Andalucía pide a Montero una solución mixta para financiarse a través del Estado sin abandonar los mercados

La Junta de Andalucía va a solicitar su retorno al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar su deuda a través del Estado, una vez que el Ministerio de Hacienda le ha impedido seguir haciéndolo en los mercados. Esta decisión debe estar avalada por el Consejo de Gobierno. Sin embargo, el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha reclamado también a la ministra del ramo, María Jesús Montero, una solución mixta que permita a Andalucía seguir financiándose en los mercados, aunque vuelva a acogerse a los mecanismos estatales de financiación. “En el peor de los casos, que decidan mantenernos en el FLA no es incompatible con salir a los mercados”, dice Bravo.

El incumplimiento de las reglas de estabilidad (objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto) en 2018, computable al último Gobierno andaluz del PSOE, ha reabierto la eterna guerra de la financiación entre el Estado y la Junta. La mayor preocupación de la Consejería de Hacienda no es tanto el plan de ajuste al que está obligada para corregir el desvío de una décima en el déficit -cifrado en 170 millones de euros-, sino el “golpe a la credibilidad de Andalucía si se consuma que abandona los mercados”. “En la próxima oportunidad para salir a los mercados, lo haremos, pero ya habremos perdido credibilidad ante los inversores”, dice Bravo.

El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno no oculta su indignación por la carta del Ministerio de Hacienda que recibió, siete días antes de aprobar los Presupuestos de 2020, cerrándole el grifo de la financiación privada y pidiéndole un plan de ajuste para corregir el déficit. Moreno cree que es un “castigo”, una “venganza” contra Andalucía, la primera comunidad gobernada por PP y Ciudadanos que ha aprobado sus Presupuestos del año que viene “en tiempo y forma”.

La Junta ha solicitado una reunión urgente a la ministra Montero -además de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera- para conocer las condiciones que el Gobierno exigirá a Andalucía para volver a recibir liquidez del FLA. Bravo dice que los requisitos “no son objetivos”, y denuncia que la intención del Ministerio es “revertir” la política de rebaja fiscal de PP y Ciudadanos y torpedear la imagen de “estabilidad y rigor” de su Administración.

El consejero ha comparecido con un perfil menos frentista que el día anterior, proponiendo una salida pactada a su homóloga en el Ministerio. Asegura que la Ley de Estabilidad marca las condiciones de las comunidades “para entrar” en el Fondo de Liquidez Autonómica, pero “no hay condiciones que regulen cómo se sale”. Según Bravo, hay un “vacío legal que da lugar a la interpretación”, y en ese margen apela a Montero para consensuar una “solución política”. Dice que la decisión que se adopte ahora con Andalucía condicionará al resto de comunidades, que aspiran también a una salida progresiva a los mercados y la recuperación paulatina de su autonomía financiera (como recomendó el Banco de España).

El consejero de Hacienda ha propuesto una comparación con los acuerdos de Maastricht que fijaban los compromisos de estabilidad financiera que debían cumplir los países de la Unión Europea para entrar en el Euro, pero no describen un escenario inflexible por el que esos miembros serían expulsados ante el mínimo incumplimiento de esos compromisos. El Ministerio asegura que “no hay margen político”, porque “la ley dice lo que dice”, y no permite que una comunidad se financie en los mercados si está incumpliendo los objetivos de estabilidad. “La retirada de los mercados es automática por ley, no hay una decisión arbitraria ni discrecional”, explican desde el departamento de Montero.

Mientras Gobierno y Junta dirimen sus diferencias de interpretación, para las arcas andaluzas no hay margen para la insumisión. En 2020, el Ejecutivo andaluz tiene que refinanciar más de 5.125,5 millones de euros de deuda pública (un 21,7% más que en el presente ejercicio), de los que 1.930 millones esperaba hacerlo a través de los mercados. La primera emisión de bonos de deuda estaba prevista para el mes que viene.

Al cerrar el Ministerio esa posibilidad, la Junta no puede demorarse en recurrir al FLA para pedir al Estado el dinero que esperaba recibir de los mercados. La solicitud para adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica debe ser aprobada en un Consejo de Gobierno antes de enero. El primer vencimiento de deuda que debe cubrir la Junta andaluza -una devolución de 42 millones al Banco Europeo de Inversiones (BEI)- expira el próximo 9 de enero, según fuentes de la Consejería de Hacienda. Ese mismo mes de enero, la Junta tendrá que amortizar 1.133 millones de deuda (993 millones son de los mecanismos estatales de financiación), y en marzo tendrá que devolver otros 1.792 millones de préstamos (en total, en el primer trimestre 2.925 millones).

El rifirrafe entre el Ejecutivo central y la Junta ha alcanzado en pocas horas magnitud de terremoto político. Los de Moreno acusan a Montero de haber “intervenido Andalucía” por un incumplimiento de déficit de su último año gestionando las cuentas andaluzas, cuando aún era consejera de Hacienda. La Junta cree que el Ministerio quiere doblegar el diseño económico del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, obligándoles a hacer recortes en las cuentas recién aprobadas para corregir el desvío del déficit, o forzándoles a rectificar sus rebajas fiscales.

El incumplimiento del déficit de 2018 -diferencia entre ingresos y gastos- es apenas de una décima: el objetivo se fijó en el 0,4% y Andalucía cerró con un 0,51%. En términos absolutos se trata de poco más de 170 millones de euros, que tendrán un impacto mínimo en un montante que asciende a 38.500 millones en 2020. Pero el cabreo de la Junta no se explica tanto en términos económicos, como políticos. El Gobierno de Moreno se siente “tutelado” por Madrid, como antes la Junta socialista se sentía “monitorizada” por el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

Los tipos de interés del FLA no difieren mucho de las condiciones del mercado financiero actual, pero Bravo advierte de que “el problema no es a corto plazo, sino la posibilidad de financiarse durante 30 años a un tipo de interés muy bajo”. El coste de financiación de la deuda pública andaluza en los mercados se ha rebajado en siete puntos básicos respecto al periodo anterior, esto es, la primera emisión de deuda que hizo el último Gobierno del PSOE. La demanda de los inversores es tres veces superior a la oferta, según la Junta, lo cual da pruebas de la “credibilidad y confianza” que tienen los mercados de deuda en la Administración andaluza. En 2018, la Junta emitió bonos de deuda por valor de 700 millones de euros, en 2019 la cifra aumentó a 1.200 millones, y en 2020 estaban consignados en los Presupuestos 1.930 millones de euros.