Los colectivos de personas con discapacidad en Andalucía dicen que no quieren “una Ley de Dependencia II”

Diferentes colectivos de personas con discapacidad han manifestado a las puertas del Parlamento andaluz su rechazo a la recién aprobada Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, porque “no quieren una Ley de Dependencia II”, ya que esta norma “ha sido aprobada sin memoria económica y sin partida presupuestaria certificada”. La consejera ha dicho en el Parlamento que la nueva norma cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales.

“Una ley sin financiación al final será papel mojado; no queremos la Ley de Dependencia II porque aún sufrimos las consecuencias de la uno”, afirman en declaraciones a Europa Press desde la Asociación Cota Cero, convocante de esta protesta, que añade que “diariamente el España se mueren 100 dependientes sin haber tenido el reconocimiento necesario, algo que se produce porque esa ley salió sin la financiación necesaria”.

Los colectivos, que han portado carteles con la frase 'No en mi nombre', han protestado para manifestar su “más profunda decepción” y “desencanto” por la redacción final del texto, ya que, aseguran, “después de intervenir durante todo el proceso” de información del proyecto de ley y presentar “un trabajo extenso” con las sugerencias, a su juicio, “necesarias” para que las necesidades de los discapacitados “fueran atendidas razonablemente”, ahora “nos encontramos con que se ha hecho oídos sordos a nuestras sugerencias”.

Además, desde Cota Cero afirman que los órganos de control y seguimiento al cumplimiento de la ley “son absolutamente insuficientes”, y señalan que “quieren un órgano de control independiente del Ejecutivo y nombrado por el Parlamento”, donde también “debe garantizarse la participación de los propios afectados”.

“Esta participación debería articularse a través del propio Parlamento o de sus órganos internos como la Comisión de Igualdad, pero en ningún caso cómo sucede hasta ahora que se realiza por designación directa de la propia consejera de Igualdad”, indican.