Cinco imputados vinculados a IDEA despachan en una hora sus comparecencias ante Alaya
Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los ERE, que habían sido citados este martes como integrantes del consejo rector de IFA/IDEA, se han acogido a su derecho no prestar declaración. Ninguna de las partes personadas ha solicitado medida cautelar alguna contra los imputados salvo en el caso de Jacinto Cañete, para quien la Fiscalía Anticorrupción ya pidió el pasado diciembre una fianza civil de ocho millones de euros, cuestión que aún no ha resuelto la Alaya y que dado por reproducida la Fiscalía.
La jueza ha llegado 50 minutos después de la hora a la que había sido citado Cañete, imputado desde junio del año pasado y que es la segunda vez que se niega a declarar. Aproximadamente una hora más tarde, todos y cada uno de los cinco imputados ya habían pasado por su despacho sin prestar declaración y se daba por terminada la jornada de citaciones, que continuará el miércoles. Estos exaltos cargos de la Junta se unen, por tanto, a los que este lunes también optaban por no declarar ante la jueza después de que Anticorrupción entienda que la jueza ya no es competente para seguir investigando la causa al haber aforados implicados.
En diciembre, Cañete ya fue imputado por tres presuntos delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos) y se limitó entonces a ratificar lo que dijo en la comisión parlamentaria como en un escrito en el que defendía que la Cámara de Cuentas de Andalucía “bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales del programa presupuestario 31.L, es decir, conceder ayudas en Empleo, transferir fondos a IDEA y encargar a ésta la materialización de los pagos”.
Alaya considera que Cañete “sería indiciariamente conocedor y responsable del falseamiento del presupuesto de IDEA” y asistiría a un consejo rector en el que propuso la ratificación de dos convenios de ayudas a empresas por importe cada una de ellas de 1,1 millones de euros “para pago en ambos casos de deudas con la Seguridad Social, cuando por el contrario para recibir tales subvenciones, de acuerdo con su normativa reguladora, el beneficiario tenía que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”.
Por su parte, tampoco han querido prestar declaración ni el exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2005 y 2010, y vicepresidente de IDEA entre 2005 y 2008, Jesús María Rodríguez, ni el director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero; ni el director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González; ni exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz.
La jueza dice en su último auto de imputaciones, en relación a Rodríguez Román, que asistió a once sesiones del consejo rector “con el conocimiento que le otorgaba su cargo del sistema heredado de la Consejería de Empleo y con el apoyo explícito al mismo, no solo expresado a su director general, sino evidenciado en la conocida 'prórroga tácita del convenio' y sobre todo en la línea absoluta de continuidad con el referido sistema, pese a conocer de primera mano el importante déficit presupuestario existente”, votando favorablemente a la ratificación o autorización de 18 convenios con la Dirección General de Trabajo en las once sesiones a las que asistió.
Acerca de López Casero, la instructora señala que asistió a 20 sesiones de las analizadas en las que se le dio cuenta de 68 convenios suscritos entre la Dirección de Trabajo e IFA para el otorgamiento y pago de las subvenciones que había comprometido la primera mediante el uso de las transferencias de financiación, “fondos que eran anticipados por IFA, generándose un importante déficit presupuestario” en la Consejería de Empleo. Este imputado, además “no opuso reparo alguno a los convenios citados, votando favorablemente en siete sesiones a 25 convenios”.
La jueza relata en su último auto que el director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González, asistió a 17 sesiones del Consejo Rector en las que “se le dio cuenta sin oponer reparo alguno de la suscripción de 48 convenios y votó favorablemente a la firma de 25 convenios, nueve directamente y 16 al delegar su voto en el presidente”, que era José Antonio Viera.
