La Policía Local pide coches patrulla y el Ayuntamiento de Cartaya compra cuerdas y herramientas
La Policía Local de Cartaya, municipio que roza en su padrón los 18.000 habitantes, lleva un mes reivindicando una serie de mejoras para el cuerpo pero, a cambio, el Ayuntamiento, gobernado por una coalicióin Independientes-PP-PA, le ha comprado a los agentes una serie de herramientas, entre las que se encuentran un martillo y unas tenazas, lo que ha sido calificado por los agentes como “una burla”.
Tras un mes de conflicto, que el alcalde, Juan Polo (Independiente), asegura que se debe “solo a motivos económicos”. Este es el material que han recibido los policías, una situación que el sindicato CSIF califica de “irrisoria y vergonzosa”.
La Central Sindical considera “una falta de consideración y un menosprecio al trabajo de los agentes” que la corporación haya adquirido un martillo, tenazas, una segueta, alicantes y un rollo de cuerda ante las denuncias que viene realizando este colectivo por las “graves carencias e irregularidades” en las dotaciones. “No se están tomando en serio nuestras reivindicaciones centradas en la necesidad de contar con medios que cumplan la legalidad para poder
desempeñar nuestro trabajo de manera digna y garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud“, explican fuentes del sindicato, que convoca regularmente concentraciones a las diez de la mañana en la puerta principal del Ayuntamiento. En la última, acusaron al alcalde de ”orquestar una campaña de desprestigio contra la Policía Local mintiendo sobre las peticiones de este colectivo“.
Juan Polo, por su parte, ha escenificado la respuesta municipal en las nuevas instalaciones de la Policía Local, un edificio nuevo de dos plantas que enseñó a la prensa antes de dirigirse a ella para asegurar que “la Policía Local no cuenta ni con peores ni con menos medios de los que tenía cuando comenzó la legislatura; es más, ahora cuenta con un nuevo edificio, moderno, funcional, que duplica el espacio del anterior y que supone una mejora considerable con respecto al que tenían cuando llegó este Equipo de Gobierno”. En los últimos meses, insiste, “hemos ido dando respuesta a algunas de sus demandas de medios, con nuevos uniformes y armeros, que simplemente debido a la situación económica del Consistorio no habían podido satisfacerse, muchas de ellas carencias que se arrastraban incluso desde los tiempos en los que este Ayuntamiento tenía bonanza económica”.
De hecho, sostiene que en breve llegará un nuevo vehículo para el uso de los agentes, y sostiene que “algunas de las reivindicaciones se caen por su propio peso, ya que, por ejemplo en el caso de las armas, son las herramientas de trabajo de los agentes y son ellos los que deben velar porque se cumplan las revisiones de las licencias en tiempo y forma. Tampoco me parece lógico que sea el alcalde, que las firma una vez cada tres años, quien tenga que recordar los plazos”. Añade al respecto que “es una auténtica casualidad que se acuerden de que no pasaron la última revisión, casi un año después, y saquen el tema a relucir cuando no hay acuerdo económico con el Consistorio”.
Vuelta la pelota al tejado del sindicato, éste asegura que “las demandas de la plantilla no tienen ninguna vinculación con temas salariales, y tanto en las demandas como en las protestas sólo se alude a la falta de medios y al incumplimiento de la legalidad de las dotaciones, y en ningún momento se ha pedido ningún tipo de recurso económico”.
CSIF asegura, por ello, que el primer edil “está echando balones fuera, no asume su responsabilidad e intenta desacreditar a los agentes con ataques personales y el argumento fácil de acusarlos de pedir subidas de sueldo en vez de proporcionarles los medios necesarios para desempeñar su trabajo y garantizar, así, la seguridad de los ciudadanos que en los últimos meses están sufriendo una oleada de robos con fuerza en sus vehículos”.
Agentes amordazados
Una situación que ha hecho que los agentes agudicen el ingenio a la hora de poner sobre la mesa sus quejas, hasta tal punto de que acudieron amordazados al último Pleno municipal, donde escenificaron el enfado que tienen con el equipo de Gobierno, sobre todo porque “se menosprecian las demandas de los agentes comprando cuerda y herramientas cuando la verdadera gravedad de la situación es que no tenemos coches patrulla, no contamos con armero que cumpla la ley (a día de hoy las pistolas y la munición siguen en buzones de correo), los uniformes no se renuevan en su totalidad desde hace años, la antigüedad de la uniformidad de motorista -guantes, cascos, botas y protecciones- pone en riesgo la seguridad e integridad física de los agentes que son obligados a utilizar las motocicletas con más de 14 años, no tenemos el equipo básico reglamentario, no ofrecen la posibilidad de realizar prácticas de tiro obligatorias y se incumple la normativa de prevención de riesgos laborales tanto en la Jefatura como en los reconocimientos médicos de los agentes”.
Polo, sin embargo, vuelve al matiz económico, y emplaza a los representantes sindicales del colectivo a “dejar de mentir a los ciudadanos sobre materias tan importantes y delicadas como la seguridad ciudadana, que no corre peligro en la localidad, y a informar de los verdaderos motivos que dificultan la falta de acuerdo”. Así, y según detalla, “durante años sólo la relación de horas extraordinarias de la Policía Local de Cartaya se ha ido hasta cerca de los 300.000 euros por año, esto implica que cada agente ha cobrado unos 10.000 euros de sobresueldo anual solo por concepto de horas extra. Un turno de 8 horas extras de un policía cuesta al Ayuntamiento, y por tanto, a los ciudadanos, casi 400 euros; si además coincide con los días señalados como festivos según su convenio, cada hora extra se paga a razón de 50 euros por agente”.
Por ello, añade, “si alguien piensa que el Ayuntamiento, con la deuda de 45 millones de euros que arrastra, puede permitirse pagar estas cantidades, se equivoca totalmente, además por una cuestión de responsabilidad hacia los ciudadanos que son, al fin y al cabo, los que pagan con sus impuestos y son ante quienes tenemos que rendir cuentas”.
Mientras las partes se aclaran, todas las deficiencias, junto a otras muchas que ha venido denunciado el sindicato, siguen su curso ante la Subdelegación del Gobierno, la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía. En este último caso, CSIF recuerda que el alcalde desde que entró a gobernar está contratando a empresas de seguridad privada externas al Ayuntamiento para realizar funciones propias de la Policía Local y cubrir eventos como la feria de Cartaya y de El Rompido o la romería, lo que podría constituir un presunto delito de usurpación de funciones.
