El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos externaliza parte de su servicio jurídico con un macroconcurso de doce millones

Poco después de que PP y Ciudadanos tomaran las riendas de la política andaluza, una de las muchas cuestiones sacadas a relucir para criticar la gestión socialista fue el excesivo gasto pagado en los tribunales: más de 760 millones de euros para el cumplimiento de sentencias judiciales en los tres años anteriores. Es uno de los argumentos que ofrece la Junta ahora para defender la convocatoria de un macroconcurso público por el cual, por primera vez bajo esta fórmula, se externaliza parte de su servicio jurídico, para los próximos cuatro años y con un importe total que superará los doce millones IVA incluido.

“No se sustituyen las labores del Gabinete Jurídico sino que se dota de una asistencia complementaria para facilitar y agilizar el trabajo de los funcionarios”, apuntan a este periódico desde la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Su dirección general de Patrimonio, según la información avanzada por el Grupo Joly, ha sido la encargada de elaborar un acuerdo marco de “homologación de servicios integrados para la prestación de apoyo, asistencia y emisión de informes e intervención en aplicaciones complejas en materia legal”. Es de recordar que se trata del departamento andaluz desde el que se ha tenido que hacer frente a los gastos derivados del contencioso por el Centro Comercial Nevada (168,2 millones), a la sentencia de Nueva Generadora del Sur (63,3 millones) o los 162 millones de euros a pagar a la empresa Metro de Sevilla, entre otros litigios.

De momento, es “un documento interno”, apuntan fuentes de la Consejería después de trascender que dicho sistema dará servicio, además de a Hacienda, a siete organismos públicos: Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía, Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, Apartahotel Trevenque y Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública. “La memoria no se le ha hecho llegar a nadie”, defienden desde la Junta.

100 euros/hora por informes complejos

“Es falso que privaticemos el servicio jurídico”, señalan las fuentes, que tratan de aclarar que el objetivo es “reforzar la asistencia jurídica de la Junta de Andalucía”. Según la Consejería se trata de impulsar “un modelo diferente al del Gobierno anterior, que sea transparente y abierto a la colaboración con la sociedad civil y las empresas”. “Nuestro modelo es el del orden, la seguridad jurídica, la agilidad administrativa y la eficiencia. Para este Gobierno es esencial que los funcionarios desempeñen sus funciones en un entorno de seguridad jurídica y el Acuerdo Marco nos permitirá además realizar las contrataciones con transparencia y con un menor coste”, argumentan.

Según la memoria justificativa de dicho acuerdo, informó el Grupo Joly, el macroconcurso para el asesoramiento a la Consejería de Hacienda y a los organismos públicos se distribuirá en siete lotes a los cuales podrán concursar bufetes solventes financieramente, según la materia a asesorar como derecho mercantil, civil, laboral, urbanístico o derecho público, entre otras. Por cada servicio, la memoria ya establece los precios según la labor: 60 euros/hora por “apoyo”, 80 euros/hora por “asistencia” y 100 euros/hora por realizar informe u operaciones más complejas.

La Junta niega la mayor y rechaza que el sector privado vaya a reemplazar la labor de los funcionarios del gabinete jurídico. “No se sustituye el sector público por el sector privado, todo lo contrario. Se pretende establecer unos criterios homogéneos para la contratación que se ya se viene haciendo con el sector privado, reduciendo el coste de la misma y fijando unos criterios objetivos y transparentes para las contrataciones que se realicen, eliminando la discrecionalidad”.

Las fuentes tiran de la recurrente “herencia socialista” con la que se encontraron al llegar al Gobierno. “La administración socialista descuidó la asistencia jurídica: desde 2012 hay casi 50.000 expedientes (49.750 expedientes) para 97 letrados”, unas cifras que “demuestran que el anterior Ejecutivo andaluz dejó al servicio jurídico totalmente desbordado y ese exceso de litigiosidad lastra el desarrollo de proyectos creadores de empleo”. Además, denuncian que “ningún responsable del anterior Gobierno compareció para explicar el estado de la excesiva litigiosidad. De hecho, mantuvieron oculto el pago de sentencias millonarias y el desborde de trabajo en el gabinete jurídico”.

Según los cálculos de la Junta, en los dos últimos años de la anterior legislatura “bajo el modelo socialista” se pagaron en 2017 y 2018 un total de 7,8 millones de euros en servicios de asesoramiento jurídico. “Ahora planteamos un acuerdo con un coste de 2,5 millones de euros al año”, presumen desde la Consejería de Hacienda. A juicio de la Junta, se “potencia” la labor de los funcionarios públicos “al dotarlos de un mecanismo más eficaz y eficiente respecto al que actualmente se tiene ahora, que además es más económico”.