El caso de los ERE vuelve a escena
Ha pasado sólo una semana desde que trascendiera púbicamente que al menos una de las partes imputada en el caso de los ERE pidiera a Mercedes Alaya, o dejara caer bastante esplícitamente, que levantara el “teórico secreto de las actuaciones”. Argumentaba este abogado “instrumentalización” y “flagrante vulneración” del derecho a la defensa por la publicación en prensa de las decisiones judiciales de la jueza. Estos días se va a notificar a todos los intervinientes el levantamiento del secreto de sumario. Alaya, después de que el TSJA le solicitara agilización en la causa (en ésta y en otras), da un paso más en la investigación. El fin del “secreto” supone el acceso a la instrucción de los afectados directamente en el proceso, en el que se han abierto, como la propia jueza ha reconocido, nuevas líneas de investigación.
En los últimos dos meses, desde que el 20 de marzo se desencadenara la 'Operación Heracles', saldada con 22 detenidos 22 y siete ingresos en prisión, las novedades que se han derivado se centran en la propia organización interna del juzgado para sacar adelante la instrucción (a cuenta del juez de refuerzo para Alaya), en la no imputación de José Antonio Viera (mentada públicamente por dos consejeros y el portavoz socialista en el Parlamento), en la aparición de UGT y CCOO en los papeles de Alaya (por supuestas sobrecomisiones “pactadas” con la Junta), en las elevadísimas fianzas por responsabilidad civil impuestas a los imputados y en los bloqueos o embargos preventivos a cuenta de las mismas.
El PP-A se hacía eco este sábado de un nuevo fondo de 18 millones de euros ligados a otros tres programas de la Junta, del que han informado algunos medios. A la espera de conocer más detalles de la instrucción, varios capítulos, por tanto, se podrían añadir ya al caso mirando la vista atrás tan sólo un par de meses y medio:
La 'Operación Heracles'. La Guardia Civil ejecutó el 20 de marzo 22 detenciones y practicó 13 registros en empresas, despachos de abogados y domicilios particulares de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, desvelando un desvío de 50 millones de euros de fondos públicos.
Esta fase de la investigación se centra en el papel jugado en la trama por las empresas intermediarias del sector de los seguros y el presunto enriquecimiento ilícito a través de ellas. Alaya, atendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, ordenó siete ingresos en prisión y dejó libres con cargos a siete personas a las que tomó declaración estos días.
Antonio Albarracín, ex director comercial de la consultora Vitalia, ha sido estos días el segundo de los siete encarcelados que abandona la prisión tras el testaferro Ismael Sierra, cuñado del intermediario Juan Lanzas, que pagó 50.000 euros de fianza. El pago que ha tenido que desembolsar Albarracín ha sido de 600.000 euros de fianza para quedar en libertad. La Audiencia Provincial ha revocado recientemente una decisión de Alaya y ha acordado dejar en libertad bajo fianza, también de 600.000 euros, a la también exdirectiva de Vitalia María Vaqué, en la cárcel igualmente desde el 23 de marzo.
De cualquier modo, el encarcelamiento más destacado fue, justo un año después, el del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), Francisco Javier Guerrero, que ya estuvo en prisión preventiva por este mismo caso entre marzo y octubre de 2012 y que el miércoles 20 de marzo a las 20.30 horas salía de los juzgados en dirección a la cárcel. Se le imputan delitos similares a los de la ocasión anterior (delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil).
El retraso de Alaya. La jueza se comprometió hace unas semanas ante el TSJA a “agilizar” la instrucción de los ERE y de otras tres 'macrocausas' que tiene encima de la mesa, cuyo control ha querido mantener tras superar la baja médica. Existe un número de imputados a los que aún no ha tomado declaración, entre ellos el abogado Carlos Leal, del despacho Estudios Jurídicos Villasís, y el administrador de Uniter, José González Mata, cuyas declaraciones se suspendieron en su momento sine die. Pues eso, que siguen sin fecha.
“Si se sigue demorando, se tomarán medidas”, dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, en una visita a Sevilla. Consideró, de cualquier forma, que “no es normal ni aceptable” la dilatación en este sentido por parte de la jueza, a quien en breve se le marcha el único juez de refuerzo que le quedaba, Rogelio Reyes. Antes de que se traslade, otro llegará.
El papel de los sindicatos. UGT y CCOO se han defendido de las acusaciones que les han implicado en esta nueva fase de la instrucción y han negado rotundamente que hayan participado en una “trama corrupta” para lucrarse. El caso es que la jueza relata en un auto que el director de Vitalia entre 1995 y 2011, el mencionado Antonio Albarracín, “presuntamente pagaba también a los sindicatos, a los entornos de UGT y CCOO, a los que ordenaría el pago de 4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados”, procedentes de las sobrecomisiones “pactadas” con la Junta en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación.
La “responsabilidad política”. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo en una entrevista en Canal Sur que los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández tenían “responsabilidades políticas” en los ERE. Y con ratificación en el Parlamento. A otro consejero, al de Justicia e Interior, Emilio de Llera, más proclive a este tipo de afirmaciones, espontáneas o no, le parecía “sorprendente” que aún no estuviera imputado, aunque no lo hilaba con una posible responsabilidad. Unos y otros, del PSOE y de IU, han venido a defender que si algún miembro del Gobierno actual estuviera involucrado, el caso daría una vuelta de tuerca más que importante, incidiendo en lo de “actual”.
La historia de los ERE también se cuenta desde el principio. Y en las próximas horas se sumarán, a buen seguro, más novedades sobre el caso.
