El Gobierno de Moreno prolonga el pago “urgente” por la pandemia para financiar la limpieza a los colegios concertados

El Parlamento de Andalucía convalidará este miércoles el Decreto-ley 6/2022 “por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por el coronavirus”. En la práctica, supone hasta final de año una inyección de 1,1 millones de euros (4,5 millones anuales) para cumplir con la recomendación de “intensificar la limpieza” en los centros educativos, publicada por la Consejería de Salud y Familias el pasado mes de julio para el curso recién comenzado.

Paralelamente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias “sigue reivindicando” el abono de los sobrecostes de limpieza por la Covid-19 generado en los colegios públicos, para lo cual el año pasado solicitó una ayuda de 215 millones de euros de la cual nada saben en la FAMP. Ni van a saber, porque la Junta sostiene, en contra de lo que mantienen los municipios, que la limpieza de los colegios públicos (con o sin Covid) es competencia de los ayuntamientos.

“Con objeto de que los centros docentes concertados puedan afrontar el coste que conlleva la adopción de estas medidas específicas y extraordinarias, continúa siendo necesario aumentar la cuantía de los módulos económicos de los conciertos educativos, específicamente en la partida de 'Otros gastos' que es la destinada, entre otros conceptos, a atender los gastos ordinarios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de los centros, para el período comprendido desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022”, se especifica en el Decreto-ley convalidado por el Parlamento autonómico.

Inversión anterior en los institutos

La Consejería ya anunció la semana pasada el aumento de los gastos de funcionamiento de la red concertada para el curso 2022/23. Aquella modificación de otro Decreto-ley anterior se produjo el pasado diciembre y su vigencia termina este mismo viernes, con lo cual la validación de la norma por parte del Parlamento llega justo a tiempo para seguir con las ayudas para centros concertados. Con anterioridad, la Junta también comunicó que se ha realizado una inversión de 13,4 millones de euros para los institutos públicos a través las ocho delegaciones provinciales, que subcontratan los servicios de limpieza “según necesidades”, dicen fuentes de la Consejería, que no detallan a qué periodo se corresponde ese gasto en limpieza. Desde el Consejo de Gobierno se difundió una nota informativa la semana pasada titulada 'Refuerzo de limpieza por el COVID en los centros educativos sostenidos con fondos públicos', “olvidando decir que será solo para concertados”, según ha denunciado este fin de semana el PSOE-A, que lidera la oposición.

Según el Gobierno andaluz, la desinfección se enmarca dentro de las tareas de limpieza de los colegios, que son competencia municipal al ser suyos estos centros; según los ayuntamientos, esa desinfección tiene carácter extraordinario y obliga a un gasto considerable, por lo que la Junta debe arrimar el hombro. Fuentes de la FAMP comentan a elDiario.es Andalucía que “se sigue reivindicando” el abono de los sobrecostes de limpieza por la Covid-19 generado en los colegios públicos porque “jurídicamente” se demostró que la competencia era de la Junta. Su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, volvió a insistir sobre ello este pasado mes de marzo. Fuentes del departamento que dirige Patricia del Pozo recuerdan que la limpieza de los colegios públicos es competencia de los ayuntamientos y que, a tal efecto, ya remitió un informe jurídico al presidente de la FAMP en septiembre de 2020.

Según el Decreto-ley que se convalida, los módulos de conciertos educativos se incrementarán en las cantidades asignadas a otros gastos en 360 euros anuales para las unidades de Infantil, Primaria y Educación Especial Básica/Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica y 520 euros anuales para las unidades específicas de Educación Especial (psíquicos, autistas o problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes), así como para las unidades de Programas de Formación para la transición a la vida adulta. En el caso de las unidades específicas de Educación Especial, también se podrá destinar a la compra de equipos de protección individual para el profesorado y el personal complementario contra el coronavirus, que sigue con cifras a la baja en Andalucía como en el resto de España.

“En el marco de la situación actual de la pandemia, cuyos efectos seguimos padeciendo durante el curso 2022/23, se hace necesario implementar nuevamente medidas extraordinarias que contribuyan a que los centros docentes concertados puedan dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en esta materia por las autoridades sanitarias mediante el incremento de la cuantía de los módulos económicos de los conciertos educativos”, argumenta la memoria justificativa del nuevo Decreto-ley.

Concluye la nueva normativa que, “de no aprobarse este Decreto-ley, se podría producir un retraso en la aplicación, por parte de los centros concertados, de las medidas específicas de higiene y limpieza recomendadas por las autoridades sanitarias (...) al carecer de recursos específicos para ello, lo que redundaría en un perjuicio para su alumnado, particularmente para el más vulnerable, que se vería expuesto innecesariamente a un mayor riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias”.

El “pretexto” de la Covid-19

El incremento de la financiación a la enseñanza concertada se presenta como una disposición extraordinaria relacionada con la pandemia pero el sindicato USTEA interpreta que “se trata de la introducción disimulada de una medida reclamada por la patronal de la enseñanza concertada y que ya ha aplicado el PP en otras autonomías en las que gobierna, por lo que probablemente se convertirá en un mecanismo de sobre-financiación permanente de la enseñanza concertada”.

USTEA considera que “el objetivo de este decreto no es otro que es el desvío de fondos públicos a la enseñanza privada con el pretexto de la pandemia”. Y explica en un comunicado difundido este mismo miércoles: “Hasta 2020, Andalucía era una de las comunidades autónomas que destinaban a los centros concertados el mínimo estatal fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el módulo de financiación por unidad escolar, esto es 28.921´10 euros de la partida salarial, 4.058´89 en la partida de gastos variables y 6.355´53 para otros gastos, por cada unidad o clase. Puesto que la partida de personal depende de los complementos salariales autonómicos, la gran diferencia de financiación de la educación concertada entre comunidades se debe al incremento o no de la financiación autonómica respecto al módulo estatal, en las partidas de gastos variables y otros gastos. Comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra llevan años incrementando con financiación autonómica el modulo estatal, a través del incremento de estas partidas”. Cabe recordar, como ya se ha dicho en esta información, que en Andalucía los 4´5 millones de financiación extra se contarán en la partida de 'Otros gastos'.