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Partidos y colectivos ciudadanos se movilizan ante el juicio por la ampliación del vertedero de residuos de Nerva

Archivo - Imagen de archivo del vertdero de Nerva (Huelva)

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Huelva —

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Representantes políticos de Nerva (Huelva) y de los colectivos ecologistas y sociales contrarios al vertedero de residuos ubicado en el municipio se concentrarán el próximo miércoles 11 de junio en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Huelva, donde a las 12,50 horas se celebra la vista por la denuncia interpuesta por la empresa DSM contra el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción después de que en febrero de 2023 el Consistorio denegase la licencia de obra mayor para ejecutar las fases 2 y 3 del recrecimiento de la instalación.

Todos los partidos con representación política en el Consistorio --IU-Por Andalucía, PP, PSOE y XNerva-- y los colectivos --Antivertederos Nerva, Ecologistas en Acción, Movimiento Ciudadano ni Vertedero, ni Tecnosuelos, Nerva Salud y Dignidad y Riotinto Salud y Dignidad-- participarán en esta concentración.

La vista se celebra por la demanda ante un juzgado contencioso-administrativo que interpuso la empresa gestora del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, tras la denegación de licencia de obras para ejecutar las fases 2 y 3 para su recrecimiento. La empresa pretende que el juzgado declare que la negativa es ilegal.

La instalación está frecuentemente bajo el foco. En 2022, el Gobierno paralizó la llegada de residuos procedentes de Montenegro tras detectar que excedían de la cantidad permitida. Concejales del PP en la localidad renunciaron a la política por “dignidad” y “conciencia” tras denunciar la inacción de Juan Manuel Moreno. Los vecinos han celebrado nutridas manifestaciones para reclamar el cierre de la instalación.

La disputa entre Ayuntamiento y empresa

El Ayuntamiento justificó la denegación del permiso en que “no encontraba amparo en la declaración inicial de utilidad publica e interés social que en su día emitió la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y urbanismo y que posibilitó la instalación”.

La empresa invoca la nulidad de la resolución por haberse dictado ignorando mientras el procedimiento estaba en trámite de audiencia, según alega, lo que podría ocasionar “consecuencias de una gran trascendencia para todos los intereses en juego”.

En su recurso administrativo, la empresa recuerda que “ya tenían concedida licencia para la primera fase del proyecto” y que “el propio Ayuntamiento en diciembre del 2019 ya emitió un informe positivo de compatibilidad urbanística que ya incluía todas las fases del proyecto. En ese momento el Ayuntamiento no expuso ni oposición ni reparo alguno al mismo”.

Por ese motivo, considera que la licencia de obra denegada es “la continuación de la fase I que actualmente se encuentra en ejecución, no son obras de naturaleza distinta”, así como afirmó que “la primera consecuencia y la más importante” sería “la imposibilidad de clausura de los vasos en condiciones de seguridad ambiental”, explicando que “no realizar el canal propuesto, imposibilita la clausura del vaso de Residuos Peligrosos en las condiciones autorizadas por la administración medioambiental”.

DSM afirmó que haría responsable de cualquier incidente derivado de la no ejecución de la obra al Ayuntamiento de Nerva“, además de que esta decisión iba a causar ”un perjuicio incalculable“ a la compañía.

Comunicado de los partidos y los movimientos ciudadanos

En un comunicado suscrito por las formaciones políticas y los movimientos ciudadanos se señala que la autorización del recrecimiento del vertedero supone “eternizar la condena que viene sufriendo Nerva desde hace casi 30 años” en los que la ciudadanía “ha sido obligada a convivir junto a residuos procedentes de todo el mundo, depositados a 700 metros de sus casas”.

“Queremos el cierre del vertedero ya. Ha llegado el momento de que resuene en las distintas administraciones, el lamento de un pueblo masacrado, que clama por la justicia que hasta ahora se le ha venido negando”, concluye el comunicado.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción han señalado que la cota de recrecimiento “con la misma autorización desde 1996 ha crecido 20 metros” ya que “era de 305 y se encuentra actualmente en 325”.

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