Un vecino de Conil se resiste a derribar su casa ilegal: “Solo me vieron a mí haciendo una casa para vivir y no a los que lo han hecho para especular”

Entre derribar su casa o ir a la cárcel, Juan Jesús Ramírez lo tiene muy claro. Este vecino de Conil (Cádiz) construyó en 2008 una vivienda en suelo rústico y ahora, después de una larga batalla jurídica, la sentencia definitiva le obliga a tirar la casa si quiere evitar dos años de prisión. Él reconoce que su casa es ilegal, pero “también lo son otras muchas de Conil y la justicia debe ser igual para todos”.

La historia se remonta a hace 14 años. Entonces tenía 22 años y no era consciente del riesgo que podía estar cometiendo. “Yo empecé a hacer mi casa en octubre de 2008. En Conil lo habitual era hacerte tu casa, te venía la policía local, te denunciaba, pagabas una multa al Ayuntamiento y nada más. Es lo que yo siempre había visto y cuando empecé a hacerme la casa no sabía ni que era ilegal. Conil es muy pequeño, hay 7.000 viviendas y desde 2008 se han construido unas 2.500 más y en Fiscalía solo hay siete u ocho expedientes. Se siguen haciendo casas como si no pasara nada, pero nos han cogido de cabezas de turco a unos pocos”, reprocha.

En este momento está esperando la notificación del juez para saber cuándo se hace el ingreso en prisión porque no se plantea tirar la casa donde vive con su pareja y sus dos hijos pequeños: “Yo no voy a derribar mi casa. Si el juez dice que tengo que entrar en prisión, lo haré. Pero no soy un delincuente, ni un narcotraficante, ni soy un ladrón. He hecho lo que me han dejado hacer, con el consentimiento del Ayuntamiento. Es más fácil destrozar la vida un ciudadano como yo que ir al Ayuntamiento y desmantelarlo”.

“Firmaron la acometida de la luz”

Ramírez se ampara en que desde el Ayuntamiento nunca le advirtieron de la ilegalidad que estaba cometiendo: “Ellos me firmaron la acometida de luz y la de agua. Cuando empecé mi casa en 2008 me llegó una denuncia, fui al Ayuntamiento y el concejal de Urbanismo me dijo que no me preocupara, que eso era lo normal. Que pagara la sanción y que continuara con la obra como si nada. En 2012 me llegó una carta de Fiscalía y lo comuniqué a Urbanismo. Me dijeron que habían hecho una inspección y que me había tocado ser uno de los que estaban investigando”.

Ya ahí empezó a verle las orejas al lobo. Veía que las construcciones no cesaban, pero había tenido la “mala suerte” de ser de los pocos que estaban bajo sospecha. “En los juicios todo iba en mi contra y, ya desesperado, tomé la decisión de hacerlo público. Dije que me habían engañado personas que también se han hecho sus casas en el mismo sitio. Grandes empresarios tienen 40 viviendas ilegales en el campo, pero al parecer solo me vieron a mí haciendo una para vivir y no a los que lo han hecho para especular. La gente no quiere hablar porque casi todo el pueblo tiene casas como yo en la Dehesa de la Villa, junto al pueblo”.

Le fue concedida una moratoria de dos años en 2019 porque se habían iniciado unos trámites por parte del Ayuntamiento para poder regularizar la zona en la que se encuentra su vivienda, pero los trámites han ido más lentos de lo esperado y ahora tiene que tomar la decisión de derribar la casa o entrar en prisión. Está recibiendo el apoyo de la Plataforma de Afectados de Viviendas Irregulares de Conil (PAVIC), que han llegado a manifestarse frente al Parlamento Andaluz reclamando una ayuda de la administración.

“Los que mandan en el Ayuntamiento (IU) llevan 30 años ahí, se han ganado el favor del pueblo a base de construcciones ilegales y hay gente que tiene auténticos complejos turísticos. Conil está enfocado al turismo y cualquier casa cuesta de 240.000 euros para arriba. La gente de Madrid viene y lo compra todo, mientras que yo soy mileurista y no me lo puedo permitir. Estoy agobiado por mis niños, porque me van a dejar en la calle”, lamenta.

“La ley no distingue entre viviendas de primera ocupación o turísticas”

María del Carmen García Caro es la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento conileño en la última legislatura. “Juan Jesús se hizo la casa en 2008 y no voy a entrar en lo que hizo el concejal de aquel momento. La ley no distingue entre viviendas de primera ocupación o turísticas y la pena es económica o la entrada en prisión si no se produce la demolición. Subsidiariamente los juzgados nos piden a los Ayuntamientos que derribemos la vivienda con cargo al vecino”.

“No se hicieron bien las cosas y la ley dice que si hay indicios de que se construye en suelo no urbanizable hay que mandar los expedientes a la Fiscalía. Nos hemos puesto a disposición de Juan Jesús y de otros afectados para ofrecer las herramientas que están en nuestra mano para que sus abogados las usen en sus estrategias. Hay una herramienta de la Junta que se llama AFO (asimilado fuera de ordenación), donde les permite a los Ayuntamientos regularizar algunas viviendas que cumplan ciertos requisitos. Le hemos conseguido esa figura a Juan Jesús para que la aportase al juzgado y que fuera tomada en consideración, aunque no ha sido aceptada”.

García Caro reconoce que “no se entiende que se derribe la vivienda de un vecino cuando hay otras que van a quedar en pie al lado, pero no tenemos capacidad para atajar este problema. Algunos casos se pillan, otros no y ahí no podemos llegar”. El último cartucho para ayudar a Juan Jesús es “un procedimiento de planeamiento de modificación del suelo. Ya hay contratada una asistencia técnica a través de un contrato externo y se pretende cambiar la clasificación del suelo donde tiene la casa Juan Jesús para que sea urbano. Ahí podría tener una posibilidad porque se podría legalizar. El tema está en que los procesos urbanísticos son tediosos. Lo iniciamos hace un tiempo y le dimos al abogado de Juan Jesús informes técnicos para que los jueces vieran en qué momento procedimental estamos. Estamos a disposición de todos los implicados y la preocupación es máxima porque no es agradable que un vecino tenga que entrar en prisión”.