El alcalde de Cartaya (Huelva) atribuye a las “pagas del Gobierno” que no haya mano de obra nacional en los campos del pueblo

Los agricultores freseros de la provincia de Huelva ofertaron este año más de 20.000 puestos de trabajo para la recogida de este fruto, que tiene su momento álgido entre los meses de febrero y mayo. A esa oferta respondieron menos de 1.000 personas nacidas en España, de modo que el resto ha habido que buscarlo, de nuevo, en contratos en origen firmados fuera del país.

Una situación que, para el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, del Partido Popular, tiene un culpable: el Gobierno central.

Barroso, que cada noche publica en sus redes sociales un texto bajo el nombre de 'Diario de un alcalde', quiso dar su opinión sobre la situación laboral de la campaña fresera, tras asegurar que había visitado “dos grandes empresas de frutos rojos”. Y añadía: “Una tiene 300 personas trabajando y viviendo en casas prefabricadas directamente en el campo. La otra, 500, en las mismas condiciones. En total, 800 inmigrantes, cero españoles, haciendo una media de 60 euros al día, 60 × 30 = 1.800 euros al mes, trabajando sin descanso todo el mes”.

Acto seguido, ponía como ejemplo su propia casa: “Tres 3 niños entre 6 y 18 años → + 3 × 57,50 € = 172,50 € extra al mes. Total aproximado de lo que me pertenece de paga son: 1.555 € + 172,50 € = 1.727,50 €/mes… sin trabajar. Pues no voy al campo, me quedo en casa”.

“¿y cuando se acaben las pagas?, creo que algo esta fallando aquí”, añade en el mismo post, para acusar de esta situación al “Gobierno progresista que tenemos”, y añade que “en 2026, el Estado español se ha convertido en una máquina de generosidad sin precedentes: pagas para todos y para todo, porque si algo sobra en este país es dinero mágico que brota de la nada”.

El convenio contempla descansos y extras

Sin embargo, el cálculo del alcalde cartayero tiene un fallo, ya que el convenio del campo en Huelva establece un descanso semanal obligatorio, generalmente coincidiendo en domingo. La jornada laboral suele ser de 39-40 horas semanales, y se garantiza el cobro de jornada completa si se trabajan seis días. Además, si se trabaja en domingo o festivo, se debe percibir un plus (jornada normal más el 50 %). Es decir, que si se trabaja de lunes a domingo, el último día habría que pagar 120 euros, no 60, de modo que el sueldo mensual -siempre que no se descanse ningún día- ascendería a 2.040 euros.

Es decir, que en el campo se habría ganado unos 300 euros más al mes que sin trabajar, siguiendo el argumento del alcalde, que cita los 1.727,50 indicados, aunque los condiciona a tener tres hijos para llegar a esa cifra. Si se mantuviera ese ritmo de trabajo entre febrero y mayo inclusives (30 días al mes), un trabajador habría ganado 8.160 euros en la campaña álgida, por 6.908 con la cuenta de Barroso. A esa suma habria que añadir que hay al menos cuatro festivos que se tendrían que pagar doble (Día de Andalucía, Jueves y Viernes Santo y 1 de mayo).

Obvia además el edil que algunos alojamientos en el campo -sin distinguir entre inmigrantes o nacionales- están cubiertos por los empresarios, de modo que el trabajador se ahorra ese concepto, además de que cotiza por el dinero cobrado y acumula cotización también para el desempleo o la jubilación, a diferencia de las “pagas”.

Y todo ello en una localidad que a 1 de enero 2025 tenía 4.942 habitantes extranjeros inscritos en el padrón, lo que representa en torno al 25 % de su padrón, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA). Marruecos sigue siendo el país que más inmigración aporta a este municipio.

Denunciado tras relacionar inmigración con delincuencia

No es la primera vez que Manuel Barroso realiza unas declaraciones polémicas en sus redes sociales. El año pasado fue incluso denunciado por la asociación La Carpa, tras un suceso en el que estuvo implicado, al parecer, un joven marroquí sin documentación legal para trabajar en España. En una rueda de prensa blandió el machete que, supuestamente, se usó en ese delito en concreto, y mantuvo su mismo discurso.

La Fiscalía archivó la denuncia por presunto delito de odio, pero el fiscal delegado en esta materia sí citó en el auto que sus firmaciones fueron “profundamente desafortunadas”. El alcalde llegó a afirmar que el 80 % de los delitos que se cometen en su municipio son obra de inmigrantes ilegales y que sufren un problema muy grave con este fenómeno.

“Con una persona que lleve esto encima -en referencia al machete-, lo mínimo que deberíamos hacer es mandarla a su país”, afirmaba, mientras el fiscal indicó que perseguía hacer una crítica a la labor del Gobierno en materia de inmigración, pero “parece confundir dos fenómenos de naturaleza diferente, como son la delincuencia y la inmigración irregular”. 

¿Por qué no tiene chófer?

El alcalde de Cartaya usa sus redes sociales para mensajes de distinta índole. Esta semana acompañó a un grupo de vecinos al Congreso de los Diputados, y lo hizo sin usar coche oficial. “Porque pedí el presupuesto de lo que costaba el último chófer de un alcalde en Cartaya, y con ese dinero tengo para pagar un plan de asfaltado completo”. Por ahora, no ha anunciando cuándo realizará el citado plan de asfaltado.