PSOE-A e IU se reúnen la semana próxima para hacer seguimiento del pacto tras las últimas diferencias
Después de las desavenencias las últimas semanas, PSOE-A e IU se apuntan a la terapia de pareja y el 9 de diciembre se sentarán los dos socios del Gobierno de Andalucía para hacer “seguimiento” del pacto, en una comisión que no se reúne desde septiembre. Las dos formaciones han asegurado que esta cita se circunscribe a la normalidad de un gobierno de coalición y tiene mucha lógica en la recta final de un ejercicio. Sobre la mesa estarán asuntos que, de manera más o menos explícita -y como lo lea cada cual- figuran en el Acuerdo por Andalucía, firmado por ambas fuerzas políticas.
Son compromisos que necesitan que se establezca ya una agenda clara cuando quedan dos años de mandato, y comienza a haber cierta prisa por las dos partes, que será todavía mayor cuando se aproximen los comicios. Es el caso, entre otros, del instituto público de crédito, la ley de memoria histórica, una reforma de la fiscalidad (con la tasa de las grandes superficies como principal hito) y la ley de renta básica (para garantizar un mínimo de ingresos a todos los hogares).
Precisamente, esta última es la que ha supuesto la escenificación más reciente de la tensión entre las dos formaciones, cuando IU, por boca de su portavoz en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, desveló en el pleno de la pasada semana que para final de año estaría creado el grupo de trabajo para la ley de renta básica, pillando por sorpresa a la propia presidenta Susana Díaz.
Con este anuncio, IU se lamía la herida por el varapalo que le había supuesto que el PSOE-A acogiera con tibieza la propuesta del vicepresidente Diego Valderas de garantizar que no se cortara la luz y el agua a las familias sin recursos, medida que pretendía que se llevara por decreto en el Consejo de Gobierno de hace un par de semanas y que fue frenada. Por ahora, ha quedado en una carta que el propio Diego Valderas ha anunciado que enviará a las compañías eléctricas y a los consistorios para que no se corten los servicios básicos a la gente en esta situación durante los rigores del invierno.
De hecho, la propuesta de IU fue seguida de unas declaraciones de Susana Díaz en el congreso extraordinario del PSOE-A en Granada que molestaron a sus socios -“no quiero titulares a costa de los más débiles”- porque quisieron darse por aludidos. Y es que la relación entre dos es un permanente tira y afloja. Se ha visto cuando el PSOE ha dado carpetazo a la tasa de las grandes superficies promovida por IU, que como mucho se verá para los presupuestos autonómicos de 2015; ha dejado en “observatorio” el banco de tierras que propugnaban también sus socios; y más recientemente, ha aparcado lo referido de la luz y el agua.
“Solidez” en la tensión
Ni desde el PSOE-A ni desde la coalición han querido este lunes hablar de diferencias, sino que insisten en ratificar la “solidez” del pacto, pero lo cierto es que la tensión ha sido bastante explícita. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha dicho que la reunión de la próxima semana es para concretar aspectos del trabajo que les queda por delante: “Juntos afrontamos una apasionante agenda legislativa”. Ha comentado también que el establecimiento de una renta básica está en el Estatuto de Autonomía -es un compromiso pendiente desde hace dos legislaturas- y se tiene que hacer, precisando que “no hay que darle mayor importancia” al hecho de que IU lo haya dado por hecho para este mes.
“En la comisión de evaluación y seguimiento se hará un estudio más exhaustivo de estas iniciativas, y las próximas semanas serán intensas porque a las leyes que están en trámite se unirán otras”, ha continuado, garantizando que se cumplirá “el 100% de los acuerdos”.
Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha insistido en la necesidad de establecer prioridades para el “cumplimiento del Acuerdo por Andalucía”. Ha dicho así que IU abordará durante el mes de diciembre “la envolvente política” de los presupuestos autonómicos de 2014 con iniciativas de carácter legislativo e institucional que sirvan para defender a Andalucía “de los ataques de la troika y para minimizar los impactos de los recortes impuestos por el Gobierno de España”.
Lo del mínimo vital de luz y agua ha sido lo que ha marcado el punto de inflexión, después de que los socialistas, con una Susana Díaz dispuesta a rentabilizar el compromiso más de izquierdas de su mandato, no estén dispuestos a seguir dejándose comer el terreno en medidas de calado social y de impacto mediático. Desde IU insisten en que ellos no se apuntan como suyas medidas del gobierno de coalición, pero lo cierto es que hay un reparto de competencias y propuestas tan llamativas como la Ley de la Función Social de la Vivienda o la más reciente, del proyecto piloto para ensayar el alquiler compensatorio -trabajos comunitarios para compensar los impagos de mensualidades en las VPO- han salido de sus departamentos. Incluso IU se ha apuntado medidas para mejorar el decreto contra la exclusión social, con la garantía de tres comidas diarias para los escolares. Es, en definitiva, el difícil ejercicio de conciliar los logros del proyecto en pareja sin renunciar a que son dos.
