El Gobierno andaluz suma 214 millones de euros más a pagar por sentencias judiciales
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha vuelto a tirar de la “herencia socialista” para achacar al anterior ocupante del Palacio de San Telmo el hecho de que haya que abonar otros 214 millones de euros para dar cumplimiento a sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Junta de Andalucía. Así se lo ha hecho saber este jueves ante el Pleno del Parlamento para informar a petición del Grupo Popular. Entre los datos aportados, ha incluido la condena de 167 millones a las constructoras del Metro de Sevilla en concepto de sobrecostes e intereses por la obra de la Línea 1, que trascendió a finales del pasado diciembre, entre las cantidades ya abonadas y también en las pendientes de imputar.
Si el mes pasado era el consejero de Hacienda, Juan Bravo, el que cifraba en 548 millones la cantidad ya abonada por la administración andaluza, derivada de fallos de entre 2016 y 2018, este miércoles ha sido el 'número dos' de Moreno Bonilla el que ha ofrecido mayor detalle de las cuentas pendientes con la justicia de la Junta, engordando la cifra en 214 millones. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, ha ofrecido las cantidades y departamentos con cifras “pendientes de imputar en próximos ejercicios presupuestarios”, donde ha destacado 167,5 millones de las obras del Metro de Sevilla y 30 millones que tendrá que abonar la Consejería de Medio Ambiente.
El dirigente del PP ha insistido en “lo que nos cuesta a los andaluces algunas malas decisiones políticas”, señalando que la Junta, en el caso del Metro de Sevilla, tiene que hacer frente a los pagos “cuanto antes” porque “cada mes se eleva en 300.000 euros” el gasto de intereses. Pero según la detallada tabla aportada por fuentes del Gobierno, los 167,5 millones se encuentran en el 'importe pendiente de imputar' y, en la nota de prensa enviada por la Junta, como una de las cantidades que “ya ha abonado” el Gobierno regional, como así parece anterior entender el que fuera máximo responsable de Hacienda en el anterior ejecutivo socialista.
“Ya lo imputé en el presupuesto del año pasado”
“El Metro de Sevilla está imputado como gasto al año 2018. Es palmario”, señala a este periódico Antonio Ramírez de Arellano. “Globalmente, las cantidades pueden ser correctas, pero los matices no son menores. En 2018, y así se lo trasladé al nuevo consejero, se habían imputado a gastos más de 420 millones de euros en sentencias, incluyendo la del Metro de Sevilla. Hay una diferencia entre reconocer el gasto y pagar. Una vez que se ha reconocido, no se tiene que volver a presupuestar, sino que es una cuestión puramente de tesorería”, explica. “Si no pagan es porque no quieren. A estas alturas del año, yo lo hubiera pagado ya, porque la situación de tesorería de la Junta es buena”, dice.
Fuentes de la Consejería de Hacienda insisten en cambio en que para pagar esos 167 millones “hay que buscar los recursos” porque aún “hay que pagarlo”. Reconocen que la cantidad se imputó a gastos el año pasado pero no por parte del entonces consejero sino “por parte de la Intervención General”. “No está en el presupuesto de 2018, se tiene que presupuestar en el de 2019 y hay que buscar recursos”, insisten las fuentes de Hacienda.
Arellano, acerca de los intereses que critica el Gobierno de PP y Cs, añade “si esos 167 millones están generando intereses es porque el actual gobierno no lo paga, pero no tiene que volver a presupuestarlo”. “Esos 167 millones no condicionan el presupuesto de 2019 porque yo ya lo imputé en el presupuesto del año pasado. El anterior gobierno, por responsabilidad, se hizo cargo de todas las sentencias y para nada va a condicionar el futuro gobierno. Y de los 50 millones que quedarían de los 214 que dicen, a lo mejor están imputados el año pasado”, apunta.
Al llegar al Gobierno
Según Bendodo, “todo esto lo hemos conocido al llegar al Gobierno. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, repitiendo ante el Pleno una y otra vez el dato de 762 millones (los 548 ya abonados más los 214 desvelados ahora), una cifra similar a la que ya aludió hace un par de meses el nuevo Gobierno andaluz cuando el vicepresidente, Juan Marín, aseguró que la “deuda” que les había dejado el anterior Ejecutivo de Susana Díaz rondaba los “700 u 800 millones de euros” por sentencias judiciales.
Entre esas sentencias que ha citado el consejero, ya abonadas por la Junta, están las del 'caso Nevada' (165 millones), la de los centros sanitarios Pascual (21 millones), Red Eléctrica (57 millones) y la referida del Metro. En la cantidad total de 548 millones, como ya advirtió Bravo, no se incluye las abonadas por los entes instrumentales autonómicos. Bendodo ha dicho que los fallos judiciales parten de “malas decisiones políticas de las que los funcionarios no son responsables” y que generan “un gasto imprevisto” y que “merman la capacidad de la Junta para atender otros compromisos”.
El consejero ha recordado que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, órgano directivo encargado de la defensa en juicio en los casos en los que está inmersa la Junta de Andalucía y que depende de la Consejería que él dirige, tiene contabilizados desde 2014 en el sistema de información más de 60.0000 expedientes. Se trata de procesos relacionados con casos de posible responsabilidad patrimonial de la administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios, donde se detalla el estado de los distintos expedientes o procedimientos judiciales a los que tiene que hacer frente la Junta. Unos 275 son relativos a medio ambiente o urbanismo, ha comentado Bendodo.
El consejero ha defendido la idea de “eliminar la litigiosidad”, también en “cuestiones que puedan aflorar”, y, en ese sentido, ha anunciado la creación de una comisión interdepartamental compuesta por cinco consejerías, las más involucradas en litigios judiciales, para “desbloquear” los asuntos. Se trata, ha dicho de “un plan de choque” para evitar la vía judicial y que incuirá la reasignación de personal de 18 meses para estas tareas “de manera exclusiva”, trabajando también en un oficina de responsabilidad patrimonial para unificar criterios en esa materia en concreto. “No podemos dejar que los problemas se enquisten”, ha insistido.
