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Alaya amplía la imputación sobre el exconsejero Antonio Fernández en el caso de los ERE

Los primeros imputados por el IFA no declaran ante la juez de los ERE

eldiarioand / Europa Press

La jueza Mercedes Alaya ha imputado también un delito continuado de cohecho en el caso de los ERE al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por haber recibido junto a sus hijos 602.806,72 euros “de origen desconocido” y que habría empleado para la compra de distintos inmuebles. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada le cita a declarar el próximo 3 de marzo después de que la Guardia Civil le haya entregado sendos informes sobre la situación patrimonial de Fernández y del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y de sus respectivos entornos familiares.

Fernández, que hace unas semanas pedía a la jueza una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”, se encuentra imputado en la causa de los cursos de formación que también investiga la jueza y pasño unos meses en prisión en los primeros compases de la instrucción del caso de los ERE. Alaya dice ahora que de los informes de la Guardia Civil resultan “indicios de los que se pudieran inferir haber recibido dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias”, en el caso de Rivas, “o por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios” en el caso del exconsejero de Empleo.

Centrándose en Fernández, señala que el mismo “adquiere durante el tiempo que desempeñó sus cargos como viceconsejero y consejero de Empleo seis inmuebles --cuatro viviendas y dos garajes con trastero--, comprados concretamente en el transcurso de siete años, desde el 18 de agosto de 2001 al 15 de octubre de 2008, adquiriendo en este último año cuatro de los inmuebles reflejados, dos suyos y dos para su hijo, carente de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija”.

Todo ello “ascendiendo a 602.806,72 euros la suma del dinero percibido” por el imputado y sus hijos, “de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que Antonio Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos”.

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