Sobre familias vulnerables, gigantes empresariales y políticas públicas

Desde la crisis del 2008, los colectivos desfavorecidos han ido aumentando, tal y como se ha visto con esta nueva crisis sanitaria provocada por el covid, donde hemos comprobado que las personas vulnerables son las que peor lo tienen y más consecuencias sufren.

Es lo que ha sucedido el pasado 31 de mayo de 2022 en Pedrola, donde Endesa ha cortado el suministro de luz a 17 familias en situación de vulnerabilidad, es decir, hablamos de casi 90 personas, algunas de ellas menores y otras ancianas y con patologías crónicas.

El enganche a la luz de estas viviendas era ilegal, como señala Endesa, pero lo que no cuenta la compañía es que varias de estas familias solicitaron la puesta en marcha del servicio de forma legal y fue la propia empresa la que se negó por no contar las viviendas con una acometida reglamentaria. Deberíamos preguntarnos quién es el verdadero responsable de la complicada situación en la que se ha dejado desde hace dos meses y medio a estas familias. 

Este caso, como muchos otros, se debe a una situación de necesidad. Si centramos los esfuerzos de las administraciones públicas en establecer políticas igualitarias y que beneficien a toda la población, es aberrante que haya familias a las que se les niegue el suministro eléctrico. Mientras tanto, Endesa superó las previsiones de cierre de año en 2021, logrando un beneficio ordinario neto de 1.902 millones y en 2022, con toda la población padeciendo los efectos de inflación y la subida de los costes energéticos, este gigante empresarial sigue manteniendo sus objetivos. La empresa energética sigue creciendo mientras toda la población se empobrece y las personas en situación de vulnerabilidad ven como sus circunstancias se agravan aún más.

Afrontamos el reto de reducir la desigualdad para que nadie se encuentre en situación de exclusión, porque esas personas son parte de nuestra sociedad y son, en definitiva, tejido de la población. Sin embargo, ¿qué sucede cuando a estas personas vulnerables se las deja año tras año sin atención, sin cubrir sus necesidades? Su situación se torna aún más difícil hasta tal punto que ellas, por sí mismas, no pueden salir de una coyuntura cada vez más complicada.

Las instituciones públicas tienen el deber de velar por el bienestar y garantizar vidas dignas a toda la población y es ahí donde deben redundar los esfuerzos. Debemos entender que las personas que sufren una situación de vulnerabilidad parten de un estatus inferior al resto de la población, por ello las políticas que se deben realizar deben ser integradoras, para adaptarse a las circunstancias de cada momento, de cada situación, de cada persona y dar una respuesta rápida cuando nuestros ciudadanos lo demandan y nos necesitan.

No podemos permitir que la vulnerabilidad se cronifique en un estatus de la sociedad y, por ende, en una familia. Debemos fomentar sus capacidades, ayudándolas, asesorándolas y poniendo las herramientas necesarias para que, con esa ayuda, puedan salir de una situación precaria y avanzar por sí mismas.

Si una persona no tiene donde vivir, no tiene ingresos suficientes o no cuenta con recursos, deben ponerse las medidas necesarias para solventar esta situación, no se la puede dejar a su suerte.

Espero que reflexionemos sobre todo ello para decidir qué tipo de sociedad queremos construir entre todos. Confío en la capacidad de las administraciones para poner más esfuerzos en defensa de la ciudadanía frente a las grandes compañías. Y también espero que la reflexión alcance a un gigante corporativo como es Endesa, para que ponga fin a este problema y ni estas familias ni ninguna otra se vuelvan a ver en esta situación.