.

Riesgo de fomentar el racismo

“Aumentar la vigilancia, la actuación policial y la elaboración de perfiles raciales solo fomentará el racismo y una agenda de extrema derecha, no reducirá la migración. De ser aceptadas, estas medidas propuestas socavarán las libertades civiles más básicas con consecuencias catastróficas, que es la verdadera amenaza que deberíamos abordar”, declara Alamara Khwaja Bettum, de la ONG Statewatch.

El proyecto de reglamento sobre retornos se votará en la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo a principios de marzo. La semana pasada, la UE dio un paso más hacia la creación de centros extraterritoriales para migrantes después de que eurodiputados de centroderecha y extrema derecha se unieran para respaldar cambios que brindarán a las autoridades más opciones para deportar a los solicitantes de asilo, incluido el envío de personas a países en los que nunca han estado.

Emmanuel Achiri, de la Red Europea Contra el Racismo, afirma que quienes más probablemente se verían afectados por las regulaciones de retorno propuestas son las comunidades racializadas de toda Europa, lo que podría agravar la discriminación racial ampliamente documentada que ya enfrentan.

“Lejos de ser una medida migratoria neutral, esta propuesta constituye un ataque directo y desproporcionado a comunidades que ya están marginadas y, con demasiada frecuencia, abandonadas por los responsables políticos”, denuncia Achiri. “Medidas de este tipo no tienen cabida en una Unión Europea que afirma tomarse en serio la lucha contra el racismo estructural”.