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Una mujer en exclusión social fue utilizada por el Puerto de Benalmádena para aparentar competencia pública

Según un informe del interventor, la mujer, usuaria del comedor social y desalojada de su vivienda, habría sido utilizada por "con o sin su conocimiento" para revestir de apariencia de legalidad un concurso público

El interventor documenta vínculos entre las irregularidades en la contratación del Puerto y las cuentas del comedor social, investigadas desde hace dos años

El canon del tren turístico fue ingresado en la cuenta del comedor, gestionado por un cuñado de Francisco Salido, consejero delegado del Puerto y concejal de asuntos sociales

Puerto deportivo de Benalmádena /Foto: Puerto

Puerto deportivo de Benalmádena /Foto: Puerto

El interventor de Benalmádena ha detectado llamativas conexiones entre las cuentas del Puerto Deportivo y el comedor social, sobre cuya gestión existe una investigación abierta por parte de un juzgado de Torremolinos. Según el informe especial del interventor, emitido por el posible fraude de contratación en el Puerto, una mujer en situación de exclusión social y atendida por el comedor presentó ofertas para la sustitución de pavimentos y aceras en el Puerto. La mujer habría sido utilizada por Francisco Salido "con o sin su conocimiento" para dar apariencia de competencia en ese concurso público. Salido, de UCB, fue desde 2011 hasta su cese, en noviembre de 2014, consejero delegado del puerto y también concejal de Asuntos Sociales. 

La mujer, B., había acudido a los servicios sociales comunitarios solicitando ayuda económica y orientación porque no sabía cómo disolver una empresa en la que figuraba como administradora única y de la que decía ser empresaria forzosa, sin sueldo ni beneficios. La Delegación de Bienestar Social, por entonces dirigida por Francisco Salido, le abrió entonces un expediente como "unidad familiar en situación de exclusión social".

Durante los meses siguientes B. acudió con frecuencia al comedor social y llegó a sufrir el desalojo de su vivienda. Sin embargo, diez meses después de acudir por primera vez a los servicios sociales presentó una oferta por unas obras valoradas en unos 50.000 euros a través de la empresa de la que era administradora, y de la que quería "huir", según asegura el interventor a partir de un informe de los servicios sociales.

El interventor cree que Salido, que compatibilizaba su cargo como consejero delegado del Puerto y concejal de asuntos sociales, utilizó "con o sin su conocimiento" a B. para presentar una oferta con la que revestir de aparente competencia un procedimiento negociado sin publicidad previamente amañado.

El informe pone en duda la veracidad no sólo de la oferta presentada por B. (sin firmar ni sellar y con fecha posterior al acuerdo de adjudicación), sino de la tercera oferta en el procedimiento, basada en un presupuesto en el que ni se consignaba correctamente el nombre de la propia empresa ni contenía el nombre del firmante. El interventor cree que el logotipo con el que se acompañaba el presupuesto se incorporó "ad hoc", y sospecha de la veracidad de la firma del pretendido administrador.

Todas estas irregularidades tendrían la finalidad de aparentar competencia donde no la había. El contrato fue adjudicado finalmente por 47.548,40 euros a una empresa de Miguel Sánchez-Infante, cuyo grupo empresarial se embolsó el 46,80% de lo que adjudicó el Puerto en el periodo 2011-2015, más de dos millones de euros.

Posible desvío de ingresos del Puerto al comedor social

El interventor también sospecha que Salido utilizó su doble condición de consejero delegado del Puerto y concejal de asuntos sociales para desviar ingresos del Puerto a las cuentas de la asociación que gestionaba el comedor social. De esta forma, la sociedad que explotaba el tren turístico del puerto transfirió 8.000 euros a la cuenta del comedor, pese a que debían haber sido ingresados al Puerto a cuenta del canon anual por la explotación del trenecito.

El Puerto no había facturado en tiempo y forma el canon de 2011 y no tenía autorización para hacerlo porque la Agencia Pública de Puertos de Andalucía estaba verificando los niveles de ruido. Ante este problema, y según relató por escrito el gerente de la empresa que explotaba el tren, el gerente del Puerto, José Manuel López Merino, y el consejero delegado, Francisco Salido, le propusieron realizar el pago ingresando 8.000 euros en la cuenta del comedor social, con el concepto "compra de maquinaria" y compensar los restantes 3.200 del canon con unos daños de los que el Puerto era responsable.

El juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos investiga la gestión del comedor social desde hace dos años y ha imputado a Salido, su cuñado (secretario del comedor) y otras cuatro personas por malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos públicos y fraude de ayudas y subvenciones públicas. En este procedimiento el juez trata de aclarar en qué se gastaron 262.500 euros ingresados por el comedor en concepto de subvenciones que, según el informe definitivo del Interventor General del Ayuntamiento emitido en agosto de 2014, no están debidamente justificados. No existía libro de actas y la contabilidad se llevaba "manualmente", según alegó en su día el Presidente de la Asociación.

Informe especial

Las conclusiones respecto a la contratación en el Puerto forman parte de un informe especial remitido a Fiscalía ante las sospechas de fraude durante el periodo 2011-2015. Según el interventor, Salido y López Merino establecieron un sistema orientado a favorecer a tres empresarios, que habrían facturado al puerto casi tres millones de euros en algo más de tres años, el 66,19% de los contratos relevantes.

El principal beneficiado llegó a constituir una asociación de empresarios en Benalmádena, que editó una revista por un breve periodo de tiempo. Su primer número abría con el titular "Contra la crisis: imaginación" y contenía un reportaje sobre los "precios, ofertas y servicios muy atractivos" que ofrecía "ahora" el Puerto Deportivo.

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