La Junta de Andalucía privatiza el diseño de horarios en institutos de Secundaria y FP por falta de programas informáticos

Las familias del alumnado del IES Néstor Almendros de la localidad sevillana de Tomares recibían este lunes un mensaje automático en la App que les comunica con el centro con el siguiente texto: “Durante esta semana la dirección del centro estará trabajando con la empresa que confecciona los horarios de alumnado y profesorado para reajustar los mismos. Por ello, a partir del próximo martes 14 de octubre todo el alumnado y profesorado del centro comenzarán a trabajar con estos nuevos horarios, teniendo asignado todas las materias y módulos del centro un docente que los imparta”.

El mensaje está firmado por la Jefatura de Estudios del centro, y no dejaría de ser uno más de los cientos que se envían durante el curso escolar si no fuese porque muestra cómo este centro, y no es el único, ha tenido que subcontratar algo que, inicialmente, parece simple, como es la confección de los horarios del centro educativo.

Como denuncian fuentes sindicales a elDiario.es Andalucía, hasta 2.000 euros al año se están gastando algunos centros educativos, con el permiso de la Consejería de Educación, en tener los horarios controlados, “algo que no tendrían que hacer si contasen con las herramientas adecuadas por parte de la Junta, que es quien tiene que garantizar este servicio”.

Desde Educación se admite a esta redacción que se ha permitido a algunos centros contratar estos servicios, que definen como “una alternativa para que hagan bien los horarios los centros con muchos alumnos”, al tiempo que recalcan que es “una opción que pueden pedir algunos centros”, como así está pasando.

“Está dentro de la autonomía de los centros, y la dirección puede contratar distintos servicios para el funcionamiento y organización del centro, uno de ellos es este. Lo hacen sobre todo centros grandes, de especial complejidad organizativa”, añade Educación.

Cita como ejemplo que el IES Néstor Almendros tiene, por ejemplo, una plantilla de 157 profesores, con enseñanzas de Secundaria, Bachillerato y múltiples ciclos de FP, o educación de adultos, y con profesores que dan clase de Secundaria y FP, “o con reducciones horarias, en definitiva, que tiene una gran complejidad”.

Normalmente, añade, lo que contratan es un software, una aplicación para hacer los horarios. Un caso que no se da, en principio, en infantil y primaria, “al tratarse de centros mas pequeños y siendo enseñanzas menos complejas, es poco habitual”.

Los institutos grandes, por su parte, con gran volumen de profesores y alumnado fácilmente pueden tener una partida superior al medio millón de euros para gastos de funcionamiento.

Precisamente, que los gastos no tengan que requerir autorización de la Junta hace que sea difícil para Educación decir cuántos centros han aplicado esta subcontrata.

Aunque la Junta señala que la opción se ha dado a centros grandes (el Néstor Almendros supera los 2.000 alumnos), lo cierto es que otros institutos con mucho menos alumnado también han aplicado esta privatización del diseño de los horarios, como el IES Delgado Brackenbury de Las Cabezas de San Juan o el Lucus Solis de Sanlúcar la Mayor. Otros centros confirmados, en la capital hispalense, son el Beatriz de Suabia, el Sálvador Távora y el Llanes. Los representantes del profesorado, a falta de tener un listado concreto, creen que es una norma que se ha establecido en toda la región.

“Tecnología de hace 30 años”

Las fuentes sindicales creen que este asunto no se debe tanto a la carga de trabajo o no que tengan los equipos directivos, como al hecho de manejar “tecnología de hace 30 años en pleno siglo XXI”. A día de hoy, afirman, los institutos “manejan un programa informático obsoleto, que impide el trabajo diario con soltura”, con lo que “algunas direcciones no han tenido más remedio que invertir 2.000 euros al año en una empresa que arregle el problema, en lugar de contar con ese dinero para materiales para su laboratorio o libros”.

“No es un problema de directores o jefaturas de estudio, es la Junta la que tiene que dotar a los centros de lo que necesitan para trabajar en lugar de permitir que se privaticen algunos servicios”, enfatizan las mismas fuentes.

La normativa, además, permite a los institutos justificar este dinero “como gastos de funcionamiento” que, según el tamaño del centro y la complejidad de los horarios, pueden ir de 1.000 a 2.000 euros por curso escolar.

De esta forma, se trata de “un gasto legal” que primero pasa el trámite de Inspección, algo que no deja de ser un mero trámite porque en todos los centros que lo han solicitado se ha aprobado finalmente.