Morosidad e insolvencia vuelven a niveles previos a la crisis en Aragón: ¿sanación o inanición?
Ocho años después, el volumen de ejecuciones hipotecarias que la banca dirige contra sus clientes, la cifra de demandas de los trabajadores a los empresarios por impago de salarios y el número de declaraciones de insolvencia de las empresas regresan en Aragón a los niveles del inicio de la crisis, según indican las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Pero, se trata de un cuadro de sanación o de inanición económica? La interpretación del desplome de la morosidad y de los menores índices de falta de liquidez resulta compleja. De hecho, los propios datos son engañosos al coincidir con un notable encogimiento de los escenarios en los que tienen lugar.
Los tribunales aragoneses recibieron el año pasado 1.428 demandas de ejecución de bienes hipotecados por impago de los préstamos, una cifra que solo empeora las 1.254 y las 545 de 2008 y de 2007, y que se sitúa claramente por debajo ya de la cota de las 2.000 anuales que se registraron de 2009 a 2012.
21.000 hipotecas menos con un recorte de 6.600 millones
La docena de procedimientos que los juzgados incoaban cada día hábil se ha quedado en apenas seis. Entre otros motivos, por la contracción del mercado hipotecario, que, solo en la provincia de Zaragoza, ha pasado de los 25.934 créditos por 4.671,9 millones del año de la Expo a las 7.464 por 882 millones de 2015.
Ha ocurrido algo similar con la conflictividad laboral. Las 2.660 demandas de reclamación de cantidad del año pasado resultan inferiores en número incluso a las 3.006 de 2008, y ocurre lo mismo con la impugnación de despidos, que el pasado ejercicio cayeron a 2.138, por 2.155 en 2008 y tras cotas como las 3.394 de 2013.
Esa evolución coincide, también, con una contracción del escenario: en la Comunidad, y pese a los dos últimos años de repunte, trabajan 66.000 personas menos que al acabar la Expo y han desaparecido más de 42.000 empleos asalariados del sector privado.
Menor insolvencia empresarial mientras crece la familiar y la de pymes
También regresa a niveles similares a los del inicio de la crisis la insolvencia empresarial. En este caso, tras una devastación del tejido societario.
Aragón no sumaba menos de 200 concursos de acreedores desde 2008, cuando alcanzó los 170, para volver a hacerlo en 2015, cuando sumó 190.
Más de 1.600 empresas se quedaron por el camino en esos años al caer en concursos que, en el 98 % de los casos, derivaban en liquidaciones cuya onda expansiva agravaba los problemas de desplome de rentas y de estrangulación del negocio de pymes y autónomos que desestabilizaron las estructuras sociales y, al mismo tiempo, ampliaba la intoxicación de activos que, tras los desmanes de la burbuja, llevó a la convulsión al sistema bancario.
Ese cuadro coincide con un repunte de los procedimientos monitorios, las demandas con las que particulares y empresas se reclaman deudas, y que ni siquiera requieren la intervención de un abogado cuando la cuantía de estas es inferior a 2.000 euros.
Este tipo de procedimiento, que revela la existencia de importantes bolsas de morosidad en el ámbito de familias, pymes y autónomos, aumentó el año pasado en Aragón por segundo ejercicio consecutivo. Se situó en 17.380; es decir, casi 80 por día hábil para presentarlos.
