Siempre ha sido una constante, por parte de quienes ostentan el poder, querer controlar y cercenar los derechos de los que, en desacuerdo con lo establecido, protestan, se movilizan y/o denuncian pacíficamente lo que entienden necesario. Esta voluntad va más allá de los de los propios activistas y movimientos sociales. Alcanza incluso a quienes cubren periodísticamente estos hechos. Las muestras de solidaridad con quienes sufrían atropellos constantes en sus derechos más básicos, como por ejemplo los relacionados con la violación del derecho a la vivienda y las acciones habituales para parar los desahucios, hizo que el Gobierno de entonces, con su mayoría absoluta y sus tintes autoritarios, legislara para limitar y amedrantar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución de 1978.
Quien se mueve, quien hace una denuncia pública de su disidencia, se pone en una situación vulnerable, sabiendo que puede acabar identificado/a, multado/a, detenido/a, en libertad con cargos, o lo que es peor, en prisión preventiva. El Estado pone en marcha la represión como medida disuasoria para los movimientos por la defensa de los Derechos Humanos, usando el miedo como parte de su estrategia represiva. Y lo hace en un marco de carencias consolidado: amplias capas de la sociedad cada vez más empobrecidas, el sistema público cada vez más débil, la precarización del empleo, la falta de vivienda, la falta de cobertura social, etc.
Agitando conciencias y acción colectiva nos levantamos en 2011 para decir ¡basta ya! a todo esto y pillamos por sorpresa a un Estado demasiado acostumbrado a que no se le cuestionara. Sin embargo, el Poder legislativo tomó nota y, poco tiempo después de aquello, nos impusieron la Mordaza.
En Sevilla, la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en julio de 2015 fue acogida con estupor, pero sin abatimiento. No Somos Delito Sevilla se había constituido meses antes como una plataforma de numerosos colectivos con fuerza y motivación suficiente como para hacer frente a un Poder ejecutivo deseoso de comenzar a aplicarla.
Las sanciones no se hicieron de rogar, y pocos meses más tarde, comprobamos como, sistemáticamente, éramos sancionados al tomar las calles: LGTBIQ+, feministas, personas sin hogar, periodistas en el ejercicio de su profesión, sindicalistas combativos, defensoras de derechos, etc. Sin embargo, en la aplicación de esta ley, el Ejecutivo no solo ha pretendido desincentivar y silenciar la protesta colectiva, sino que ha usado esta herramienta jurídica para implementar un orden autoritario, que se ceba especialmente con nuestros barrios más marginados.
Al analizar los datos oficiales, se evidencia que es Andalucía la comunidad en la que con más dureza se está aplicando Ley Mordaza, siendo la líder en las cuatro infracciones más polémicas de la misma. Además, es necesario destacar que, entre todas, hemos situado a Sevilla a la cabeza del pago de las sanciones, con más de ocho millones y medio de euros. Esto evidencia que, si bien, en nuestra ciudad hemos ejercido nuestros derechos fundamentales sin importar las restricciones impuestas, no hemos sabido articular una respuesta colectiva que evite la individualización de las personas, que se sienten solas a la hora de hacer frente a un procedimiento sancionador.
Además de los estragos causados por la mencionada ley, debemos sumar otros sucesos que han tenido lugar en nuestra ciudad recientemente, como el Coño Insumiso, los 6 de la Macarena y lo acontecido al Colectivo de Prostitutas de Sevilla, y que ponen de relieve, una vez más, que la represión no es exclusiva de la Ley Mordaza, sino que abarca una profusa normativa (Código penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley General Penitenciaria, Ley de Extranjería, Ley de promoción de la Violencia de Género en Andalucía, etc.) que está al servicio de aquellas personas que quieren eliminar toda disidencia al discurso hegemónico.
APDHA Sevilla, como un actor más en la defensa activa de nuestros derechos y libertades en la ciudad, ha sido también otra víctima de la represión este año: hemos sido sancionadas en virtud de la Ley Mordaza mientras nos concentrábamos por los derechos de las personas sin hogar y hemos sido procesadas mediante un procedimiento penal en el ejercicio de nuestra misión de observar el respeto a los derechos humanos en contextos conflictivos.
Como respuesta a este panorama, y debido también al repunte de represión que ha vivido nuestra ciudad en este último año, los movimientos sociales sevillanos vuelven a reunirse después de algún tiempo y es ahora cuando están surgiendo nuevas alternativas de las que debemos estar pendientes y que nos posibilitarán cuidarnos entre todas. En este contexto, desde APDHA este 21 de noviembre lanzaremos la campaña “Por la defensa de los Derechos Humanos y Libertades”. Con los lemas #QuienSeMueveSaleEnLaFoto y #DéjateFicharPorLosDerechosHumanos queremos dejar claro a los poderes establecidos que no dejaremos que nos silencien, que seguiremos estando donde hemos estado los últimos casi treinta años: defendiendo, como decía Diamantino García, las causas difíciles que por justas algún día conseguiremos.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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