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El fraude de la formación no es exclusivo de Andalucía: hay denuncias en otras nueve comunidades autónomas

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Si escribe "fraude + formación" en un buscador en internet, lo más probable es que toda la primera página y buena parte de la segunda, sino entera, haga referencia a Andalucía. El impacto mediático del fraude de dinero público destinado a la formación en Andalucía ha contribuido a la imagen de que es algo exclusivo de esta comunidad autónoma. De momento es la única que se ha visto obligada a impulsar una comisión de investigación, a la que se resistía el PSOE aunque finalmente ha votado a favor. No ha opuesto el PSOE resistencia alguna en otras propuestas de comisión de investigación en otras CCAA. En el caso del PP, quería una a toda costa en Andalucía y la ha frenado en los territorios gobernados por los populares en casos similares. Pero el fraude y los errores en la formación para el empleo no son algo exclusivo de Andalucía. Ni ahora, ni lo fueron en el pasado. 

Hay una decena de comunidades autónomas con investigaciones abiertas o denuncias por el desvío de estas subvenciones, incluida Andalucía. Y las prácticas bajo sospecha en las otras nueve son muy parecidas a las de Andalucía. La diferencia estriba en que las investigaciones en Andalucía han puesto el foco en el gobierno, mientras que en el resto les ha rozado, si acaso, y han recaído en los beneficiarios de las subvenciones, fundamentalmente patronales, sindicatos y empresas. La diferencia ha estribado en el criterio de los jueces.

En definitiva, se trata de un tipo de corrupción que se ha esparcido como una mancha de aceite por todo el país. Primero, porque la Fiscalía Anticorrupción ha extendido la investigación en torno a la formación promovida por UGT desde Andalucía a otras CCAA, por si se hubiera defraudado en la justificación del uso de los fondos gestionados por este sindicato en otras delegaciones. En concreto, la Guardia Civil investiga en Asturias, País Vasco, Baleares, Extremadura y Galicia. Y segundo, porque hay casos independientemente de éste que han saltado en otras nueve CCAA, aparte del ya conocidísimo de Andalucía, donde se investiga el desvío de subvenciones entre 2007 y 2011, año de la última convocatoria. He aquí la relación del resto a modo de resumen.

ARAGÓN

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza investiga una presunta trama de desvío de subvenciones para formación en la Federación Regional de Actividades Diversas de CCOO Aragón después de una denuncia de la Fiscalía en 2014. Todavía no se ha determinado su alcance, pero están bajo sospecha numerosas convocatorias del sindicato.

COMUNIDAD DE MADRID

Lo lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, con una docena de imputados. Es el llamado Caso Aneri por uno de los cabecillas de la trama y se investiga el destino de más de 15 millones de euros de subvenciones para formación por internet. Entre los imputados hay altos cargos de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). La hipótesis es que el empresario José Luis Aneri, en prisión, obtenía subvenciones para cursos que no existían. También salpicaría al Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) como ha denunciado reiteradamente UPyD, pero esa línea de investigación está en punto muerto. De este modo, el escándalo apenas ha salpicado al Gobierno madrileño, presidida entonces por Ignacio González. Su mujer, Lourdes Cavero, dimitió de su cargo de vicepresidenta de la CEIM en 2014. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid no admitió la denuncia de varias asociaciones de empresarios contra cinco cargos de la Consejería de Empleo y Turismo porque no aportaban "ningún dato o indicio sobre la comisión de delito". UPyD pidió una comisión de investigación pero se topó con el rechazo del PP (IU y PSOE sí la respaldan). En paralelo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reclamado la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude.

COMUNIDAD VALENCIANA

También desde 2014, la Fiscalía Anticorrupción acusa a la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), filial de Cierval (Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana), de cobrar cursos de riesgos laborales pagados por la Generalitat Valenciana entre 2010 y 2011 que nunca se ejecutaron. El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha abierto diligencias contra la CEC y dos testaferros por un supuesto fraude cifrado en 418.700 euros. La CEC asegura que ha devuelto el dinero a las arcas públicas porque los cursos no se desarrollaron. La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación a instancias de la Agencia Tributaria y de la Generalitat Valenciana.

