En una situación como la actual, en la que todo parece menos importante que la emergencia sanitaria y sus consecuencias, no podemos dejar de atender a la realidad social que subsiste más allá de esa urgencia.
Si la situación de confinamiento ha trastocado nuestras vidas de manera radical, qué decir de la de niños y niñas, obligados a quedarse en casa, bajo la custodia de sus padres y madres, que tienen que compaginar su propio trabajo con las tareas escolares y el cuidado de los hijos durante las 24 horas del día. Y en el peor de los casos esto se agudiza cuando en las familias la realidad del paro se hace insufrible y añade mas dificultades. Niños y niñas que no acuden a los centros escolares en los que, durante unas horas al día, las diferencias de partida se atenúan porque en el colegio todos los niños son iguales. O al menos, un poco más iguales.
Estamos en una situación excepcional y así tienen que ser las medidas adoptadas. El derecho a la educación sigue vigente y no caben excusas. Sin embargo, la realidad no se acomoda fácilmente al cumplimiento de esta obligación de los poderes públicos. En pocos días, los docentes han tenido que organizar las aulas para que el alumnado siga trabajando en casa, preparando tareas y buscando vías eficaces de comunicación con las familias. El diagnóstico es claro, a pesar de la buena voluntad de los docentes: el sistema educativo andaluz no está suficientemente preparado para la educación no presencial y la Consejería competente ha actuado como si esta situación no fuera de su competencia y se pudiera resolver con la puesta en marcha de herramientas de difícil manejo, dejando toda la responsabilidad a los centros educativos y a su profesorado.
Pero el cierre de los centros docentes de educación básica nos ha colocado ante una realidad que no por conocida deja de ser durísima. El 38% de los niños y niñas andaluces están al borde de la pobreza, en riesgo de exclusión social y a pesar de las medidas compensatorias que se realizan en la escuela pública, esta situación es muy difícil de revertir; de manera que en Andalucía, nacer pobre significa seguir siendo pobre en la edad adulta. Sabemos que las medidas sociales implementadas durante años palían la situación de emergencia pero no son suficientes para revertirla. El ascensor social no funciona en Andalucía.
La situación de confinamiento no hace más que agravar algo que sabíamos. La pobreza coloca a muchos niños y niñas en una situación de mayor desigualdad en cuanto a la atención educativa que resulta infranqueable. Por mucho que el profesorado prepare materiales o use plataformas virtuales, una parte del alumnado no puede seguirla porque no tiene acceso a los canales de comunicación necesarios para ello, o en casa no hay quien pueda ayudarle o no cuentan con las condiciones necesarias de comodidad y tranquilidad para poder concentrarse y estudiar. Hay situaciones en las que la supervivencia diaria es casi la única preocupación y el estudio se ve como una inversión demasiado a la larga.
La pandemia que nos está golpeando no justifica que miremos hacia otro lado. Es posible implementar medidas que compensen la situación para ahora y en lo sucesivo, aportando personal y recursos materiales que permitan recuperar físicamente el tiempo de confinamiento. No se trata de proporcionar al alumnado más contenido y más tareas mecánicas. Se trata de recuperar el sentimiento de pertenencia a la escuela como espacio educativo global, en el que las diferencias se diluyen.
Es un reto que nos puede permitir compensar parte de los recursos que durante años se han ido perdiendo en el sistema educativo y que lo ha convertido en un espacio en riesgo. La debilidad mostrada por las escasas medidas tomadas por la Consejería de Educación en este tiempo requiere un cambio de orientación. Ahora es más importante reforzar el sistema educativo público con recursos de todo tipo, porque es evidente que solo un sistema educativo público fuerte podrá ser capaz de dar respuestas adecuadas a los retos derivados de la actual situación. Ahora más que nunca hay que elevar la inversión educativa al 5% del PIB andaluz.
Sería necesario poner en marcha un proceso de cambio que dé respuesta a una escuela más comunicativa, donde el intercambio en la comunidad educativa –Administración, centros y familias- formara parte de la escuela del siglo XXI. Se debe abordar un cambio de paradigma educativo que haga natural la comunicación a todos los niveles, introduciendo la cultura de la comunicación como base del proceso educativo en una escuela verdaderamente inclusiva.
En Andalucía hay un potencial importante de innovación y de recursos que, debidamente organizados y coordinados, podrían facilitar los cambios que necesitamos. Ejemplos como la pasada Escuela TIC traídos a la situación actual, que permitiera el acceso a los medios tecnológicos a la totalidad del alumnado, utilizando la larga experiencia andaluza de uso de software libre, desarrollando todo tipo de herramientas abiertas y de uso común y diario en los centros educativos. Pero, todo ello no servirá de nada si no afrontamos las diferencias de base que soporta el alumnado, utilizando estas nuevas estrategias para reducirlas, no para aumentar la brecha de desigualdad. Todas estas barreras previas deberían ser superadas para cumplir con el mandato constitucional. Una sociedad del siglo XXI necesita una escuela del siglo XXI, una escuela que no deje a nadie atrás. Ni con pandemia, ni sin ella.
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