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Sin permiso para el olvido: entierro de dos mineros asesinados en 1938 por la represión franquista

Entierro en Osuna de dos mineros onubenses asesinados por la represión franquista.

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Sólo Andalucía y País Vasco mantienen subvenciones de Memoria Histórica

Sólo Andalucía y País Vasco mantienen subvenciones de Memoria Histórica

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“Ningún represaliado nos dio permiso para olvidar”, se oyó en la necrópolis. Como Emilio y José María, dos mineros onubenses asesinados por la represión franquista en 1938 e inhumados, 75 años después, en el cementerio municipal de Osuna (Sevilla). Fueron apresados en la aldea sevillana de El Álamo (pedanía de El Madroño), luego muertos a tiros y arrojados a una fosa común. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exhumó sus restos a finales del año 2011.

Nicomedes Emilio Fernández Rubiano y José María Martín García, naturales de Nerva (Huelva) y trabajadores de la Rio Tinto Minera Company Limited, tenían 34 y 28 años, respectivamente, el día de su asesinato. Su ‘delito’, una vida salpicada de implicación política y sindical. Pensaron, quizás, que la cercana sierra Norte de Sevilla ofrecía una escarpada posibilidad de huida ante la persecución de los golpistas. No tenían las manos "manchadas de sangre" y, finalmente, se entregaron. Nada ni nadie impidió, sin embargo, que cayeran un 10 de febrero del 1938 en la matanza fundacional del franquismo en el sur de España.

Dolor y memoria, sin fecha de caducidad

Nunca tuvieron juicio ni sentencia, acusación o posibilidad de defensa. Sí, no obstante, el compromiso de sus familias por rescatarlos. Un débito sostenido pese a las décadas transcurridas con el apoyo del movimiento memorialista y sin colaboración, en cambio, de las instituciones públicas. El sepelio –cerca de donde el antiguo sepulturero indica que hay unas siete fosas con unos 400 asesinados de la comarca de Osuna– hizo patente que el dolor no tiene fecha de caducidad. La memoria, tampoco.

"Se trata de una historia aislada más, pero sumadas hasta hacer 114.000 casos de desaparecidos se convierte en un problema de Estado", asevera el vicepresidente de la ARMH –coordinadora del proceso de exhumación–, Marco Antonio González. La desatención crónica a "una cuestión de Derechos Humanos", ejemplificada en la eliminación de subvenciones –sólo mantenidas en Andalucía y País Vasco–, hace que sean “unos 6.000 cuerpos” los rescatados de fosas a nivel nacional en los últimos años.

"España es una gran fosa común"

"Cerrando el grifo no se va a acabar con este movimiento, las dificultades nos hacen más fuertes todavía". Así, a finales de este mes la ARMH comienza una nueva prospección arqueológica en una fosa común en Alcalá del Valle (Cádiz). "España es una gran fosa común" y, a este paso, sentencia Marco González, "les dejaremos esta herencia a nuestros nietos".

El trabajo de búsqueda de verdad y reparación tuvo en este caso un sostén principal en las hermanas de uno de los mineros. El hijo de la más pequeña, Santiago Fernández, recogió el testigo de su madre, Hipólita, que murió sin que pudiera darle un entierro digno a su hermano Emilio. Para cerrar, así, un círculo con la sepultura conjunta de estos hermanos, separados de manera trágica por la barbarie fascista en plena guerra civil española y que ahora reposan en un mismo nicho.

"Un duelo que nuestra madre no pudo hacer"

"Tenemos la tranquilidad de poder realizar un duelo que nuestra madre no pudo hacer", cuenta Santiago. Sus ojos cargados de lágrimas, su expresión feliz y compungida a un tiempo, confiesan mucho más que tan sólo descanso. Quizás una meta, un deber cumplido que alimenta otros. "La búsqueda de nuestro tío Benito –asesinado y enterrado en una fosa común en Nerva, donde puede haber otros 500 represaliados más– cobrará ahora más intensidad”, revela. No esperan una ayuda institucional que tampoco han tenido hasta ahora.

Las familias, además, denunciarán estos crímenes tipificados de lesa humanidad por el derecho internacional, imprescriptibles por tanto en contradicción con la Ley de Amnistía de 1978. Lo harán en los próximos días, a través de la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina (PAz), para su inclusión en el proceso abierto contra el franquismo en el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, cuya titular es la juez María Servini de Cubría.

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Publicado el
21 de octubre de 2013 - 11:31 h

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