Compromís denuncia ante el Tribunal de Cuentas la “financiación ilegal” del Consell a los colegios que segregan por sexo

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación de la coalición, Gerard Fullana, han presentado ante el Tribunal de Cuentas una denuncia para que investigue la financiación ilegal de 72,6 millones de euros por parte de la Conselleria de Educación a colegios vinculados al Opus Dei que continúan segregando al alumnado por sexo.

Joan Baldoví ha criticado que el Gobierno del PP “no ha mostrado ningún interés en revertir una financiación que vulnera claramente la ley”. “De nuevo, Pérez Llorca continúa de perfil y sin dar explicaciones sobre por qué su consellera de Educación sigue sin actuar y sin exigir que se devuelva el dinero con cuya orquestación ella misma permitió que se financiara de forma ilegal a estos colegios”, ha dicho.

Este es el segundo paso judicial impulsado por Compromís después de haber presentado un requerimiento prejudicial ante la Conselleria de Educación para que retirara los conciertos educativos a estos centros por incumplir la normativa vigente. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico, la coalición ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Cuentas por posible perjuicio a los fondos públicos.

La denuncia señala que la Conselleria de Educación debe exigir el retorno de los fondos públicos a los colegios Altozano, Aitana, Vilavella, El Vedat, Guadalaviar, Torrenova y Miralvent, por ser beneficiarios de conciertos educativos pese a que mantienen modelos de segregación por sexo prohibidos tanto por la LOMLOE como por la normativa autonómica actual.

Fullana ha enfatizado que resulta “escandaloso ver que, mientras se recortan recursos en la educación pública, la consellera de Educación continúe dando millones de euros públicos a centros que incumplen la legalidad para acceder a estos conciertos. Es una obligación que exija que devuelvan el dinero y les revoque el concierto educativo de forma inmediata”.

Posible perjuicio a los fondos públicos

En la denuncia registrada ante el Tribunal de Cuentas, Compromís solicita que se investigue si se ha producido un perjuicio a los fondos públicos; que se depuren responsabilidades tanto de los titulares de los centros como de los responsables políticos y administrativos que han autorizado o prorrogado los conciertos educativos; y que se restituya la cantidad de dinero público que se haya ejecutado de manera indebida.

El portavoz de Educación de la coalición valencianista ha resaltado que lo que exigen “viene debidamente avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional que indica expresamente que la ley estatal actual prohíbe que se financie con dinero público a centros educativos que segregan por sexo en alguna etapa educativa”.

Además, desde la coalición se ha recordado que la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir el caso del colegio El Vedat al apreciar indicios claros de delito por presuntos abusos sexuales a 11 niños de entre 7 y 11 años. “Es intolerable que la consellera Ortí, que era inspectora de los centros concertados en la comarca de l’Horta Sud, donde se sitúa este colegio, nos quiera vender que no sabía nada de lo que pasaba en el centro”, ha criticado Fullana.

El Vedat es uno de los centros concertados vinculados al Opus Dei que segregan totalmente al alumnado por sexo y que, pese a ello, recibió la renovación de su concierto educativo bajo la supervisión directa de Carmen Ortí cuando ocupaba el cargo de subdirectora general de Centros Concertados y Privados en 2025.

Fullana ha reprochado que “solo este centro recibirá más de 16 millones de euros públicos pese a tratarse de un colegio 100 % segregado”, y ha añadido que “Ortí era la máxima responsable y no solo no actuó para impedir estos conciertos ilegales, sino que dirigió y supervisó toda la tramitación que permitió renovar la financiación pública a esta red de centros vinculados al Opus Dei”.

La actual consellera de Educación, Carmen Ortí, ejerció como subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados entre el 1 de junio de 2024 y el 18 de mayo de 2025, un cargo con competencias directas sobre la autorización de centros privados y la tramitación de conciertos educativos, incluida su financiación.

En este sentido, el procedimiento de renovación de los conciertos se inició en enero de 2025, cuando Ortí seguía ocupando esa responsabilidad, y la resolución provisional que permitió la continuidad de estos conciertos se firmó el 30 de abril de 2025, dando paso posteriormente a la resolución definitiva, lo que implica que la consellera participó directamente en la supervisión y tramitación del proceso mediante el cual se renovaron los conciertos a estos colegios.