Moreno se desmarca del pacto PP-Vox en Castilla y León para no hipotecar su campaña en las elecciones andaluzas

El pacto de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León ha zarandeado, una vez más, la escena política andaluza, en pleno año electoral en la comunidad. La entrada de la ultraderecha en el Ejecutivo del popular Alfonso Fernández Mañueco -con la presidencia de las Cortes, más una vicepresidencia y cuatro sillones en el Consejo de Gobierno- hipoteca el mensaje y la campaña de Juan Manuel Moreno, a la par que rearma a sus adversarios de izquierdas con el temido advenimiento de la derecha más radical.

La noticia del acuerdo entre PP y Vox ha coincidido con la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, cambiando drásticamente el guión de las interpelaciones de la oposición al presidente. A la salida del hemiciclo, Moreno se ha apresurado a hacer declaraciones a los periodistas para desmarcarse cuanto antes del escenario castellanoleonés. “Andalucía es Andalucía y Castilla y León es Castilla y León. Que nadie piense que lo que ocurre en una comunidad autónoma va a marcar a otra, porque no va a pasar así”, ha dicho, tajante. Es el relato con el que, a partir de ahora, van a machacar tanto el PP andaluz como Ciudadanos, conscientes de que los grupos de izquierdas “tienen ya hecha la campaña electoral con el miedo a Vox y a Macarena Olona de vicepresidenta andaluza”.

Moreno ha recordado que el PP es un partido “descentralizado que cree en la España autonómica, donde cada realidad sociológica marca los acuerdos que quiera adoptar en sus legítimos parlamentos, por tanto es Mañueco al que corresponde tomar las decisiones que considere más óptimas para su comunidad. Máximo respeto para él, como espero que tengan conmigo cuando me toque tomar decisiones”, ha advertido. El presidente andaluz sale al ruedo electoral con una aspiración “no utópica” de alcanzar una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario y no depender de Vox en un hipotético Gobierno de coalición.

“No va a necesitar a Vox”

Fuentes próximas a Moreno aseguran que el Ejecutivo andaluz maneja varias encuestas de intención de voto que sitúan al PP próximo a su máximo histórico, en una horquilla de 48 a 50 diputados, siendo la mayoría absoluta de 55. El equipo del presidente andaluz está convencido de que “no va a necesitar a Vox para gobernar la próxima legislatura”, como le ha ocurrido a Mañueco en Castilla y León, pero piden cautela hasta conocer los resultados de los comicios. Por ahora, la versión oficial es que el pacto PP-Vox en la comunidad vecina no ha cambiado el plan previsto de Moreno de agotar la legislatura y convocar los comicios el próximo otoño.

Si la aritmética parlamentaria que arrojen las elecciones andaluzas obliga finalmente a negociar algún tipo de acuerdo con la extrema derecha, desde San Telmo recuerdan que el presidente de la Junta ya ha marcado “una línea roja clara: el Estatuto de Autonomía andaluz”.

Minutos antes de conocerse el pacto, Moreno se ha enfrentado al primer cara a cara de la sesión de control con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, que le ha recordado su objetivo de entrar en el próximo Ejecutivo andaluz. El presidente, que ya había sido informado del pacto cerrado en Castilla y León, ha replicado con dureza que el partido de Santiago Abascal no puede sustentar a un gobierno “fuerte” en Andalucía, porque “no cree en la Unión Europea ni en el Estatuto de Autonomía ni en la comunidad autónoma”.

La portavoz socialista, Ángeles Ferriz, ha vuelto a preguntarle si “llegado el caso” pactará un Gobierno con Vox. La misma pregunta sesión tras sesión de control desde hace meses, esta vez con la sombra del pacto del PP y la ultraderecha en Castilla y León. Moreno ha vuelto a tirar de manual: devuelve al PSOE la pregunta señalando a los aliados de legislatura de Pedro Sánchez -“nacionalistas, independentistas, la izquierda radical y los herederos de ETA”, en referencia a Bildu. En los pasillos de la Cámara ha sido más claro ante los periodistas: “No tengo una bola de cristal, no conozco los resultados” que darán las elecciones.

