La Conselleria de Educación defiende la plena legalidad de la renovación de los conciertos educativos
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades defiende la legalidad de la renovación de los conciertos educativos. Ante la denuncia anunciada por Compromís ante el Tribunal de Cuentas, desde la Conselleria de Educación se quiere aclarar que los expedientes se tramitaron de acuerdo al marco normativo vigente y, en particular, conforme al Decreto 75/2023 de 19 de mayo, aprobado en la anterior legislatura y que la Conselleria se ha limitado a aplicar.
“Hemos aplicado la ley tal como nos la dejó el Consell del Botànic. Cada paso del procedimiento es público y está a disposición de cualquier instancia de control. No tenemos nada que esconder porque no hay nada irregular”, ha afirmado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.
La anterior renovación de conciertos se hizo en julio de 2021. Fue tramitada por el Consell del Botànic, bajo la responsabilidad del entonces conseller, Vicent Marzà, y se hizo manteniendo un modelo de admisión segregada por sexo, pese a que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) era ya de obligado cumplimiento desde enero de 2021.
En contraste, la renovación tramitada por este Consell se realizó con admisión mixta, el requisito que el propio Botànic exigió posteriormente a los centros afectados.
Además, es un hecho contrastado que el Consell del Botànic destinó 117 millones de euros a los centros que ahora señala, a los que asignó otros 9 millones adicionales derivados de la retirada irregular del concierto de Bachillerato a determinados centros. En total, el Botànic destinó 126 millones de euros a estos centros.
El director general de Centros Docentes ha afirmado que “el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional y su trabajo es necesario en democracia. Esta Conselleria no solo no se opone, sino que lo respeta y lo apoya sin reservas. Precisamente porque hemos actuado con rigor normativo, no existe ninguna inquietud sobre el examen que el órgano fiscalizador decida realizar”.
Jorge Cabo ha concluido señalando que “nuestro compromiso es con cada familia, con cada alumno valenciano, garantizando la elección de centros y velando porque ningún alumno o alumna sea discriminado por ninguna razón personal o social”.
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