Espía como puedas

No seamos ingenuos. Todos nos espiamos a todos. Es más o menos la explicación que la Casa Blanca ha dado al escándalo de las escuchas ilegales de la NSA, que incluyen a varios líderes mundiales, además de a millones de ciudadanos corrientes. La única diferencia entre EEUU y al resto, argumentan, es que a ellos los han pillado. Algo así dicen de la infidelidad los que entienden de relaciones de pareja: todo el mundo lo hace, pero a unos los descubren y a otros no. Así que ¿a quién queremos engañar? Jugamos todos contra todos. Todo vale. Al fin y al cabo, nos recuerdan, la información es poder. ¿Y quién renuncia a ese poder salvo que lo obliguen? La política es así, oiga.

Así que lo que conocemos del espionaje en la Comunidad de Madrid, o del penoso juego de detectives en Cataluña es, muy probablemente, sólo la punta del iceberg de una práctica mucho más común en España. Tan cotidiana como la forma en la que nuestros representantes públicos juegan a su antojo con información que se supone reservada. ¿Recuerda el lector alguna vez que los datos del paro se hayan conocido en la fecha que toca? Siempre hay un ministro, o dirigente del partido en el poder -pasó con Cospedal, el último ha sido De Guindos- dispuesto a ofrecer un aperitivo de las cifras, a menudo convenientemente cocinado. ¿A quién le importa la independencia del INE? Esta filtración se ha convertido ya en una tradición, y casi ni nos molestamos en afeársela a nuestros políticos. Lo vemos normal. Lógico. Nada que ver con otros países, donde las cifras de desempleo se dan a la prensa dentro de una especie de búnker plagado de inhibidores, para asegurarse de que ningún medio la publica antes que los demás.

Ahí tenemos también a Cristóbal Montoro amenazando nada veladamente a los actores españoles más respondones con dar a conocer sus cuentas pendientes con el fisco. Pero ¿cuándo hemos decidido que un ministro de Hacienda -un cargo político, pero no técnico- está autorizado a meter las narices en nuestros expedientes personales? ¿Con qué justificación?

¿Cuándo hemos decidido que es normal que un partido político haga pública una decisión judicial antes de que la sepan los propios implicados? Así ha pasado con varios autos de la juez Alaya en el caso de los ERE, como el que 'reventó' la toma de posesión de los consejeros de Susana Díaz y que los periodistas conocieron a través del PP.

¿Cuándo hemos decidido que es normal que el primero en dar las cifras de los Presupuestos de la Junta sea la oposición? Los populares lo niegan, pero todo apunta a alguno de sus miembros en el Consejo Consultivo. Un órgano teóricamente independiente pero cuyos sillones se reparten según un pacto entre partidos. Y no es la primera vez que pasa. Sus dictámenes sobre el Estatuto de Autonomía o las competencias del Guadalquivir también se filtraron, aunque aquí la mano que mece la cuna estaba muy posiblemente en la propia Junta.

¿Es normal que los alcaldes malagueños que el sábado se lanzaron sobre el coche de Susana Díaz conocieran el hotel en el que se alojaba y su hora de salida, una información que sólo debe manejar su círculo más cercano y la Subdelegación del Gobierno? ¿Que intentaran incluso averiguar su número de habitación?

Unos dirán, los menos, que se ha perdido el respeto a las instituciones. Que es urgente poner límites sobre lo que puede y no puede hacerse en política. Otros, los más, se encogerán de hombros y recordarán que eso lo hace todo el mundo. En el PP y en el PSOE y en Izquierda Unida. Que quien no lo hace es, sencillamente, porque no puede. Porque en política la información, o es privilegiada o ni es información ni es nada. ¿Para qué quiere uno si no ser ministro, subdelegado, consejero del Consultivo o amigo especial de un juez, si no puedes presumir de saber más que los demás? ¿Si no te dejan filtrar ni siquiera un poquito?