Aunque el mensaje de Moreno ha sido rotundo, la preocupación en San Telmo es notoria. El Gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León era “el peor de los escenarios posibles” antes de las elecciones andaluzas. Este fin de semana, el presidente volvió a insistir en una entrevista a El País en que su intención es agotar la legislatura y convocar “en otoño”, postergando las dos fechas que había barajado previamente: junio u octubre. La fecha tope legal para celebrar los comicios es el 27 de noviembre, aunque el presidente debe disolver las Cortes y convocar 54 días antes de que se abran las urnas.

Dos estrategias

En el seno del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos confrontan dos estrategias respecto al mejor momento para convocar las elecciones: entre los dirigentes populares hay quienes se inclinan por “aprovechar el tirón” del congreso extraordinario del PP, que se celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril, y que encumbrará a la presidencia al gallego Alberto Núñez Feijóo. “El presidente Juanma Moreno y el PP andaluz saldrán del cónclave con un peso significativo en la nueva dirección nacional del partido”, advierten las fuentes consultadas.

Enfrente, hay una corriente que discrepa, que piensa que el momento del adelanto electoral como ventaja estratégica del presidente andaluz “ha pasado”, y que ahora toca agotar la legislatura y convertir este compromiso político “en un valor de estabilidad y fiabilidad” de cara a las elecciones. Moreno lleva manoseando la opción del adelanto electoral desde septiembre de 2021, cuando su socio de legislatura, Vox, rompe relaciones con su Gobierno e intensifica su campaña de ataques para que disuelva las Cortes.

En noviembre cristaliza esa nueva estrategia en la enmienda a la totalidad que tumba los Presupuestos Autonómicos para 2022. Las encuestas entonces, internas y públicas, situaban al PP al borde de la mayoría absoluta [55 escaños], rozando los 50 diputados que representan el techo electoral de los populares en Andalucía [2012, con Javier Arenas como candidato]. Fuentes próximas al presidente andaluz recalcan que ese escenario aún es posible, a tenor de los datos que manejan en el Ejecutivo.

Los populares andaluces tenían esperanzas de que la coalición de Gobierno PP-Vox no llegase a cristalizar en Castilla y León. “A Vox no le interesa la gestión, ellos quieren marcar el debate político con sus guerras culturales”, decía un dirigente regional. En San Telmo incluso barajan la repetición electoral como “mal menor”, antes que ver a los de Abascal en el Ejecutivo de Mañueco, proyectando su sombra sobre las andaluzas.

El primer Gobierno autonómico de España con la ultraderecha dentro cruza un Rubicón, y a partir de ahora la dirección nacional del PP, con Feijóo al frente, tratará de defender la legitimidad de los votantes de Vox y la autonomía de Mañueco para formar a su equipo. Es el mismo esquema que se dibujó en Andalucía en diciembre de 2018, cuando los de Abascal irrumpen por primera vez en un Parlamento autonómico: negocian el control de la Cámara legislativa con PP y Ciudadanos, luego sellan un pacto de estabilidad, que se sustenta en la aprobación de tres presupuestos autonómicos y un puñado de leyes.

Vox ha garantizado la gobernabilidad tranquila de Moreno estos tres años, con apenas zarandeos graves. Hasta ahora lo había hecho como socio externo y ahora aspira a entrar en el próximo Consejo de Gobierno. En esos tres años, el presidente andaluz se ha labrado una imagen de político moderado, centrista, andalucista, consciente de la realidad sociológica de la comunidad que gobierna -históricamente en el centro izquierda- y capaz de borrar el miedo endémico a un gobierno de derechas en Andalucía. “Ese cuento ya no engaña a nadie”, dijo en el congreso regional del que salió reelegido presidente del PP andaluz.

Está por ver si a la izquierda le funciona “ese cuento” con la foto de Vox dentro de un Gobierno popular. En las elecciones de 2018 ese mensaje no caló, no fue suficiente como para recuperar a los 700.000 votantes de izquierdas que se quedaron en sus casas -400.000 del PSOE y 300.000 de Adelante Andalucía-.