Andalucía se rebela ante un posible pacto bilateral de Pedro Sánchez con Catalunya

El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber enfriado las expectativas de Andalucía, una de las comunidades peor financiadas, para centrarse en desbloquear el conflicto independentista catalán. El presidente ha priorizado a Catalunya en su agenda porque está convencido de que su futuro en la Moncloa, y en las próximas elecciones generales, dependerá de cómo resuelva este problema. Ésta es la percepción que tiene el Ejecutivo andaluz tras digerir, con mucha dificultad, el mensaje que Sánchez lanzó en el Senado el martes, que ratificó este miércoles en el Congreso, y que ha zarandeado la estabilidad política de Susana Díaz a pocos meses para las elecciones andaluzas. 

En su primera sesión de control, el presidente del Gobierno ha renunciado para los próximos dos años que restan de legislatura a negociar con las comunidades la reforma de la financiación autonómica -piedra angular del programa político de Susana Díaz-. Dice que “no hay tiempo material”, dice que su debilidad parlamentaria se lo impide (84 diputados) y plantea, como alternativa, mejoras de financiación particulares que negociará bilateralmente y por separado con cada comunidad. La palabra “bilateral” ha sido un concepto proscrito para el Gobierno andaluz y para la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque remitía directamente a una mesa de negociación Gobierno central-Catalunya.

Así lo expresaron a voces cuando en la Moncloa mandaba Rajoy, y así lo expresan en susurros tras escuchar al presidente socialista dar carpetazo, para esta legislatura, a la reforma de la financiación. En este momento, el Gobierno andaluz siente el vértigo de una negociación socialista con Catalunya. Un temor que la Junta apenas ha empezado a verbalizar, pero que la oposición a Susana Díaz ya grita bien alto en el Parlamento. “Esto no puede ser como en la liga de fútbol, en la que siempre ganan el Madrid y el Barcelona, y el Athletic de Bilbao nunca baja a segunda. Así es este país”, se lamentaba ayer el consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, que ha relevado a la ministra María Jesús Montero al frente de Hacienda.

La mirada de Sánchez está puesta en Catalunya y en la reunión prevista con el president de la Generalitat, Quim Torra, fijada para el próximo 9 de julio. La moción de censura no sólo ha fulminado al Gobierno de Rajoy; también ha obligado a los partidos independentistas catalanes a replantearse su estrategia. Ya no tienen un muro de hormigón enfrente. Sánchez está abriendo el diálogo y empieza a responder positivamente a demandas concretas -dentro del orden legal-, como el acercamiento de los políticos catalanes presos a cárceles cercanas a sus familias. Ahora hay un debate intenso en el seno de los partidos catalanistas -desde el PdeCat hasta Esquerra, pasando por la CUP- sobre cómo defender las aspiraciones de Catalunya ante el presidente Sánchez. Y no es un debate resuelto, ni mucho menos: unos admiten que el nuevo Gobierno socialista está tendiendo puentes; otros en cambio, siguen identificando al PSOE como aliado necesario del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspendió el autogobierno en Catalunya. “Primero debe resolverse este debate interno, para saber qué posición adopta la Generalitat ante los ofrecimientos del presidente, y eso ahora es prioritario”, admiten fuentes próximas a Sánchez. Las pretensiones de otras comunidades, como Andalucía y Valencia, que reclamaban la reforma urgente del modelo de financiación, quedan en suspenso. 

La Junta pide tiempo

24 horas después del anuncio del presidente, el gabinete de Susana Díaz y el PSOE andaluz seguían en shock, sin saber aún con qué intensidad responder a Pedro Sánchez. La Junta ha sido la última en reaccionar con una estrategia clara. Antes lo ha hecho todo el arco parlamentario de la oposición, con un discurso muy beligerante contra el Gobierno andaluz. La Junta esperó a oír la intervención de Sánchez este miércoles en el Congreso -en respuesta a una pregunta del diputado Joan Baldoví, de Compromís, sobre financiación autonómica- esperando algún matiz al que agarrarse, pero el presidente se reafirmó en su posición: no habrá reforma de la financiación autonómica en este mandato, y la idea es negociar bilateralmente y por separado con las comunidades. 

La Junta salió del estado de aturdimiento con un mensaje inicial  de cautela, de perfil bajo, lejos del discurso reivindicativo que esgrimía hasta hace un mes contra Mariano Rajoy. Después se han reafirmado en la necesidad de abordar la reforma urgente de la financiación, se han parapetado en el acuerdo suscrito con el resto de fuerzas en el Parlamento, y han pedido tiempo hasta que Sánchez reciba a Susana Díaz en Moncloa y le explique con exactitud cuál es la estrategia. Porque en Andalucía nadie la entiende y las conversaciones telefónicas con la ministra de Hacienda y los contactos cruzados entre el PSOE federal y andaluz no han aclarado mucho. “Esto es marciano”, dice un miembro del Ejecutivo andaluz. La sensación es que Sánchez ha roto el discurso más potente de Susana Díaz, y el de su propia ministra de Hacienda, porque la preocupación primordial del presidente no está en Andalucía, sino en Catalunya, explican desde el entorno de la presidenta.

