El sumario de los ERE fraudulentos suma cinco imputados más, y ya van 57

Notificado a las partes el levantamiento del secreto del sumario del caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, nuevas informaciones llegan de la instrucción que lleva a cabo la jueza Mercedes Alaya. Y las informaciones hablan de nuevas imputaciones, cinco más en concreto a sumar a las 52 que la jueza refiere en cada una de las carátulas de los 51 tomos hoy conocidos con detalle, de pormenores de las declaraciones de los investigados. Como la del chófer del exdirector director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que apunta al que fuera consejero de la Presidencia y actual secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías.

La jueza ha imputado a otras cinco personas en la causa. La petición vino por parte de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de abril, en un escrito en el que pidió la imputación de 18 personas más. Finalmente, según un auto del 14 de mayo, Alaya decide imputar a cinco personas más, entre ellas otros tres exdirectivos de la mediadora Vitalia (Antonio Diéguez Viera, Beatriz Núñez Muñoz, María Ascensión de la Cruz Antona, María Luisa Rodríguez Márquez, Gemma Fátima Rodríguez Márquez).

El ex chófer menciona a Zarrías

La jueza considera que las actuaciones de estos nuevos imputados podrían haber beneficiado al supuesto 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas, y al citado Francisco Javier Guerrero, imputándoles “entre otros y según los casos”, delitos de malversación, cohecho, asociación ilícita, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y dos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento mercantil.

Por otro lado, y según consta en la declaración ampliatoria de Juan Francisco Trujillo, que se produjo sólo dos días después de la 'Operación Heracles' pero que ha trascendido hoy tras siete meses de secreto de las actuaciones, y a la que tuvo acceso eldiario.es/andalucia, a preguntas de su propio abogado el exchóger de Guerrero respondió que tenía conocimiento que “Gaspar Zarrías llamó en varias ocasiones a Guerrero para incluir a personas en prejubilaciones”, si bien no recordaba “el nombre de los intrusos señalados por Zarrías” porque “fue un comentario que le hizo Guerrero y nada más”, según respondió posteriormente a preguntas del fiscal.

También consta en la declaración del exchófer, actualmente en libertad con cargos, “que sabe que el señor Guerrero se reunió con el señor Griñán, que era consejero de Economía y Hacienda, y también con el Secretario de Hacienda o el Secretario de Economía, para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas”. “En mi vida me he reunido con el señor Guerrero y nunca ha sido director general mío”, ha enfatizado el presidente andaluz en Madrid, cuestionado en este punto.

Según su declaración, Trujillo tuvo conocimiento de “llamadas de Griñán al señor Guerrero, por comentarios que éste le ha hecho, de que llamaba para interesarse por el tema y Guerrero le decía que tenían que ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos”.

En este sentido, un atestado del pasado 12 de marzo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alude a la “posible” relación del presunto 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas, con Gaspar Zarrías, aunque la Benemérita concluido que “es de difícil definición, ya que únicamente podría basarse en lo apuntado en sus manifestaciones por los distintos investigados, quienes a juicio policial no aportan elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando meras conjeturas carentes o escasas de validez”.

La Junta pide la ampliación la imputación del hermano de un expresidente

Por otra parte, y según informa EFE, los letrados de la Junta de Andalucía han pedido a la jueza que amplíe la imputación de Francisco Javier Guerrero y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, por posibles irregularidades en nuevas ayudas. En sus escritos aportan datos “que podrían ser de interés para la investigación por las personas que ocupan los cargos de administración en las sociedades, el procedimiento de concesión de las subvenciones y las especialidades del pago”.

Los letrados de la Junta piden que se amplíe la imputación a Guerrero por una ayuda de 430.000 euros concedida en 2003 a una casa rural de Constantina (Sevilla) pero endosada a una cuenta que “resultó ser beneficiaria de una gran cantidad de endosos de ayudas concedidas a diferentes empresas por el entonces director general de Trabajo con cargo a la partida 31L”.

Respecto a Ángel Rodríguez de la Borbolla, los representantes de la Junta indican que en 2006 recibió una ayuda de 1,2 millones de euros para su empresa Enoworld pero la actividad a subvencionar era “idéntica a la que consta en los expedientes de Uprasa y Electron Service Line”, negocios también propiedad del empresario.

Investigado el patrimonio de altos cargos

Asimismo, según un auto dictado el 15 de noviembre de 2012, informa Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 6 acordó investigar la situación económico-financiera del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y del exparlamentario socialista Ramón Díaz.

“Siguiendo el flujo de este dinero, se vislumbra cómo las propias mediadoras, con la colaboración de un despacho de abogados, distraerían estas sobrecomisiones utilizando empresas instrumentales y personas físicas a modo de 'testaferros', alejando la procedencia de este dinero de su entorno económico, para posteriormente y a través de distintas operaciones financieras, reintegrarlo de nuevo hacia su propio patrimonio”, concluía en noviembre la Guardia Civil.

A su juicio, parte de este dinero, “y siguiendo el mismo sistema, también habría retornado a las propias autoridades administrativas encargadas de la concesión de las ayudas públicas”, mientras que “también se han detectado pagos directos de importantes cantidades de dinero desde las empresas que reciben las ayudas concedidas por la Junta al entramado utilizado para ocultar el destino real de las subvenciones y que serviría para el enriquecimiento ilícito de aquellas personas que participan en su tramitación”.