Seis diputados del PP-A y uno de IU, obligados a elegir entre el Parlamento andaluz o la alcaldía

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida este viernes y que avala la reforma de la Junta de Andalucía para hacer incompatible el cargo de diputado y alcalde o presidente de diputación obligará a siete del PP-A y a uno de IU a elegir entre la alcaldía o el escaño en el Parlamento de Andalucía. Varios ya han anunciado que se decantarán por la alcaldía, como es el caso de los alcaldes de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y Córdoba, José Antonio Nieto.

En el grupo parlamentario del PP-A hay actualmente siete afectados por esta sentencia, empezando por Dolores López, alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva) y secretaria general del partido en Andalucía, y tres regidores de capitales de provincia: los dos mencionados y Pedro Rodríguez (Huelva). Pero también se ven afectados los siguientes diputados que ostentan alcaldías: Esperanza Oña, de Fuengirola (Málaga); y José Cara, de La Mojonera (Almería). Mientras, Vicente Valero dejaba la alcaldía de Churriana de la Vega (Granada) hace apenas unas semanas y después de 27 años.

IU tiene el caso de Juan Manuel Sánchez Gordillo, como alcalde de Marinaleda, uno de los históricos porque es el único en toda Andalucía que lleva gobernando de manera ininterrumpida desde 1979, cuando la nueva democracia llegó a las administraciones locales. O sea, nueve mandatos a sus espaldas. Desde IU ha recalcado que la decisión es una cuestión “personal” de su diputado a la hora de decantarse por uno u otro cargo. Igualmente esta formación ha recibido con agrado la sentencia porque comparte la idea de no acumulación de cargos que defienden, según han apuntado fuentes de la dirección regional.

La filosofía de la medida es buscar la dedicación exclusiva para tarea tan ardua. Pero no todo lo ven así. En este

contexto, en el PP-A también han manifestado que corresponde a sus diputados la decisión, pero hay casos más complejos para el partido como es el de Dolores López. Pese a que el portavoz del grupo parlamentario es Carlos Rojas, curiosamente alcalde de Motril (Granada) hasta que dimitió en 2012 cuando el recurso ya estaba en el TC, Dolores López ha compartido en ocasiones este papel de ser referente del partido en la cámara, sin ir más lejos en el reciente Debate del Estado de la Comunidad. Máxime cuando el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, no tiene escaño. En este sentido, los populares están valorando el encaje de las decisiones que se adopten tras este varapalo del TC. “Hará lo mejor para el partido”, se han limitado a señalar desde la dirección regional.

Sí lo ha tenido claro de inmediato el alcalde de Sevilla, quien como se ha mencionado ya ha confirmado que renunciará a su acta de diputado, convencido de que su prioridad es la ciudad, como tantas veces ha señalado incluso cuando era presidente del PP-A y aspiraba a abandonar el cargo cuanto antes. También el alcalde de Córdoba ha anunciado que elige su ciudad. Tras mostrar su “absoluto respeto” a la sentencia, decía que su prioridad es Córdoba “sin ninguna duda”, como también dejaba de manifiesto en su perfil en Twitter.

En ambos casos, además, supondrá que tengan que dejar de cobrar como parlamentarios y percibir un sueldo de sus consistorios, al que habían renunciado. Precisamente en los sueldos se pone el ojo cuando se habla de este tipo de cuestiones. Básicamente porque ser parlamentario permite en la mayor parte de los casos tener mejor sueldo que de munícipe y justificar un ahorro a las arcas municipales si se renuncia a cobrar de éstas. Claro que esto no tiene por qué ser la regla ya que esta semana se conocía que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es el cargo público mejor pagado de España.

En el caso del Parlamento de Andalucía, para la presente legislatura, se ha fijado un sueldo de 3.113,26 euros brutos por mes, a los que hay que sumar el complemento por gastos de alojamiento y manutención con una dotación mínima de 200 euros por semana. La cantidad se eleva a 410 euros por semana si los diputados tienen su residencia habitual a más de 300 kilómetros de Sevilla y hasta los 500 para los integrantes de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios.

Pero no siempre se conviene cobrar como parlamentario. En este caso está el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que en 2010 figuraba en el listado de los 10 regidores mejor pagados del país. Cobraba entonces 97.182 euros brutos por año, cantidad que fue rebajando hasta los 67.892 para no superar la nómina de una Secretaría de Estado como se habían comprometido el PP y el PSOE cuando con la crisis la cuestión de los sueldos se convirtió en importante para mostrarse los políticos a una ciudadanía cada vez más harta.

Que se aplique de forma “inmediata”

Por su parte, el Gobierno de Andalucía ha celebrado el fallo y ha deseado que la aplicación de la norma se produzca de forma “inmediata” y que los diputados a los que afecta decidan “con prontitud”, tal y como expresaba en un comunicado el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En su opinión, la decisión del TC supone un “espaldarazo” a las posiciones que siempre ha defendido el Gobierno de Andalucía y “desacredita” la mantenida por el PP-A, que llenó su lista a las elecciones autonómicas de alcaldes en 2012.

De fondo, otra cuestión. En su día, la decisión del PSOE-A de expulsar a los alcaldes del Parlamento de Andalucía fue tomada por el PP-A como una “represalia” por su victoria en las elecciones municipales de 2011, donde se hicieron con el dominio de todas las capitales de provincia. El hecho de que el posterior pacto entre los socialistas de IU para el Gobierno de Andalucía incluyera por parte de la coalición de izquierdas unirse a esta idea de incompatibilidades -que no es única en Andalucía porque Galicia la aprobó y no fue recurrida por el Gobierno de España- sirvió también para dar un toque de atención a uno de sus diputados: el líder de la CUT (Candidatura de Unidad de los Trabajadores) y tantas veces díscolo en la disciplina de voto Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Cabe recordar que el Parlamento de Andalucía aprobó en 2011 modificar la Ley Electoral de Andalucía para hacer incompatibles estos cargos. Votó a favor sólo el PSOE-A, mientras que IU se abstuvo y el PP-A rechazó el cambio. La norma fue recurrida por el Gobierno de la Nación, y el TC decretó su suspensión mientras se decía. Su fallo ha llegado prácticamente dos años y medio después de que admitiera a trámite el recurso.