GALICIA

Investigación desde diciembre de 2011 por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Saltó a la prensa en 2014, primero con la Operación Zeta, con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP). El presidente se vio obligado a dar explicaciones porque la policía apuntaba como intermediario a un amigo suyo, el imputado Francisco Ramón Pachi de Lucas. Hay una decena de imputados y unos 20 millones de euros en subvenciones bajo sospecha por cursos no realizados con subvenciones concedidas entre 2008 y 2012. Entre las consecuencias del caso Zeta, la dimisión de Beatriz Mato, consejera de Bienestar Social, el departamento que reparte las subvenciones, que reconoció haber recibido un bolso como regalo de la trama. También dimitió el director general de Trabajo, Odilo Martiñá. Un año después salió el caso Qatedra, también sobre cursos para trabajadores y desempleados que no se habrían llevado a cabo. La policía ha reclamado documentación a la Xunta de Galicia sobre todos los cursos subvencionados desde 2010 y sobre los controles y auditorías hechos. Bajo sospecha una pequeña empresa (Prosem) creada en 2011 que facturó más de 800.000 euros en un año cobrados de la Xunta de Galicia. También facturó a otros gobiernos, como los de Madrid, Valencia y Extremadura, entonces gobernados por el PP. El asunto llegó hasta el Parlamento de Galicia. En él, la directora de Empleo de la Xunta de Galicia, Ana María Díaz, confirmó que la investigación se ha extendido a todos los departamentos con competencias sobre cursos y abarca desde 2010. El PP usó su mayoría absoluta para rechazar la apertura de una comisión de investigación pedida por el PSOE con los votos de AGE, BNG y el grupo mixto.

ASTURIAS

La Comisión Europea empezó el pasado año a investigar la adjudicación de cursos en Asturias por una supuesta "desviación". Investigación abierta tras una denuncia de la Asociación Asturiana Independiente de Centros Colaboradores (Aicco) sobre una convocatoria de 2010 con más de 9,2 millones de euros en subvenciones, con financiación del 80% a cargo del Fondo Social Europeo. Aicco mantiene que hubo beneficiarios de subvenciones que publicaron anuncios de sus cursos antes de que se dictara la resolución. Por ello, denunció en la Comisión Europea las presuntas "deficiencias" de la adjudicación por parte del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

EXTREMADURA

En marzo de 2015 el nuevo Gobierno de Extremadura destapó un presunto fraude de cursos promovidos por Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), CCOO, UGT y Cepes. Calcula que "sólo en la convocatoria de 2011" rondaría los tres millones de euros. Se ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción. La primera vez que el entonces Gobierno de José Antonio Monago (PP) informó de este presunto fraude fue cuando la exconsejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Ángeles Muñoz, compareció para anunciar irregularidades en la convocatoria de 2011. En julio de 2015 se amplió la denuncia a la convocatoria de 2012.

PAÍS VASCO

El sindicato ELA denuncia desde hace tiempo un supuesto fraude en cursos de formación en Euskadi. Lo hizo en una entrevista en Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, quien manifestó que el fraude en la formación no se da sólo en Andalucía. Declaró que en Euskadi se han realizado cursos en los que no había gente apuntada. No se sabe más.

BALEARES

Estalló en 2012. Inspectores del Gobierno de Baleares, entonces en manos del PP, describieron en un informe "irregularidades" y "evidencias susceptibles de fraude" en la adjudicación de fondos para fomentar el empleo. Comenzaron a investigar la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Se habla de un presunto fraude de fondos europeos, estatales y autonómicos gestionados por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Confederación de la Pequeña y mediana Empresa de Baleares (Pimeb) y los sindicatos CCOO y UGT entre 2004 y 2010 por unos siete millones de euros. Como en otros casos, se habla de un descuadre entre las subvenciones y su destino. En junio de 2015 trascendió que, tras informes elaborados de los inspectores del Gobierno de Baleares, se eleva a 720.000 euros la suma presuntamente defraudada con facturas falsas por parte de dos conglomerados de empresas del sector.

CASTILLA Y LEÓN

Es un caso menor en comparación con los anteriores. Lo lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia contra una empresa de formación que habría estafado con subvenciones del INEM. La Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión para el dueño por estafa por unos cursos que nunca se habrían llevado a cabo.

Otros grandes casos del pasado

Pero, la distracción de fondos para la formación, no es nueva. Grandes escándalos, especialmente relacionados con fondos europeos, han salpicado todo el país con casos que en ocasiones han terminado sin juzgarse. Desde el famoso caso Imefe en 1998 en Madrid, que involucraba a redes de empresas vinculadas con el PP, hasta la estafa atribuida a la academias Fidel Pallerols de Cataluña en 1999 con dinero que supuestamente acababa financiando a UDC, pasando por el año 2000 por la dimisión en Galicia del presidente de la patronal, Antonio Ramilo, por la denuncia de desvío de este tipo de subvenciones para gastos corrientes de la organización que lideraba. Célebre fue también el caso Forcem, que estalló en 2002, con supuestamente más de 100 millones de euros de la UE defraudados, si bien se desinfló. O el igualmente conocido caso Icfem en Canarias, vinculado a CC, que nunca se juzgó y que hablaba de unos 20 millones de euros desviados.

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Publicado el
29 de septiembre de 2015 - 18:52 h

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