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La falta de apoyo de Podemos e IU tumbará la auditoría de la Junta de Andalucía que exige el PP-A

Pleno del Parlamento de Andalucía.

Olga Granado

La proposición no de ley (PNL) por la que el PP-A pedirá en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía que se inste a la Junta de Andalucía a encargar una auditoría “externa” de las dos legislaturas pasadas, con sus siete presupuestos, tiene pocos visos de prosperar, toda vez que el PSOE-A (47 diputados) votará en contra, mientras que Podemos (15) e IU (5) han dejado claro este jueves que no van a apoyarla, sin definir si votarán en contra o se abstendrán. Que hipotéticamente la respaldara C's (9), que puso esta condición a Cristina Cifuentes para apoyar su investidura en la Comunidad de Madrid y que en el caso de Andalucía ha dicho que “no se opondrá”, no sumaría votos suficientes para su aprobación con los 33 escaños del PP-A.

Los argumentos de IU y Podemos para no apoyar la propuesta del PP-A se basan principalmente en que entienden que es un papel que corresponde a la Cámara de Cuentas, que precisamente exigen que sea dotada de más medios y ha prometido el Gobierno de Andalucía en reformar su ley en 2016, y también en que -sin decirlo con esta palabra- les parece una postura hipócrita de los populares. Cabe recordar que este miércoles, cuando el PP-A presentaba la PNL, fue la respuesta que dio el PSOE-A, saliendo en defensa de la Cámara de Cuentas para esta tarea fiscalizadora -pese a que la Junta de Andalucía ha contratado auditorías con empresas otras ocasiones- y acusando a los populares de querer “privatizar” el servicio.

En este contexto, el portavoz parlamentario de IU, Antonio Maíllo, ha considerado que “el PP-A está en una sobreactuación preelectoral en la que no tiene ningún escrúpulo en entrar en contradicciones”. De hecho, ha conminado a los populares, y también al PSOE-A, a pronunciarse sobre la PNL de su grupo -también para el próximo pleno- en la que se rechaza la colaboración público privada a la hora de ejecutar infraestructuras en Andalucía, toda vez que precisamente un informe de la Cámara de Cuentas ha alertado del desvío presupuestario que ha supuesto la fórmula.

Desde Podemos, que en su programa electoral tenía una propuesta similar, han matizado que lo que ellos quieren es “una auditoría ciudadana de la deuda”. En la misma línea, fuentes del grupo han precisado que “en Podemos causa sonrojo ver al PP-A y al PSOE-A poner en cuestión el trabajo de la cámara de Cuentas de una manera tan descarada”. De este modo, acusan al PP-A de olvidar que “según la legislación vigente, el sector público sólo es auditable por órganos de control externos”, y citan el caso del Tribunal de Cuentas y las cámaras en las comunidades autónomas donde las hay. “Esperemos que no tengan interés en elegir a la empresa auditora”, apostillan desde Podemos. Mientras, arremeten contra el PSOE-A por su “falsa e interesada defensa de la Cámara de Cuentas, a la que paraliza dotándola con recursos insuficientes”.

Podemos teme que detrás de ello se esconda “su estrategia para evitar su labor fiscalizadora sobre las cuentas de Susana Díaz”, en alusión a la presidenta de Andalucía. También subraya el grupo liderado por Teresa Rodríguez que el PSOE-A “obvia una y otra vez los informes de la Cámara de Cuentas en los casos de corrupción que protagoniza”. Y por último, recuerda tanto a socialistas como a populares que se pusieron de acuerdo para “blindar los sillones de la Cámara de Cuentas, que por su culpa, este órgano no está adaptado a la nueva realidad parlamentaria”, en referencia a los cambios poco antes de las elecciones autonómicos del pasado 22 de marzo para renovar sus cargos hasta 2017.

Por parte de C's, el secretario parlamentario del grupo, Sergio Romero, ha declarado a la agencia Europa Press que su formación “no se opondrá”. Ha dicho que C's “está a favor de una auditoría y también de que se conozca el destino de cada euro público”. Si bien, considera que el órgano de fiscalización que tendría que llevarla a cabo sería la Cámara de Cuentas. Ha recordado que se trata de “un órgano externo, que no es de la Junta de Andalucía, que es de extracción parlamentaria y cuyo mantenimiento nos cuesta a los andaluces 10 millones de euros al año”.

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