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Hacienda advierte de que los recortes podrían afectar las condiciones del empleo público

María Jesús Montero se enfrenta por primera vez al reto de los presupuestos autonómicos.

Olga Granado

“Ya no le queda grasa a la Junta de Andalucía para seguir adelgazando”. De esta manera tan gráfica ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el panorama que tiene por delante para elaborar los presupuestos autonómicos de 2014. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dejan claro que en 2014 habrá 1.200 millones de euros menos para gastar -más de la mitad, 800, por la imposición de un techo de déficit del 1% frente al 1,58% del presente ejercicio- por lo que habrá que recortar de donde se pueda.

Las grandes sacrificadas serán las inversiones, según la consejera, quien ha reiterado que no se creará ningún impuesto nuevo en 2014, ni siquiera la tasa de las grandes superficies que IU defiende a capa y espada. María Jesús Montero entiende que aunque los socios hagan campaña enarbolando esta bandera, tienen asumido que tampoco este año se va a incluir este tributo. Sólo en esto y en el compromiso de “garantizar el blindaje del estado de bienestar” -es decir, las políticas en materia de educación, sanidad y servicios sociales- se ha permitido ser tajante a la hora de hablar sobre cómo serán las cuentas andaluzas para 2014.

Como “todas las partidas son revisables”, la consejera no ha descartado que tenga un impacto en el empleo público, si bien se intentará, ha asegurado, que no se reduzca y que tampoco se vean mermados sus salarios. Otra cosa es que recuperen la paga extra, porque sí ha dejado claro que se habla de no bajarles los salarios con respecto a 2013, pero plantear reposiciones ya es otra cosa: “No lo puedo afirmar ni negar”, máxime cuando el gasto de personal supone el 58% del total del presupuesto autonómico, aseguró.

La clave está en cómo se garantiza esto si hay unos 1.200 millones de euros menos y todavía hay cifras que no están regionalizadas en estos PGE, que ha definido como “opacos”. Básicamente incrementando los ingresos con una mejor recaudación en los escasos tributos que controla la autonomía, con la persecución del fraude fiscal y con la venta de activos (lo que ya se había previsto para 2013 con la intención de desprenderse de una serie de inmuebles que no han encontrado comprador).

María Jesús Montero, quien ha insistido en que todavía es pronto para dar más detalles de las cuentas, ha reconocido también que habrá tensiones con IU a la hora de cuadrar las cuentas, pero no más que con los departamentos gestionados por el PSOE-A, dado que “las consejerías son ambiciosas y con capacidad de generar nuevos programas” que exigen dinero. “La obligación del Gobierno de Andalucía es nivelar esas tensiones”, ha insistido.

“La realidad es que hay que quitar del gasto, y por el camino más corto, 1.200 millones de euros. Todas las ideas que haya son bienvenidas. Pero sugerencias de verdad, no de juego político. ¿Cómo lo vamos a concretar? Con inteligencia y con sentido común”, ha enfatizado haciendo un llamamiento a la tranquilidad.

Informe en el Consejo de Gobierno

Todas estas afirmaciones las ha realizado en el marco de la presentación del informe que su Consejería ha elevado al Consejo de Gobierno sobre los PGE, de los que ha dicho que vuelven a “perjudicar a Andalucía”, que en inversión por habitante, con poco más de 200 euros, tiene a “nueve comunidades autónomas por delante”. Y entre los factores que han contribuido a dejar “al límite” la capacidad de Andalucía para cerrar sus presupuestos autonómicos ha citado que el Fondo de Suficiencia cae más del 25% para la comunidad autónoma, por encima de la media; el Fondo de Garantía (destinado a los servicios públicos fundamentales) se reduce un 3,5%; las entregas a cuenta suponen casi 350 millones de euros menos; y el Fondo de Compensación Interterritorial, creado para disminuir las diferencias entre las distintas regiones, baja también más del 25%, o sea unos 45 millones de euros menos.

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