El caso Anglo American, un llamamiento a la obligación de las empresas a rendir cuentas y a la justicia en Zambia

Dentro de unos días, un tribunal sudafricano celebrará la vista de un caso crucial contra el gigante minero Anglo American, cuya acusación está compuesta por mujeres y menores del distrito zambiano de Kabwe, conocido por ser una de las localidades más tóxicas del mundo. En el marco de un proceso judicial histórico, las personas residentes en Kabwe acusan a la filial sudafricana de Anglo de sacrificar su vida y sus medios de subsistencia en aras de la codicia empresarial.

La acusación sostiene que la empresa dejó en su localidad filtraciones de plomo de niveles peligrosos —incluso mortales— en el suelo, el agua y el aire. Anglo abandonó Zambia hace medio siglo, al nacionalizarse el sector minero, pero la población argumenta que el legado tóxico de sus operaciones aún perdura.

En concreto, muchos menores y mujeres en edad de procrear padecen un sinfín de problemas de salud graves. Mi visita a Kabwe en 2022 despertó en mí sentimientos contradictorios —de horror, pero también de esperanza—, no sólo por Kabwe, sino también por muchas otras comunidades sometidas a “sacrificios” similares en África.

De las minas de Kabwe se extrae plomo desde hace casi un siglo. Sin embargo, la acusación alega que, entre 1925 y 1974, la mina de plomo Broken Hill era propiedad del grupo Anglo American y que dicha empresa tuvo un papel clave en el control y la supervisión de los aspectos técnicos, médicos y de seguridad relativos a las operaciones de dicha mina.

La acusación observa que las deficiencias en las operaciones de la mina durante este periodo dieron lugar al envenenamiento generalizado de su comunidad y han tenido efectos adversos intergeneracionales sobre la salud de los más de 100.000 menores de edad y mujeres que ahora solicitan una indemnización.

A mi llegada a Kabwe en marzo, la huella de esa época era más que evidente. Aunque las operaciones mineras cesaran hace tiempo, los fantasmas del pasado aún merodean por la zona. La región está contaminada con tierras tóxicas debido al polvo de plomo. Tuve ocasión de hablar con varios extrabajadores de la mina y residentes locales —incluidos menores, mujeres y otras personas de edad avanzada— cuya vida seguía marcada por los efectos de larga duración sobre la salud del devastador pasado minero.

Adeline Phiri, madre de un niño de siete años, me contó que a su hijo le habían detectado altos niveles de concentración de plomo en la sangre. También tenía caries. Adeline me explicó que su comportamiento era motivo de preocupación, ya que el niño era extremadamente hiperactivo, presentaba una temperatura corporal elevada, se quejaba siempre de dolor y era de baja estatura para su edad. Por suerte, tras el tratamiento en una clínica local, la intoxicación por plomo se había reducido significativamente.

Otra mujer relató las dificultades escolares de su hija, Philisiwe Banda, a la que se había etiquetado como “de aprendizaje lento” y, luego, tras un examen médico, se había descubierto que presentaba envenenamiento por plomo. La niña había recibido tratamiento y recomendaciones dietéticas, pero su madre se lamentaba de que muchas familias de Kabwe no podían permitírselo. Aunque el estado de la niña ha mejorado, sigue viviendo en un entorno contaminado y, durante la estación seca, los vientos arrastran partículas de polvo contaminadas de plomo.

Charles Banda, extrabajador de la mina, expresó que no le cabía duda alguna de que la mina Broken Hill tenía mucho que ver con el grave envenenamiento por plomo en Kabwe. Según él, el suelo de la zona está contaminado con entre un 10% y un 15% de plomo, lo que hace imposible que la población residente cultive hortalizas en sus huertos, aunque éstas sean una fuente de sustento esencial para la comunidad.

Banda afirmó que conocía casos de menores de edad con deficiencias cognitivas o intelectuales en su comunidad; algunos se habían confirmado posteriormente en la escuela. También me habló de su tercer hijo, que padece una discapacidad intelectual causada por la exposición al plomo y cuyo comportamiento es atípico para su edad. Sin embargo, acceder a un tratamiento médico adecuado resulta complicado debido a la escasez de medicamentos y a problemas de costes.

Las valientes aserciones de estas personas están avaladas por las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales la exposición al plomo puede tener consecuencias graves sobre la salud infantil. A niveles de exposición elevados, el plomo ataca el cerebro y el sistema nervioso central, lo que provoca infinidad de problemas de salud graves que van desde coma hasta convulsiones e incluso la muerte. También nos consta que no existe ningún nivel de exposición conocido que carezca de efectos nocivos. Como algunos padres han experimentado y referido, los menores de edad que sobreviven a una intoxicación de plomo grave pueden presentar trastornos cognitivos y conductuales.

El destacado valor y la resiliencia de las personas supervivientes me impresionó. La población de Kabwe está harta. Quiere que se escuche su voz, que se restituyan sus tierras y hogares. Quiere que se apliquen sistemas de indemnización y de control sanitario. Quiere que Anglo subsane sus errores. No obstante, Anglo niega toda responsabilidad, tachando el pleito de “oportunista” y de pérdida de tiempo y dinero. Más que nada, la población de Kabwe quiere tener la certeza de que sus hijos e hijas no sufrirán problemas de salud crónicos ni discapacidades derivados del entorno en el que viven.

Aunque esta situación constituye un ejemplo atroz y trágico de codicia empresarial, no es un caso aislado, especialmente en la industria extractiva. Vemos como comunidades de todo el mundo quedan marcadas, generación tras generación, por multinacionales que pisotean sus derechos y que, con demasiada frecuencia, tratan a África como su patio de recreo, desde tiempos coloniales hasta nuestros días.

Si el proceso contra Anglo prospera, podría sentar un precedente importante para que se responsabilice a las empresas de sus daños históricos y se las obligue a subsanarlos. Además, enviará un mensaje claro de que las multinacionales no pueden despreciar flagrantemente los derechos humanos ni anteponer los beneficios a las personas. Con este proceso, la población de Kabwe está luchando por cambiar su presente y su futuro, por dejar de ser una zona sacrificada para convertirse en una comunidad audaz, que siente las bases para que las empresas rindan cuentas más allá de sus fronteras.

Cuando se inicie la vista, Amnistía Internacional tendrá la oportunidad de presentar alegaciones e informar al Tribunal Superior de South Gauteng, en Johannesburgo, en calidad de amicus curiae (amigo de la corte) sobre la importancia de certificar esta acción judicial colectiva y de proporcionar un recurso legal a la acusación. Apoyamos firmemente a la población de Kabwe y nos solidarizamos con ella.

* Agnès Callamard se ha sumado al proceso como coadyuvante en el pleito. Se han ocultado algunos nombres para proteger la identidad de las personas supervivientes. Este artículo se publicó originalmente en el medio sudafricano Business Day.