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Las ONG andaluzas, desbordadas por recortes, impagos y la creciente demanda

Fotografía: Luis Serrano

Marta Ferraro

No dan abasto. Con más personas a las que atender y menos recursos, las ONG en Andalucía hacen encajes de bolillos para continuar su trabajo. justo en el día del Voluntariado, cada vez con más voluntarios y con menos profesionales. Con más voluntad y con menos medios. Los programas de ayuda a largo plazo dan paso a las soluciones de emergencia. Y todo, en un contexto que grita que el 40% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social y la atención estatal al menos favorecido se debilita, denuncian.

“Crece el número de ONG que cierra la persiana o que hace llamamientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales solicitando donativos”, denuncia Mikel Araguás, vicepresidente de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). Según Araguás, la situación que viven estas organizaciones se debe principalmente a tres factores: los recortes en políticas sociales, los impagos por parte de la Administración y el aumento de personas que se acercan a las sedes en busca de soluciones cotidianas. “Porque el Estado no se las ofrece y acuden a nosotros como un hombro en el que llorar”, explica.

¿Dónde está el Estado?

Araguás advierte del peligro que supone que las organizaciones estén asumiendo estas responsabilidades. “No podemos dejar esta función en manos del voluntariado o del voluntarismo, tenemos que tener nuestras estructuras públicas; el papel de las entidades sociales debería ser subsidiario y sin embargo, hoy por hoy, es protagonista”, indica.

El II Plan Estratégico del tercer sector de acción social es uno de los últimos documentos elaborados por EAPN-A para analizar la situación actual que vive este tipo de entidades. Según el estudio, la mayoría de ellas no dispone de medios para ofrecer unas prestaciones adecuadas y casi ninguna puede emprender estrategias de financiación para mejorar su contexto. El informe revela también el incremento y alto nivel de implicación del voluntariado hasta el punto de llegar a poner en riesgo sus propios bienes para mantener la acción de la organización.

“La sociedad piensa en sus vecinos y esa es la mirada positiva del asunto”, continúa Araguás, que insiste en no dejar al tercer sector en manos de la solidaridad. “Nuestras coordenadas y nuestro modelo de sociedad están cambiando y no nos damos ni cuenta. Desaparece una ayuda social y al día siguiente nos acostumbramos a no contar con ella. Si seguimos así, llegaremos a un modelo donde sólo unos pocos vivan bien y el resto, muy mal”, afirma.

Profesionales necesarios pero sin trabajo

En la misma línea, Omar El Hartiti, presidente de la Fundación Sevilla Acoge, considera que la situación “se está haciendo insostenible y puede provocar un paro cardiaco en cualquier momento”. Su fundación ha sido una de las últimas en pedir ayuda a través de los medios de comunicación para recaudar fondos ante la imposibilidad de atender a todas las personas que acuden a ella. “No podemos hacer más con menos. Los trabajadores en ocasiones nos sentimos impotentes por todas esas personas a las que no podemos ayudar por escasez de recursos”, señala Esther Aguilera, orientadora laboral y portavoz de los trabajadores de la entidad.

La Fundación Sevilla Acoge, que tradicionalmente ha contado para su financiación con fondos públicos (aunque también con ayudas del ámbito privado y donaciones), ha visto recortado su presupuesto en un 50%. Este hecho, para su directora, Ángela Paschoeto, “provoca un doble daño” porque deja sin atención a colectivos en riesgo de exclusión social y lleva al desempleo a muchos profesionales. Paschoeto insiste en que no se debe olvidar el papel de las entidades sociales como empleadoras de profesionales del sector social. Así, recuerda que “trabajadores sociales, psicólogos, educadores, monitores, pedagogos y orientadores laborales se han visto sin su empleo a causa de los recortes”.

En la actualidad, en Sevilla Acoge trabajan 22 personas de forma remunerada, aunque la mayoría establece su relación laboral con la empresa a través de contratos a tiempo parcial. La institución cuenta con 66 personas que trabajan como voluntarios, una cifra que se ha visto incrementada, como en otras instituciones, en los últimos años.

“El perfil del voluntario está cambiando”, explica Paschoeto, “porque aunque la mayoría son jubilados y estudiantes, ahora se están incorporando muchas personas desempleadas que, mientras no encuentran un trabajo remunerado, aportan su colaboración a las entidades sociales”. Algunas de ellas son personas que han estado trabajando con un contrato para la organización y que, una vez finalizado, han decidido continuar su labor de manera altruista.

El inmigrante, “en la más completa marginación del sistema”

En 2012, más de 4.500 personas se han visto beneficiadas por los servicios de Sevilla Acoge que, aunque cada vez atiende a más españoles castigados por la crisis, se ocupa desde sus orígenes en 1985 a prestar apoyo al colectivo inmigrante.

Paschoeto recuerda que, en este contexto de desamparo, el inmigrante se lleva la peor parte. “La situación ha empeorado muchísimo para ellos porque se han quedado sin ingresos y no cuentan en España con redes familiares de apoyo”, indica. “Además, al no cotizar suficientes meses, pierden la posibilidad de renovar sus permisos de residencia viéndose atrapados en la más completa marginación del sistema”.

Cuando se le pregunta a Paschoeto por posibles soluciones, la directora dirige su mirada tanto a las administraciones públicas, que pueden llevar a cabo “políticas inclusivas”, como al ciudadano, que “debe estar pendiente” de las decisiones de sus representantes.

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