En Andalucía, ocho de cada 10 personas con discapacidad en disposición de trabajar está en paro
En Andalucía viven unas 245.000 personas en edad de
trabajar que sufren algún tipo de discapacidad; de ellas, 80.700 son las
que realmente están en disposición de desarrollar un trabajo. El 80% de ellas están en paro, una cifra que se sitúa en más del doble del
36,37% de la tasa de paro general de los andaluces ofrecida en los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la búsqueda de oportunidades de empleo por parte de
las personas con discapacidad se convierte de este modo en uno de los mayores obstáculos
para lograr su autonomía, algo que se pone sobre la mesa en la
conmemoración este 3 de diciembre del Día Internacional de la Personas con
Discapacidad.
“Andalucía tiene que poner en marcha un completo plan
de empleo para estas personas. Un plan específico que ayude a la integración
laboral“. Es el punto de vista de la secretaria de Política Social de CCOO,
Rosa Berges, que presenta públicamente estos datos para llamar la atención de
instituciones y ciudadanía sobre los mismos.
La tasa de actividad de las personas con discapacidad
en Andalucía “supone apenas la mitad de la del resto de personas”, señalan
desde el sindicato y advierten de la necesidad de “reivindicar y
concienciar a la sociedad para conseguir que las personas con discapacidad
alcancen el nivel de emancipación e igualdad que merecen como ciudadanos de
pleno derecho“.
Porque la realidad señala cómo los andaluces con algún tipo de discapacidad están
sufriendo, “con más rigor si cabe, la dificultad de acceder a un empleo digno y
con derechos como consecuencia de la crisis económica y la equivocada política
económica de recortes que se viene aplicando en los últimos años“, algo que se traduce directamente en su calidad de vida.
Crisis, recortes y falta de presupuesto
Crisis, recortes y falta de presupuesto
Desde
el sindicato, son claros en su denuncia sobre la realidad que vive este sector
de la población andaluza: los recortes
económicos están dejando a muchas personas con discapacidad al borde de la
marginalidad.
La
crisis, los recortes y la merma de presupuestos sociales inciden directamente
sobre esta parte de la población andaluza. Esa suma de factores “está
suponiendo un retroceso enorme en los avances conseguidos hasta ahora en
materia de igualdad“, denuncia Berges y solicita a las administraciones una
serie de “medidas eficaces” de integración para dar salida a la situación que viven
actualmente las personas discapacitadas que buscan un empleo en Andalucía.
Facilitar su incorporación al mercado laboral es el objetivo primordial. Y, en
especial, de las mujeres, que representan la mayoría de las personas con
discapacidad en la comunidad autónoma y que, en una doble desigualdad, “tienen
tasas de actividad mucho más bajas y tasa de desempleo bastante más altas“.
Ley de Dependencia y cuota de reserva en empresas
Ley de Dependencia y cuota de reserva en empresas
Precisamente
entorno a ello, sobrevuela una petición: la preservación de la Ley de
Dependencia, “esencial para mejorar los niveles de autonomía de las personas”. Y
aquí, se llama la atención sobre los impagos de las administraciones públicas en
los servicios de atención a las personas dentro de la propia Ley de la Dependencia.
Pero no sólo los relativos a la ley. También “hay que pagar a las empresas y
entidades que mantienen el empleo protegido“, señalan en relación a los retrasos en los pagos a organizaciones y asociaciones que se ocupan de estas personas.
Junto a esto, otra de las reivindicaciones de las personas con discapacidad es solicitar
el incremento de la cuota de reserva para este sector de la población en la
administración de la Junta de Andalucía hasta el 7%, de modo que se iguale así el
porcentaje que tiene la administración del Estado. “El empleo público
representa para las personas con discapacidad el 24% del total de sus puestos
de trabajo“, recuerdan desde CCOO.
Y por eso, exigen que se “haga un seguimiento real del cumplimiento de la reserva
en la administración y en las empresas privadas para planificar las ofertas de
empleo de forma que se impulse la incorporación de personas con discapacidad a
un puesto de trabajo“.
