Durante los últimos meses, los telediarios han abierto diariamente con la imagen de cientos de personas que son trasladadas en embarcaciones de Salvamento Marítimo hasta las costas españolas; los titulares de los periódicos han hablado de desbordamiento en la acogida, y varias asociaciones y colectivos sociales hemos denunciado la escandalosa falta de medios para atender correctamente a la gente que llegaba por vía marítima en busca de un futuro digno en suelo europeo. Estas imágenes han generado una inmensa preocupación en gran parte de la población española, que observa con impotencia la supuesta imposibilidad de acoger a miles de personas que llegan sin recursos a un país que ya se encuentra fuertemente sacudido por una crisis económica.
No obstante, las enormes deficiencias que venimos observando en la gestión de la acogida no son consecuencia de la falta de medios disponibles (existen partidas económicas específicas que se deberían destinar a este fin), sino de la absoluta falta de preparación para una situación totalmente previsible y anunciada por las entidades sociales: desde septiembre de 2017 -hace ya un año- numerosas entidades sociales venimos alertando del probable incremento de llegadas, ya que, debido al cierre de las fronteras italianas, los flujos migratorios se están desviando hacia el Mediterráneo Occidental. Durante todos estos meses hemos sido testigos de cómo las distintas administraciones responsables caen en una total improvisación y tratan la situación como si fuera un desastre natural inesperado sólo abordable a través de excepcionales medidas de emergencia, en lugar de buscar soluciones duraderas que garanticen una acogida digna.
De forma paralela, los discursos en materia de inmigración se han endurecido de forma preocupante. A pesar de que distintas organizaciones publican informes que demuestran con datos objetivos que el número de personas extranjeras es muy inferior al de años precedentes, se ha propagado la idea de que el sistema de protección está al borde del colapso a causa de la inmigración. Asimismo, aunque no exista ninguna evidencia que lo demuestre, cada vez parecen cobrar mayor fuerza los rumores que aseguran que los migrantes rescatados en el mar reciben cuantiosas ayudas que les son negadas a las personas autóctonas.
Los últimos acontecimientos en el plano político nos llevan a concluir que ni las deficiencias en la gestión ni el endurecimiento de los discursos en materia de inmigración son fruto de la casualidad, sino parte de una estrategia para justificar medidas más restrictivas hacia la población migrante. Ya nada queda de la acogida del Acquarius, esa supuesta declaración de intenciones con la que el recién estrenado gobierno de Sánchez parecía anunciar un vuelco radical en la política migratoria: no habían pasado ni dos semanas de la llegada del barco al puerto de Valencia cuando el Consejo de Europa se reunía para tratar de sacudirse toda responsabilidad, proponiendo que los centros de acogida se establecieran -a cambio de una jugosa retribución económica- en suelo africano.
Posteriores encuentros del gobierno español con los mandatarios de Marruecos y Alemania durante los meses de julio y agosto han servido para concretar acuerdos cuya finalidad última también parece ser la externalización de la gestión de la migración. En efecto, el gobierno español desempolvó hace pocas semanas un viejo acuerdo con Marruecos para efectuar la devolución exprés de 116 personas. Pocos días después, también el gobierno andaluz -responsable de amparar y tutelar a los menores no acompañados que se encuentran en su territorio- planteaba la necesidad de devolver a estos menores a suelo marroquí. Y todo ello en un momento en que Marruecos ha incrementado enormemente la violencia policial hacia las personas migrantes subsaharianas.
Ya desde hace años, distintos países miembros de la Unión Europea condicionan la ayuda al desarrollo que dan a los países de tránsito -aquellos que las personas migrantes se ven obligadas a cruzar para llegar a la frontera europea-, obligándoles a colaborar en la contención de los flujos migratorios. Así, para poder acceder a fondos de desarrollo, estos países se convierten en gendarmes de Europa. Es evidente que la gran apuesta de la Unión Europea y de España para los próximos años es mantener y fortalecer esa línea, llevando a cabo expulsiones masivas y dejando en manos de terceros países (algunos de los cuales violan sistemáticamente los Derechos Humanos) el blindaje de las fronteras.
Pero los gobiernos europeos no sólo se desentienden del destino de estas personas en situación de gran vulnerabilidad a través de acuerdos de devolución y control fronterizo, sino que, para justificar estas actuaciones incompatibles con el Estado de Derecho, tienen que argumentar que estas personas son una amenaza potencial para la población europea. Así, consideramos que es sumamente preocupante que el gobierno español justifique la última expulsión colectiva criminalizando a las personas expulsadas, aunque no exista ninguna evidencia que relacione a los migrantes devueltos con actos violentos contra las fuerzas de seguridad españolas en el salto de la valla fronteriza. Las consecuencias de estas declaraciones son impredecibles porque caen en una opinión pública angustiada por una situación supuestamente colapsada y pueden dar pie a reacciones violentas hacia personas extranjeras residentes en el país.
Desde la Red Granadina por el Refugio y la Acogida (Redgra) queremos manifestar nuestra preocupación por esta estrategia de manipulación de la opinión pública, que sirve para justificar medidas más restrictivas e incluso el atropello de derechos: dando la impresión de que no es posible gestionar el colapso por una supuesta avalancha y mostrando a los migrantes como agresivos y amenazantes es más fácil digerir los atropellos que lleva a cabo nuestro gobierno.
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