La Asamblea Feminista Unitaria de Granada denuncia un caso de abuso sexual a una alumna de la Universidad
La Asamblea Feminista Unitaria ha pedido a la Universidad de Granada (UGR) que actúe ante los supuestos “casos actuales de abuso sexual” denunciados por una alumna y que habría cometido un profesor. El colectivo trata de aclarar el suceso e impedir “que el abusador siga ejerciendo la docencia”. El centro universitario, por su parte, afirma en un comunicado haber actuado “con celeridad” y ofreciendo asistencia continuada a la estudiante víctima del presunto acoso.
Paula –nombre ficticio–, dice haber sufrido “abuso sexual en al menos dos ocasiones”. Un profesor “la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles”, de acuerdo con su relato, que llega a través de la asamblea feminista. Paula denunció e interpuso una demanda penal contra el docente hace tres meses.
Desde el colectivo feminista aseguran que el centro mantiene una “postura dialogante” sobre el asunto. Una “posición de entendimiento” con el caso, informa Lucía Estevan, de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Según la UGR, la alumna “fue atendida por el Defensor Universitario y el Inspector de Servicios, quienes actuaron con celeridad, ofreciendo a la denunciante su apoyo y la atención jurídica, médica y psicológica” de la propia universidad. La “asistencia”, a partir de conocer el caso, ha sido “continuada”.
En el caso existe un “agravante”, sostiene la asamblea feminista. El profesor habría “violado el principio de confidencialidad –según una queja formal presentada por uno de los testigos ante Inspección de Servicios– al hacer público el caso y las identidades de los implicados a miembros del aula que denunciado y denunciante anteriormente compartían”. La Universidad de Granada, en cambio, sostiene haber adoptado “las medidas de protección oportunas” y mantenido “un estrecho y constante seguimiento del caso, en las circunstancias adecuadas y de necesaria confidencialidad en las actuaciones pertinentes”.
“Se siente acosada, juzgada e insegura”
Desde entonces, “Paula se siente acosada, juzgada, insegura y nada protegida por la universidad”. Pese a cambiar de clase, “tuvo que hacer el examen que ese profesor puso para la asignatura”. Suspendió. Paula “está diagnosticada con depresión mixta”. Al hacer pública la denuncia por abuso sexual, el colectivo no busca “una lucha con la universidad, sino atajar juntos el problema”. “Entendemos que tengan que esperar los cauces legales, pero nosotras no tenemos esas limitaciones y seguiremos denunciando lo ocurrido” con una alumna que habría sufrido “presiones”, precisa Lucía Estevan.
La situación podría haber quedado solventada “más rápido” pero la UGR “no tiene en activo ningún protocolo de prevención y actuación en casos de acoso y abuso sexual”, según la Asamblea Feminista Unitaria. La Unidad de Igualdad lleva anunciando desde 2011 su creación, manifiestan, mientras desde el Defensor Universitario alegan que está pendiente de aprobación. Solicitan así “la creación de una Comisión de Investigación paralela al proceso judicial, tal y como establecen los protocolos de otras universidades” que resolvería, entienden, “si procede que la docencia del presunto abusador no se prolongue hasta la celebración del juicio, que puede hacerse esperar un año”.
La Unidad de Igualdad del centro universitario “está liderando el intenso trabajo de los diferentes colectivos implicados en la elaboración de un 'Procedimiento para la prevención, actuación y protección ante casos de acoso en la Universidad de Granada', dice el comunicado remitido por la institución. Se tratará de un ”instrumento“ que estaría ”próximo a publicarse“y que ”además de centrarse en la investigación del acoso, pretende congregar las actuaciones pertinentes para prevenir, detectar y actuar contra las situaciones de acoso laboral, sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y otras discriminaciones según las convicciones religiosas o de origen, que se puedan llevar a cabo en la Universidad de Granada“.
Con independencia de la existencia de este protocolo, la universidad granadina “mantiene en todo momento la atención a las víctimas y a las denuncias presentadas”. Inspección de Servicios recomendó a la alumna víctima de abuso –en diciembre de 2015– “denunciar por vía penal, puso a su disposición una sicóloga, le ofreció cambiar de clase y la derivó a una asociación de mujeres maltratadas”. Ahí recibió apoyo legal, subraya el colectivo en un comunicado.
Piden un “protocolo de actuación” ante el acoso
“Es difícil que una alumna universitaria se decida a denunciar un acoso sexual por parte de un profesor”, inciden desde la Asamblea Feminista Unitaria. El presunto abusador habría seguido ejerciendo la docencia “con normalidad” de acuerdo a la “presunción de inocencia”.
Con un protocolo de actuación frente al acoso y abuso sexual, como pide la asociación, las posibles víctimas tendrían “servicios de acompañamiento” al denunciar o “someterse al examen médico”, asesoría con profesionales expertos en género, una oficina específica y teléfono de denuncia o “protección y prohibición de represalias”.
Además de “campañas reales de formación y sensibilización que impliquen a toda la comunidad universitaria”. O, refieren, “una comisión investigadora especializada en este tipo de casos que iniciara un procedimiento paralelo al judicial para, si procede, aplicar la sanción correspondiente por este tipo de conductas”.
