Quemar la salud mental de quienes cuidan la salud mental: la tormenta perfecta de la sanidad andaluza

Hace unos días, la mayor de nuestras sobrinas, que en junio cumplirá 13 años, me decía que está harta. No le ve ningún sentido a que la mayor parte de sus días consista en darse madrugones para encerrarse contra su voluntad un montón de horas en un instituto. Lo único que ella querría es “entrenar todos los días a baloncesto y que me enseñen cosas de psicología para cuando haga la carrera”. No es mal plan, desde luego, aunque ahora lo tiene incluso peor, porque este sábado jugó el último partido de la temporada. Por fortuna, le queda el consuelo de que su madre ya la ha inscrito a un campamento estival de baloncesto.

Si de verdad mantiene su vocación con los años, no será mala psicóloga. Parece que ya ha comprendido por su cuenta lo que los datos avalan: que en gran medida los problemas de salud mental en nuestra sociedad son consecuencia del trabajo. El capitalismo enferma, en suma.

De poco sirve que la salud mental se haya convertido en un asunto recurrente en los medios y en el Parlamento si, a la postre, no se traduce en verdaderas acciones. O lo que es peor, se toman medidas que agravan el problema. El Gobierno andaluz, de hecho, no iba a dejar la atención psicológica fuera del paulatino desmantelamiento al que está sometiendo a la sanidad pública, de modo que ya ha empezado a precarizar a los propios psicólogos clínicos. Lo cierto es que aterra pensar hasta dónde hubiera llegado el gobierno de Moreno si precisamente este diario no hubiera destapado los desvíos de fondos públicos a la sanidad privada. No dejen de leer, por cierto, la serie de artículos que constituyen esa investigación, y que arrancaron con este.

España ya dispone de un diagnóstico. Se llama Informe PRESME. Es un esfuerzo encomiable, pero que se puede quedar a medio gas si solo sirve para eso: para diagnosticar

La situación llega a extremos que mi sobrina ni podría imaginar. Así, precisamente la atención psicológica a adolescentes se encuentra en tal estado que no solo se deriva a los chavales a la privada, sino que incluso hay que trasladarlos fuera de Andalucía. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del PP? ¿Cuántos suicidios más de jóvenes a los que no se les atiende por falta de medios en la sanidad andaluza va a permitir?

El malestar psicológico asociado a la precarización laboral es un factor clave que explica por qué en España el consumo de antidepresivos ha aumentado un 45% en la última década y aun así sigue por detrás del de ansiolíticos, como ya comenté hace algunos meses. De hecho, si bien no está claro el modo con que medir algo tan difuso como la “precariedad laboral”, se estima que alrededor de 12 millones de personas en todo el país atraviesan esa situación. Si, como hemos visto, los trabajadores públicos de la salud mental en Andalucía también se encuentran entre ellos, tenemos la tormenta perfecta.

España ya dispone de un diagnóstico. Se llama Informe PRESME. Es un esfuerzo encomiable, pero que se puede quedar a medio gas si solo sirve para eso: para diagnosticar.

Hasta ahora, y a pesar de que tenemos elecciones generales a la vuelta de la esquina, solo hemos visto grandes intenciones, como ésta del informe PRESME, pero pocas medidas realmente concretas. Me temo que en Andalucía la cosa irá a peor, pero nunca me atrevería a decirle algo así a mi sobrina. Creo, en todo caso, que le correspondería a Juanma Moreno, que él debería explicarle cuánto de necesarias son vocaciones como la suya, que es digno de elogio que a su edad tenga tan claro que hacen faltan psicólogas, profesionales de la salud mental dispuestos a ayudar a todos esos potenciales consumidores de ansiolíticos y antidepresivos que engordan las cuentas de las farmacéuticas sin terminar de encontrar una salida a su angustia. Y, por último, también debería explicarle que, aun así, mientras de él dependa, el Gobierno andaluz se encargará de frustrarle tan noble empeño. A sus doce años.