La nueva prórroga de los contratos a dedo con clínicas privadas concita las críticas de toda la izquierda al Gobierno andaluz

La izquierda andaluza ha coincidido este miércoles en su rechazo a la decisión del Gobierno de Juan Manuel Moreno de renovar los conciertos sanitarios con clínicas privadas. PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía han mostrado su sintonía en considerar esta decisión como un paso que ahonda en la privatización de la sanidad pública.

Todo el arco parlamentario progresista ha criticado duramente a la Junta por aprobar, en el Consejo de Gobierno del martes, una prórroga de seis meses a los contratos negociados sin publicidad (a dedo) suscritos con hospitales privados de Sevilla para derivar a cientos de pacientes en lista de espera.

La ampliación del contrato hasta julio de 2025 costará otros 31,5 millones para la provincia de Sevilla -el doble de lo gastado en los primeros seis meses de vigencia- y otros 17 millones para la prórroga suscrita con las clínicas privadas de Almería, aprobada la semana pasada. La Consejería de Salud ha confirmado a elDiario.es que el Ejecutivo andaluz prorrogará estos contratos en el resto de las provincias, duplicando la asignación presupuestaria inicial por encima de los 222 millones de euros.

PSOE: “Están privatizando”

En rueda de prensa la parlamentaria autonómica socialista Isabel Ambrosio ha situado esta decisión como un hecho representativo de que la sanidad autonómica “se sigue privatizando y con contratos a dedo” por cuanto ha esgrimido que “haciendo uso de las prórrogas se sigue engordando el asunto”. “Se sigue confirmando que la derivación de los recursos públicos a la sanidad privada sigue siendo una constante y ya con mucha falta de información y, sobre todo, evitando ese control y esa transparencia”, ha expresado Ambrosio.

El Gobierno de Moreno ha decidio prorrogar los contratos a dedo con la sanidad privada mientras un juzgado de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción investigan por un posible delito de prevaricación los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2024. En esta causa están imputados la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Los contratos negociados sin publicidad ni concurrencia competitiva son una modalidad excepcional que permite la ley para casos de “imperiosa urgencia”. La Junta justifica este procedimiento argumentando que el impacto que causó la pandemia de Covid-19 en el sistema asistencial público sigue notándose cinco años después en las abultadas listas de espera para operarse.

Ambrosio ha recordado que la causa judicial contra el Gobierno andaluz por los contratos sanitarios parte de una denuncia del PSOE. “Primero dijeron que era una falta administrativa o que pudiera tener un reproche administrativo y a lo largo de los días la investigación avanza y estamos hablando, sin duda, del mayor caso de corrupción en contratación sanitaria que a día de hoy tiene a tres altos cargos de la Junta de Andalucía imputados”, ha advertido.

Podemos: “Se llenan los bolsillos”

En esta línea la coordinadora general Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha considerado que la Junta de Andalucía haya renovado contratos con clínicas privadas “corresponde a una estrategia del PP puro y duro, que sigue el proceso de desviar dinero público, dinero del SAS a clínicas privadas y a empresarios cuyo fin con la sanidad es el puro negocio, llenarse los bolsillos”.

Martínez ha denunciado que “todo lo que Moreno Bonilla desvía a la privada lo que hace es acrecentar una brecha entre lo público y lo privado, porque todo lo que va a la privada dejar de ir a la pública”. La líder de Podemos Andalucía ha asegurado en una nota de prensa que “con estos nuevos 222 millones de euros se podría haber mejorado las condiciones laborales de los sanitarios o haber contratado a 6.000 profesionales más”.

Podemos Andalucía ha argumentado que esa decisión de renovar los conciertos sanitarios no se trata de un hecho “casual” y que es “es fruto de un modelo y de las conexiones del PP en toda España, también en Andalucía, con las empresas privadas, como cuando hemos vistos los halagos del presidente de Asisa a Ayuso”. Martínez ha reclamado “reaccionar ante lo que están haciendo porque el daño que se está haciendo va a costar mucho poder arreglarlo”.

Por Andalucía: “Las privadas se forran”

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía e integrante de IU Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que esa externalización de contratos sanitarios que hace el Gobierno andaluz supone que “otra vez Moreno Bonilla lo que hace es sacar dinero de la sanidad pública, el dinero que debería estar para resolver todos esos problemas, para entregárselo nuevamente a dedo a las clínicas privadas que se están forrando en Andalucía con este despropósito y este caos calculado que están provocando Moreno Bonilla y el PP en Andalucía”.

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Nieto ha enmarcado esa decisión en un momento en que es “prácticamente imposible conseguir una cita en la mayoría de los centros de salud de Andalucía, con las urgencias hospitalarias colapsadas”, al tiempo que ha advertido de que la sanidad pública andaluza cuenta “con 4.000 profesionales menos que el año pasado trabajando”, además de “con la nómina recortada”.

“Hay más personas que nunca esperando a ser atendidas, ya sea para ser diagnosticadas, ya sea para ser operadas”, ha considerado la portavoz de la confluencia de Por Andalucía.

Adelante Andalucía: “Es vergonzoso”

La parlamentaria autonómica del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora se ha declarado “completamente sorprendida” por el hecho de que la Junta de Andalucía “vuelva a utilizar los contratos de emergencia del Covid para volver a seguir prorrogando contratos a dedo a clínicas privadas”, para concluir que se trata de “una absoluta vergüenza, una salvajada”.

“Ahora entendemos por qué se cesó a la interventora general de la Junta de Andalucía”, ha afirmado Mora, quien ha considerado que el relevo de María Antonia González Pons, quien ha sido la máxima responsable de ese organismo de fiscalización interna entre septiembre de 2022 hasta enero de 2025, obedece a que “era la persona que desde dentro estaba señalando las ilegalidades que se estaban cometiendo y, como se querían seguir cometiendo, se le ha quitado de en medio”.

“Todo esto nos parece absolutamente vergonzoso, es un escándalo del que debería responder directamente Moreno Bonilla, y están callados, sin dar ningún tipo de explicación”, ha continuado explicando Maribel Mora.

La diputada de Adelante Andalucía ha recordado que los contratos sanitarios de emergencia “están en los tribunales, se les está investigando por prevaricación” y ha afirmado que “la mayoría absoluta les vale para seguir utilizando el dinero de los servicios públicos para contratos a dedo, saltándose la legalidad y, por supuesto, dándoselo a empresas amigas que, al final, terminan en detrimento del servicio público”.

Mora ha indicado que “esperemos que Moreno Bonilla, a la menor brevedad, pueda dar una explicación y pueda decir por qué en un presunto delito de prevaricación se sigue actuando de la misma manera y perpetuando esta barbaridad”.