La Unión Europea debe reconocer la realidad del apartheid israelí

La violencia en torno a Huwara ha sido notoria por su escala y su intensidad, ya que en ella participaron cientos de colonos israelíes. Sin embargo, para la población palestina de la Cisjordania ocupada, estas agresiones respaldadas por el Estado forman parte del día a día desde hace tiempo. La rendición de cuentas prácticamente inexistente por parte de los responsables, la bien documentada participación de los soldados israelíes en parte de los actos de violencia y el propio hecho de que los asentamientos sigan expandiéndose, desafiando el derecho internacional, son muestras de un sistema de apartheid impuesto por las autoridades al pueblo palestino.

Tras su visita, los diplomáticos europeos condenaron los ataques contra la población palestina en Huwara, así como el homicidio de dos colonos israelíes a manos de un tirador palestino el mismo día, y señalaron la necesidad de “proteger a toda la población civil y garantizar la rendición de cuentas”.

Son objetivos a largo plazo dignos de elogio, pero que no se alcanzarán hasta que no se desmantele el apartheid. Además, la Unión Europea debe reconocer la realidad del sistema que Israel impone al pueblo palestino; hasta entonces, estas declaraciones serán poco más que palabras vanas.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define el apartheid como crimen de lesa humanidad, caracterizado por la comisión de “actos inhumanos”, como el homicidio ilegítimo, la tortura y el traslado forzoso, con la intención de mantener un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas por parte de un grupo racial sobre otro. En un informe publicado en febrero de 2022, Amnistía concluyó que, según esta misma definición, el trato dispensado por las autoridades israelíes a la población palestina constituía apartheid.

Dondequiera que la población palestina viva bajo el control efectivo de Israel —ya sea en Israel, en los Territorios Palestinos Ocupados o en otros países como personas refugiadas—, las autoridades palestinas la someten a opresión y dominación sistemáticas. En el informe de Amnistía se proporcionaron pruebas detalladas de ello, al mostrar que las leyes y políticas de Israel están específicamente diseñadas para privar al pueblo palestino de sus derechos, tierras y recursos.

Amnistía Internacional no es la única que ha llegado a semejante conclusión: organizaciones palestinas, israelíes e internacionales, dos relatores especiales de la ONU, el gobierno de Sudáfrica y varios exagentes israelíes han expresado lo mismo. No obstante, pese a condenar los instrumentos de apartheid —homicidios ilegítimos, expansión de asentamientos, demoliciones de viviendas y la supresión de la libertad de expresión palestina—, la Unión Europea sigue negándose a reconocerlo. En enero del presente año, la Comisión Europea declaró explícitamente que consideraba “no adecuado” utilizar el término apartheid en relación con el Estado de Israel. El comentario se incluyó en una respuesta escrita a una pregunta formulada por parlamentarios europeos, a la que respondió el Alto Representante Josep Borrell en nombre de la Comisión.

La respuesta, fruto de prolongadas negociaciones entre comisarios, afirmaba en primer lugar que la Comisión prestaba la “debida atención” al informe de Amnistía para luego rechazar la conclusión de apartheid y dar a entender que las críticas a Israel eran antisemitas.

Sin embargo, sigue sin aclararse qué aspectos de las pruebas o del análisis de Amnistía rebate la Comisión, ya que la respuesta no aborda las cuestiones de fondo señaladas en el informe y, en su lugar, opta por una incongruencia, al citar la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), jurídicamente no vinculante, como fundamento de su posición. La Comisión ha subrayado repetidamente la importancia del derecho internacional, para lo cual ha avalado también el Estatuto de Roma. Sin embargo, en su respuesta ni siquiera menciona la definición de apartheid contenida en dicho tratado.

Desde entonces, 12 organizaciones de derechos humanos israelíes han expresado “graves motivos de preocupación” sobre los intentos de asociar el informe de Amnistía con el antisemitismo y han criticado que la Comisión no reconozca el apartheid de Israel. Estas organizaciones sostienen que utilizar el antisemitismo como arma para silenciar críticas legítimas menoscaba los intentos de contrarrestar el antisemitismo creciente.

Quienes siguen de cerca este tema saben que, entre los 27 comisarios y los países miembros de la UE, hay diversidad de puntos de vista y posiciones. Borrell, por ejemplo, es muy consciente del sufrimiento de la población palestina. En un reciente discurso sobre crímenes de lesa humanidad, hizo específicamente referencia a las muertes de personas palestinas a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y recalcó que “tenemos que acordarnos de lo que sucede en Palestina”.

Por el contrario, tanto Margarita Schinas, comisario de Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, como Oliver Várheliy, comisario de Vecindad y Ampliación, han equiparado las críticas a Israel con el antisemitismo. Schinas, responsable de dirigir la lucha de la Unión Europea contra el antisemitismo, ha ido aún más lejos, al respaldar la controvertida definición de la IHRA e instar a que se aplique. Sin embargo, la estrategia de la UE para abordar el antisemitismo, que se desarrolló bajo su mandato, ha sido objeto de las críticas de 54 expertos en antisemitismo, dado que “ignora los crecientes motivos de preocupación ante las deficiencias y la instrumentalización de la definición de la IHRA”.

El antisemitismo es un motivo de preocupación grave —tanto en Europa como en el resto del mundo— y la Unión Europea debe tomarse en serio la lucha contra él. Sin embargo, no se pueden desestimar las críticas a Israel basadas en normas internacionales de derechos humanos acordadas, que obligan a todos los países a rendir cuentas, alegando el uso amplio del término ni apelando a una definición jurídicamente no vinculante.

Mientras tanto, resulta cada vez más difícil cerrar los ojos a esta realidad a la vista de las propias acciones del gobierno israelí, que recientemente se ha comprometido a expandir los asentamientos y a restringir la exhibición de la bandera palestina. El gobierno ha efectuado reformas discriminatorias de leyes sobre ciudadanía y residencia. Más alarmante resulta la reciente concesión de amplios poderes sobre la Cisjordania ocupada a Bezalel Smotrich, ministro de Economía, quien desató intensas críticas al declarar, en respuesta a la violencia de los colonos, que el Estado israelí debería “borrar Huwara del mapa”. Estos actos incluso propiciaron una inusual declaración de profunda preocupación en nombre de los 27 Estados miembros el 8 de marzo.

Al no comprometerse con sus principios y desvincularse de la doctrina jurídica y la investigación, la Unión Europea no sólo da alas a Israel para que cometa nuevos crímenes contra la población palestina, sino que también perjudica la lucha contra el antisemitismo. Si la Comisión tiene verdadero interés en promover la paz y la justicia, debe reconocer que las autoridades israelíes cometen el delito de apartheid, y utilizar todos los instrumentos políticos y diplomáticos a su disposición para presionarlas y que pongan fin a esta situación.