El pasado 1 de julio, y tras varios meses de negociación, el Gobierno y los agentes sociales alcanzaban un nuevo acuerdo. En esta ocasión, sobre pensiones, en concordancia con lo establecido en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Se aprueba un paquete de medidas encaminadas a mejorar nuestro sistema público de pensiones, garantizar la sostenibilidad financiera y transmitir certidumbre y confianza entre pensionistas y trabajadores.
La importancia de este acuerdo, el décimo en lo que va de legislatura, es crucial, teniendo en cuenta que desde 2011 no se adoptan de manera consensuada modificaciones con respecto al sistema público de pensiones, ya que las introducidas en 2013 por el Partido Popular fueron de manera unilateral, sin pasar por la Comisión del Pacto de Toledo, sin acordarse en la mesa de diálogo social y que fue tan nefasta que ni el propio Partido Popular sostuvo.
Hay que tener en cuenta que el Índice de Revalorización de Pensiones que el Gobierno de Rajoy estableció llevó consigo que las pensiones tuvieran una pírrica subida del 0,25%, una circunstancia que en varias ocasiones provocó la devaluación de las pensiones y que los pensionistas perdieran poder adquisitivo. Ante el escaso respaldo social, las protestas de los pensionistas y las presiones políticas se vieron obligados a dejar de aplicar este índice y a prorrogar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
La nueva fórmula fija un mecanismo estable de revalorización que incrementará las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior.
Con el nuevo acuerdo sobre pensiones, se garantiza, mediante Ley e independientemente del gobierno de turno, el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas, ya que la nueva fórmula fija un mecanismo estable de revalorización que incrementará las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones no sufrían disminución ni alteración.
Con la finalidad de garantizar la viabilidad financiera del sistema, se plantean medidas paramétricas con la intención de actuar sobre el acceso a la pensión de jubilación a través de fórmulas voluntarias y más equitativas que favorezcan un progresivo alineamiento de la edad efectiva y de la edad ordinaria de jubilación como vía para reforzar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo, teniendo en cuenta que en pocos años empezarán a acceder a la jubilación los integrantes de la generación de los baby boomers (la mayor generación de nuestra historia).
Otro de los objetivos es prolongar, de manera voluntaria e incentivadora, la edad activa del trabajador, aumentando los porcentajes adicionales en la jubilación demorada o a través del percibo de una cantidad a tanto alzado, y contemplando la prohibición de cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador a una edad inferior a los sesenta y ocho años.
Respecto al equilibrio presupuestario del sistema de pensiones, en el acuerdo se contempla que el Estado aportará a la Seguridad Social los recursos que sean necesarios para garantizar el pago de las pensiones y se hace cargo, todos los años, de los gastos indebidamente pagados por la Seguridad Social que generaban un déficit en la misma.
Con objeto de mejorar y reforzar el sistema de protección del régimen de trabajadores autónomos y su financiación, se acuerda establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente, con una implantación gradual durante nueve años a partir de 2023.
Otras de las cuestiones que se contemplan son la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (que operará a partir de 2027 y que está aún por concretar y acordar), la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, la revisión de la pensión de viudedad de las parejas de hecho y la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado.
Al igual que sucede en las sociedades más modernas y avanzadas, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, se caracteriza y distingue por la institucionalización del diálogo social entre la administración pública y los agentes económicos y sociales
El acuerdo alcanzado, en el marco del diálogo social con los agentes sociales, demuestra la capacidad de negociación y de lograr compromisos del Gobierno progresista de Pedro Sánchez que contrasta con los modos autoritarios practicados por Mariano Rajoy, quien de manera unilateral, sin diálogo social y haciendo uso de su mayoría absoluta, aprobó una lesiva reforma laboral y de pensiones.
Al igual que sucede en las sociedades más modernas y avanzadas, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, se caracteriza y distingue por la institucionalización del diálogo social entre la administración pública y los agentes económicos y sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, como método de trabajo y de alianza, con la finalidad de alcanzar acuerdos de Estado que introducen modificaciones de gran calado. Este método de trabajo se ha llevado a cabo en relación a los acuerdos sobre el estado de alarma, sobre las medidas económicas y laborales durante la pandemia (ERTEs, prestaciones autónomos, etc.), sobre los indultos y, en esta ocasión, sobre la reforma del sistema público de pensiones.
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