La respuesta de Díaz ha sido significativamente templada. La voz más dura, desconfiada y disgustada del Gobierno andaluz la ha asumido Ramírez de Arellano. “No es procedente que este asunto se trate bilateralmente con las comunidades, una a una, porque está en juego la sostenibilidad de la sanidad pública, la educación y las políticas sociales de todos. Esto trasciende la cuestión financiera, se trata del Estado de las Autonomías”, dice. La presidenta andaluza ha evitado conscientemente confrontar en abierto con Sánchez, para que su protesta no se entienda en clave orgánica, como un capítulo nuevo de la larga lista de desencuentros entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, rivales irreconciliables de las primarias del PSOE. Es cierto que las reivindicaciones andaluzas en materia de financiación trascienden la pugna interna de los socialistas -lo es desde el momento en que el Parlamento andaluz hizo suyo el acuerdo de la mayoría de partidos-, pero la Junta reconoce como “inevitable” que la lectura del primer desencuentro entre el Gobierno de Sánchez y el de Díaz esté contaminada por la guerra orgánica del PSOE.

Reafirmarse en el pacto andaluz

Todos los partidos de la oposición en la Cámara andaluza han usado esta clave para arremeter contra Susana Díaz, a quien acusan de haber traicionado el acuerdo de financiación que firmaron todas las fuerzas políticas de Andalucía, excepto Cs, y que fue aprobado por el Parlamento autonómico (con 101 de los 109 diputados) hace menos de tres meses. PP, Podemos, Ciudadanos e IU han sido en el inicio más rápidos y más contundentes que el PSOE a la hora de gestionar esta crisis. Cada partido adversario de Susana Díaz ha ocupado una posición interesante para lo que se aventura como una larga batalla electoral. 

El PP andaluz es, quizá, el más beligerante en este asunto, porque arriesgó al firmar el pacto estando Rajoy en la Moncloa, y ahora acusa abiertamente a Díaz de “traición” a Andalucía. El presidente popular, Juan Manuel Moreno, se ha apresurado a arrebatar la iniciativa a la presidenta de la Junta, anunciando que volverá a convocar a todos los agentes sociales reclutados por Díaz para fortalecer el acuerdo andaluz de financiación: sindicatos, patronal, universidades y organizaciones sectoriales que tuvieron un papel muy activo en esta reforma. “Andalucía tiene que pronunciarse sobre esta traición”, ha subrayado la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo.

Podemos ha pedido convocar a todos los partidos firmantes del acuerdo de financiación para consensuar cuál debe ser la respuesta a la decisión del Gobierno de Sánchez. La formación morada ha hurgado en las “contradicciones” del discurso de Susana Díaz, pero sobre todo en la actitud de la ministra de Hacienda, autora material del pacto, y enemiga de la negociación bilateral del Gobierno con las comunidades. “La reforma de la financiación autonómica no era lo más importante para el Gobierno andaluz, era lo único. La prioridad número uno de esta tierra y de Susana Díaz se ha caído de la agenda de Pedro Sánchez. No tiene sentido porque estas dos personas militan en el mismo partido, que yo sepa”, dice la diputada de Podemos, Carmen Lizárraga. Ciudadanos, socio de legislatura del PSOE y único partido al margen del acuerdo, acusó a Sánchez de “haber dejado tirada a Susana Díaz” y se mostró temeroso de los “acuerdos bilaterales” del presidente. Por último, IU también lamentó el anuncio del presidente del Gobierno y esperó que no fuera “una venganza de Pedro Sánchez contra Susana Díaz”.

El Parlamento andaluz está sometido ahora a una sobrecarga eléctrica, con un Gobierno vacilante y cuatro partidos de la oposición al acecho. El consejero de Economía ha salido al paso para mantener su posición. También ha solicitado la convocatoria urgente de los grupos que suscribieron el pacto de financiación para “reafirmarse en el acuerdo” suscrito por todos. Todo apunta a que Susana Díaz -tratando de disociar lo institucional de lo orgánico- plantará cara a Sánchez para reclamar los 4.000 millones de financiación para Andalucía que hasta hace dos días pedía a Rajoy. La presidenta no aceptará prebendas a Cataluña a cambio de desatascar un conflicto territorial que, dice, afecta al conjunto del país.