La Fiscalía investiga los contratos de Zoido con el despacho del abogado del PP en los ERE cuando era alcalde de Sevilla
La Fiscalía de Sevilla está investigando los pagos de Juan Ignacio Zoido cuando era alcalde de Sevilla (2011-2015) al despacho del abogado del PP en los ERE Luis García Navarro por su intervención como acusación particular en el caso Mercasevilla en representación del Ayuntamiento.
Según informa este miércoles Diario de Sevilla, la denuncia en la Fiscalía hispalense ha sido presentada por el presidente del grupo Novasoft, Francisco José Barrionuevo, investigado en la macrocausa de Invercaria, quien atribuye al letrado delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa procesal y cooperación necesaria en un delito de falso testimonio en la causa de Invercaria.
Desde la Fiscalía de Sevilla confirman a eldiario.es Andalucía que se han incoado diligencias de investigación. Se trata de una cuestión de la que ya informó este medio en septiembre de 2016 y que hacía referencia, como ahora se incluye en la denuncia, al modo de proceder para la contratación en cinco ocasiones del bufete García Navarro & Fuster Asociados, en 2011 como contrato menor y el resto como procedimientos negociados sin publicidad, por un valor total de 240.000 euros.
El contrato menor (de 17.000 euros) se hizo de forma directa y sin concurrencia. El resto de contratos anuales fueron de 51.000 euros (en 2012) y de 57.000 euros en 2013, 2014 y 2015. Uno de los abogados que da nombre al bufete, Luis García Navarro, fue diputado provincial del PP y, hasta julio de 2018, secretario adjunto del Consejo de Administración de RTVA por parte del PP andaluz. La otra persona, Lourdes Fuster, acaba de ser nombrada nueva subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
En los expedientes para contratar durante esos años los servicios del bufete García Navarro & Fuster Asociados, a los que tuvo acceso este periódico, constan las ofertas de otros dos bufetes que aspiraban a los contratos, en todos los casos ligeramente superiores al elegido por Zoido en octubre de 2011 (cinco meses después de ser nombrado alcalde) y en los meses de febrero de los cuatro años siguientes.
A todo ello se refiere la denuncia adelantada por Diario de Sevilla que, según recoge, por parte del denunciante, el procedimiento negociado sin publicidad debe ser usado “en contadas ocasiones, pues supone una excepción al principio de concurrencia, y en buena medida al de publicidad (principios básicos y fundamentales del Derecho de la contratación pública)”.
Según este periódico, las invitaciones para el contrato de 2012 se lanzaron “apenas unos días antes de la fecha de contratación” mientras las ofertas de García Navarro&Fuster se registraban en todo caso “apenas dos o tres días antes de la adjudicación”. “Casualmente las ofertas más altas se correspondían siempre con el mismo bufete Piñeyro García-Quílez (58.000 euros en 2012 y durante los años siguientes exactamente la misma cantidad: 59.900 euros)”, según también recogió eldiario.es Andalucía.
En todos esos casos, la oferta ganadora fue la del bufete García Navarro & Fuster Asociados por valor de 57.000 euros (años 2013, 2014 y 2015), salvo en 2012 en que la adjudicación fue de 51.000 euros. El otro bufete aspirante, Sanguino Asociados, ofertó 58.000 euros los años 2013 y 2014, y 59.040 euros en 2015.
En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha considerado que “el PP tiene que aclarar esto, lo demás son cortinas de humo que se magnifican para tapar sus vergüenzas”, ha insistido el portavoz parlamentario del PSOE-A. Ha asegurado que el posible pago del abogado con dinero público es algo que a los socialistas “nos preocupa muchísimo”, toda vez que ha avisado de que “parece que va a terminar el juicio de los ERE y va a comenzar la trama de los ERE del PP”.
Fiscal ha insistido en que de manera “urgentísima” el PP tiene que dar explicaciones pues de ser verdad “es tremendamente grave utilizar presuntamente dinero público para, de manera partidista, hacer daño a un gobierno”, así como ha apuntado que si los 'populares' no aclaran este asunto “siembran dudas de la propia financiación del PP”.
También se ha referido al asunto el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que se ha limitado a señalar que espera “que se pueda explicar que todo se ha hecho con absoluta normalidad y dentro de los márgenes de la ley, sin ningún tipo de problemas”.
