¿Quién tiene la culpa de que asesinen a una mujer a la que han denegado una orden de protección?
¿De quién es la culpa de que a la denegación de una orden de protección para una supuesta víctima de violencia de género le siga un asesinato cobarde? Para la sociedad actual, que no se anda con rodeos a la hora de buscar culpables, seguramente la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) no supo ver que Estefany estaba en peligro. Tampoco lo advirtieron los agentes policiales ni la Fiscalía. ¿Todos fallaron? ¿Se podría haber evitado la muerte de esta joven si la jueza hubiera dicho “sí”? ¿Qué parte del engranaje policial o judicial dejó de funcionar?
Probablemente, preguntas sin respuesta clara. “Riesgo no apreciado”, dijeron los informes. Que se lo expliquen cuando logren entenderlo, si alguna vez lo consiguen, a los dos hijos de ahora 3 y 5 años que tenía en común con el presunto asesino. Los jueces de Violencia sobre la Mujer tienen en sus manos bombas que en cualquier momento pueden estallar. Toman a diario delicadas decisiones como por ejemplo esa: conceder o no una orden de alejamiento una mujer que ha denunciado presuntos malos tratos. La Orden de Protección, que muchos toman como un auténtico salvavidas, puede que no sea tal. Es una de las medidas penales, civiles y/o sociales que puede tomar un juzgado para proteger a las victimas, sí, pero no asegura que el agresor se la pueda saltar.
Una de esas medidas, por ejemplo, es la orden de alejamiento. Hay que tener en cuenta que es la pena de “prohibición de aproximación o comunicación con la víctima o aquellos de sus familiares que determine el juez” pero no supone un guardaespaldas continuo para la víctima. Quizá se le da un valor excesivo. Cualquier decisión judicial o policial se torna arriesgada cuando, en realidad, la imprevisible conducta humana es la única que está detrás de la acción.
En mano de los jueces y juezas está aceptar o no esas medidas. Esta vez desgraciadamente no salió bien por defecto, igual que otras veces, seguramente, la medida se aplicará por exceso. Aunque no tenga que ver con la violencia machista, que se lo digan a Rafael Tirado, un conocido juez de lo Penal de Sevilla que tuvo que cambiar de destino después de retrasarse en ejecutar una sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, que hubiera supuesto el ingreso en prisión de éste, allá por 2008.
Miguel Lorente, todo un referente en la materia, mantiene que existe “una valoración subjetiva de los hechos”, donde también influye la percepción personal sobre la violencia machista de cada magistrado. A pesar de eso, existen herramientas para suplir esa subjetividad, como el protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, con equipos multidisciplinares de los institutos de medicina legal (un médico, un psicólogo y un trabajador social). Un recurso que se antoja necesario y útil en el que apoyarse antes de abrazar delicadas decisiones más allá de un 'simple' atestado policial que dice que hay “riesgo no apreciado”. El maldito riesgo que mató a Estefany.
Pporque si se trata de buscar culpables hemos de mirar, está claro, al agresor, ya en prisión provisional por la muerte de Estefany. A él, al machismo imperante arraigado en la sociedad bajo el credo de 'la maté porque era mía' y a la aún desconocida para muchos cultura de la igualdad. “La educación en igualdad es el principio del fin de la violencia”, decía recientemente en este periódico la presidenta de Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Tan fácil y tan difícil.
Mientras los políticos presumen de pedir una y otra vez un pacto de Estado contra este tipo de violencia (“lacra” lo llaman siempre) y lo condenan con comunicados (faltaría más), el sistema imperfecto sigue dando muestras de que la solución y su erradicación parecen aún lejanas, educación social mediante. Todas las medidas políticas de estos años atrás suenan a poco cuando se siguen produciendo asesinatos. Lo que está claro es que 22 segundos en un debate preelectoral es una ridiculez y una ofensa para las familias de las casi mil asesinadas en los últimos 13 años en España. Mientras, habrá que repensar para que el sistema no falle.
