El oscurantismo de las prisiones: ¿esto es España o Venezuela?

Estimados Sres. Zoido y Nieto, ex alcaldes de Sevilla y de Córdoba:

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía queremos desearles una legislatura de éxito en los DDHH, en cuya gobernanza confiamos en que prioricen, por encima de todo, el respeto a estos derechos.

Estamos totalmente seguros que comparten con nosotros la inquietud de que en otros países se impida que organizaciones de Derechos Humanos, el defensor del pueblo, los medios de comunicación e incluso los partidos de la oposición puedan ejercer su labor de defensa, vigilancia o comunicación con las prisiones.

Se han manifestado reiteradamente sobre Venezuela, denunciando que se impida el acceso a delegaciones de observación en prisión, se imponga el silencio a los medios de comunicación y se limite el acceso de la oposición a las cárceles.

Seguramente por desconocimiento o porque solo vean la paja en el ojo ajeno o por motivos más espurios, se les olvida que todos estos sucesos están ocurriendo también en su querida España. Nuestra Asociación fue expulsada de las prisiones de Córdoba, primero, y de Granada, más recientemente, por ejercer la labor de defensa de los DDHH, a la que se dedica desde hace más de 25 años, y por la que, además, había sido declarada de utilidad pública. El Defensor del Pueblo estatal, ante la queja interpuesta por la expulsión de Granada, estimó la misma en enero de 2017, formulando dos recomendaciones a su Ministerio, en el sentido de que lejos de expulsar, permitan el acceso de la sociedad a las prisiones y subrayando que es preciso “intensificar la colaboración de asociaciones ciudadanas”.

Por otro lado, aún más memorable si cabe, es que en la prisión de Córdoba, en marzo de 2015, se impidiera al Defensor del Pueblo andaluz ejercer las funciones que les fueron encomendadas legalmente y que venía realizando desde el año 1984. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Pues no lo sabemos, porque tras anunciar esta asociación el inicio de acciones judiciales reconsideraron dicha posición. ¿Pero oiga, cómo se les ocurre, primero limitar y después a la primera de cambio recular? Algo tan cutre… ¿era por si colaba?

Más recientemente, han decidido etiquetar a los periodistas como peligrosos. Eso que en Venezuela tanto les molesta. Son los únicos profesionales, a diferencia de abogados, notarios, ministros de culto, médicos…, que para acudir a prisión, deben ser sometidos a aprobación previa en función del tema de la entrevista. Ante ello, la Asociación de Prensa de Sevilla y esta entidad, hemos denunciado que se trata de un caso evidente de censura y apagón informativo. Pero además, ¿qué sentido tiene? La persona presa y el/la periodista pueden afirmar que van a hablar de una cosa y después hacerlo de otra. ¿Piensan tal vez estar presentes durante la entrevista? El único límite que puede existir a una comunicación, es el del interés informativo y el que decida la persona presa y el/la profesional del periodismo. De comunicar algo ilegal deberán enfrentarse, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, a posibles responsabilidades.

Finalmente, le recordamos las quejas por el hecho de que las visitas que realizan parlamentarios, congresistas o senadores, si se autorizan, son limitadas y sesgadas.

Esta limitación a entidades de DDHH, periodistas o políticos de la oposición no es exclusiva de prisiones andaluzas, pues se ha extendido fuera de la geografía andaluza, y no solo para los centros penitenciarios, sino también para los Centros de Internamiento de Extranjeros. Les recuerdo, por si se les ha olvidado, que están siendo constantes las resoluciones judiciales que estiman quejas de calado sobre la situación de los DDHH en los CIES.

En confianza les decimos, que cuando no existe transparencia ni se permiten los controles externos, algo que ustedes exigen para otros Estados, no es extraño que alguien pueda pensar que están ocultando algo.