Griñán, de nuevo exculpado por su 'número dos' ante los reparos de la Intervención en el caso de los ERE
La exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, que sustituyó en la Consejería a José Antonio Griñán cuando este fue nombrado en abril de 2009 presidente de la Junta, ha explicado este lunes en el juicio de los ERE que tuvo conocimiento de las memorias de control financiero permanente y de los informes adicionales de la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias de financiación por parte de la agencia IFA-IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales. Aguayo ha comentado que esas “propuestas de mejora” llegó a despacharlas con su entonces consejero Griñán antes de ser llevadas al ‘consejillo’ de viceconsejeros pero sin entrar “en detalle” y resaltando que “ni mis técnicos ni los interventores actuantes” le advirtieron “nunca jamás” que ello supusiera algún tipo de menoscabo de fondos públicos, como igualmente ha recordado el propio exinterventor durante su interrogatorio.
La exconsejera, cuya declaración ha versado principalmente sobre su conocimiento de las memorias de control financiero permanente para mejorar los sistemas de control a propuesta de la Intervención General de la Junta, ha ratificado su declaración ante el TSJA en abril de 2015 y ha mantenido la versión expuesta cuando estalló el caso hace siete años, es decir, que Griñán no tenía por qué conocer los informes de la Intervención. El presidente del tribunal le ha llegado a recriminar su “tono arrogante” en alguna de sus respuestas, ante lo cual la exconsejera se ha disculpado ya que no había sido su intención, según ha comentado.
En su declaración durante aproximadamente tres horas y media, Aguayo ha defendido que ni ella ni Griñán podían hacer nada si no se le alertaba de forma “expresa” de que pudiera haber menoscabo de fondos públicos, al margen de que el interventor hiciera constar que la fórmula para el pago de los ERE no era la más adecuada, señalando que no entraba “en esos detalles” cuando, como viceconsejera, despachaba esos asuntos con José Antonio Griñán y haciendo mención a que las propuestas del interventor eran “incorporadas” por los órganos de la Junta afectados, esto es, las empresas auditadas y las consejerías de las que dependían.
Aguayo ha recordado, a preguntas del fiscal, que las propuestas del interventor general en ese sentido hacían referencia a que los entes instrumentales como IFA-IDEA, en lugar de las transferencias de financiación, debían utilizar las encomiendas de gestión dentro de “un paquete de medidas y de cambios” para “flexibilizar” el uso de éstas pero que en ningún momento puso a las transferencias alguna “tacha de ilegalidad” ya que, según ha insistido Aguayo, las leyes de presupuestos que las contenían fueron aprobadas posteriormente por el Parlamento andaluz al ser “avaladas” además por varios organismos como el Consejo Consultivo o la Cámara de Cuentas.
Aguayo ha reconocido que le pareció “lógica” la advertencia contenida en aqeulla memoria del control financiero permanente por parte de la Intervención en 2006 “si consideraba que la debilidad estaba en la Consejería de Empleo” en cuanto al uso de las transferencias a IFA-IDEA, que estaban “también fiscalizadas”, defendiendo en varios pasajes las propuestas “prudentes y razonables” por parte de la Intervención. Aguayo ha afirmado haber respetado “siempre y con exquisitez” la “independencia” de este organismo dependiente de su Consejería.
Control financiero permanente vs fiscalización previa
Viceconsejera de Griñán de 2004 a 2009, consejera de Economía y Hacienda de 2009 a 2010, y titular de Hacienda y Administraciones Públicas de 2010 a 2013 hasta la salida de Griñán de la Presidencia de la Junta, Aguayo ha explicado también el proceso de elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza y el papel de su Consejería como “órgano tramitador”. En ese sentido ha señalado que no tenía ninguna capacidad en el anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Empleo y que nunca trató con su equipo el uso de las transferencias de financiación por parte de otros departamentos de la Junta a entes instrumentales como IFA-IDEA. En ese línea ha explicado que en Hacienda se recibían las propuestas por parte de los viceconsejeros de la Junta para la elaboración del articulado de la ley de presupuestos.
“No recuerdo, eso se lo tiene que preguntar a Empleo”, ha respondido cuando se le ha exhibido un escrito de la Consejería para usar las transferencias de financiación en beneficio de la Faffe. “Había muchas peticiones recurrentes”, ha indicado, dejando constar que Hacienda “no entraba en los procedimientos” de cada departamento, limitándose a configurar las clasificaciones económicas de las diferentes partidas. En el mismo sentido, Aguayo ha defendido la figura de las modificaciones presupuestarias, señalando que no suponen “en general” un incremento en la dotación sino “cambios” en la clasificación económica “para hacer llegar el dinero” a otros departamentos de la Junta en virtud de la “gestión” de cada consejería, y recordando que todas fueron objeto de auditoría por parte de la Cámara de Cuentas “sin comentario negativo” alguno.
En cuanto al conocimiento sobre las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se juzgan, Aguayo ha reconocido que esa cuestión le correspondía a Empleo pero sí ha querido dejar claro que, al hilo de una cuestión que le ha llamado “la atención” en las sesiones precedentes del juicio, “todos los gastos de la Junta tienen que estar sujetos a fiscalización”. “La fiscalización previa no es mejor que el control financiero permanente, más bien al contrario”, ha remarcado, defendiendo el citado control financiero por ser “más moderno, más extenso, más profundo”. Pese a que el fiscal le ha tratado de mostrar la extemporaneidad de dicho control, Aguayo ha dicho que “lo defienden todos los expertos de la Unión Europea” y que “hay otros gastos de la Junta sometidos a ese control externo”.
Acerca de las limitaciones observadas por parte de la Intervención de la Junta en sus memorias de control financiero, la exconsejera se ha referido a ellas como “propuestas concretas de mejora” y resaltando que “se fueron mejorando” durante su etapa en la Consejería, dotando a la Intervención de más de un 50% más de medios entre 2004 y 2008. En ese punto ha indicado que en concreto los informes de control financiero de la agencia IDEA “no pasaron por mis manos”, destacando que “más allá de las diferencias, la Intervención estaba proponiendo medidas para mejorar el control financiero”, haciendo hincapié en que “nadie dijo que las transferencias de financiación fueran ilegales”, ampliando incluso la capacidad de la Intervención para que elaboraran informes de actuación si advirtieran de irregularidades con afección a fondos públicos.
En concreto sobre el informe adicional de 2003 de la Intervención d la Junta sobre las ayudas del programa 31L, ha asegurado no haber despachado el asunto ni con el interventor ni con Griñán porque no ese tipo de informes no explicitaba que tuvieran alcances legales, insistiendo en que no tenía por qué actuar si no había informe expreso y destacando que “la actuación de Hacienda estaba reglada y regulada” y aludiendo a una “discusión jurídica de aquellos años” entre el órgano gestor y el propio interventor para la financiación de un gasto. “No se me ocurrió nunca pensar que una ley pudiera ser ilegal”, ha dicho al insistir que todas aquellas cuestiones venían avaladas por el Parlamento al aprobar la ley de presupuesto de aquel año 2003.
