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La Fiscalía denuncia a dos ex consejeros de Susana Díaz por negarse a declarar en la comisión que investiga el gasto público en prostíbulos
La Fiscalía Superior de Andalucía ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los parlamentarios andaluces Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero Sierra, como miembros aforados, por negarse a declarar en la comisión de investigación de la Faffe.
La denuncia, que ha sido presentada este viernes en la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz, se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya estudiado la que presentó en su día la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, por la negativa de ambos a declarar en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) durante el mes de noviembre.
La Fiscalía andaluza informa en un comunicado de que la denuncia indica que pudieron haber cometido un delito del artículo 502.1 de Código Penal al “negarse a declarar y a responder a las preguntas que pudieran formularles los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación”, en su condición como exconsejeros de la Junta de Andalucía.
La denuncia del Parlamento andaluz fue presentada contra cinco representantes del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves, María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero Sierra.
Por tratarse Manuel Chaves y José Sánchez Maldonado de miembros no aforados en la actualidad, la Fiscalía Superior de Andalucía se ha inhibido de la causa y ha enviado la denuncia a la Fiscalía Provincial de Sevilla, quien a su vez debe remitirla al Juzgado número 12 al mantener abiertas diligencias previas por otra denuncia judicializada presentada por Vox contra Chaves con los mismos hechos denunciados por el Parlamento.
Por su parte, la denuncia contra María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, fue archivada por considerar la Fiscalía andaluza que las autoridades de la administración del Estado no tienen obligación de comparecer ante las comisiones de investigación creadas por los parlamentos autonómicos.
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