Otra vuelta de tuerca a la sinrazón política

La sesión del Congreso de los Diputados del pasado 3 de febrero durará mucho tiempo en nuestras memorias. Ya estábamos acostumbrados al tacticismo, a la crispación, a la demagogia, a prescindir de las políticas concretas -las que afectan al día a día de la gente- en pro del enfrentamiento global contra el Gobierno, a las mentiras…; pero en la sesión en la que se aprobó la reforma laboral se dio una vuelta de tuerca: aparecieron, además, los chantajes, el transfuguismo, las compraventas de votos. 

El jueves día 3 también será recordado por la aprobación de una ley que devuelve derechos a los trabajadores. Solo una parte de los que les arrebató Rajoy, pero una parte nada desdeñable. Con la aprobación de la reforma, los sectores más débiles de la clase obrera estarán más protegidos y, además, por primera vez en décadas, se ha hecho a través del diálogo social. 

El proceso de negociación y aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nos deja varios motivos de reflexión y análisis. El primero, la dificultad existente entre los partidos políticos para encontrar espacios de diálogo, zonas en las que sea posible llegar a acuerdos olvidándose de la política de bloques o de la lucha despiadada por el poder. Es de un sectarismo incapacitante la hipótesis de que no hay ninguna posibilidad de consenso, ninguna ley que pueda satisfacer aceptablemente a un amplio espectro del Parlamento.

Desde el comienzo de la legislatura, posiblemente por la debilidad de Casado, ha estado claro que el Partido Popular no iba a pactar con el Gobierno nada que no le fuese tremendamente ventajoso, como la renovación del Tribunal Constitucional, pero esa incapacidad política se ha extendido a la mayoría de los grupos parlamentarios. Los vetos cruzados son parte de la estrategia de los partidos, haciendo que la brecha entre bloques sea cada vez mayor. Ciudadanos vota a favor de la reforma laboral si con esto consigue que no lo hagan los independentistas. Lo mismo plantea ERC en relación a Ciudadanos. Qué sinsentido, ¿acaso se modifica el contenido de la ley propuesta según quien la vote?

Otra cuestión a aclarar es qué carácter debe tener el diálogo social y qué relación debe tener con el ámbito político. El diálogo, el esfuerzo por llegar a acuerdos, solo tiene sentido cuando tiene una transcendencia social; si el acuerdo tripartito se hubiese modificado sensiblemente en el Congreso, ¿para qué habrían servido los esfuerzos de los agentes sociales y el Gobierno? La participación en política de la ciudadanía no se debe limitar al voto cada cuatro años, participar en iniciativas legislativas o acuerdos como el de la reforma laboral, incrementan el compromiso democrático de quienes lo hacen, mejoran la calidad democrática de nuestras instituciones. Además, el Legislativo debería ser más sensible a los acuerdos entre las partes afectadas por la propuesta de ley, en este caso la normativa laboral que rige las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

Es cierto que, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha sido muy rígido al decir que CEOE no apoyaría una ley a la que se cambiase una coma del documento pactado. Es muy probable que esta rigidez se haya debido a la dificultad para lograr el consenso en la organización empresarial y, aunque la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales ya lo están reconociendo los jueces en algunas sentencias cuando se beneficia a los trabajadores, es posible que cualquier cambio hubiera reabierto el debate en el seno de la patronal. Y cuando el equilibrio es inestable, cualquier variación puede echar abajo el edificio.

El bloque de la investidura ha salido debilitado de este proceso, se han cometido demasiados errores y se ha llevado la confrontación más allá de lo prudente. El PSOE se la ha jugado confiando en los diputados de UPN -con las experiencias de transfuguismo que conocemos-, además, con un precio, en mi opinión, inaceptable: renunciar a la reprobación del alcalde de Pamplona. 

El PNV, presionado por los sindicatos nacionalistas vascos, se ha empeñado en algo meramente testimonial, con escasa repercusión real: la prevalencia de los convenios autonómicos. ¿Esa diferencia, que probablemente en un futuro próximo desaparezca, es suficiente para votar en contra? ¿No se podían haber abstenido?

El caso de ERC es todavía más incomprensible, sus votantes apoyan mayoritariamente la reforma, el sindicato con el que mayores vínculos tiene, UGT, es uno de los firmantes del acuerdo, el apoyo de los Comunes puede ser decisivo para la Generalitat… Rufián dice que no pueden apoyar la reforma porque lo conseguido es poco, ¿son más papistas que el Papa o no consideran a CC.OO. y UGT representativos de los trabajadores? En sus intervenciones, el portavoz de ERC menciona con frecuencia que no puede ser bueno algo que vota Ciudadanos y jalea Patricia Botín; no sé si se ha parado a pensar que la alternativa, lo que ellos han votado, lo votan PP y Vox y lo jalea el sector más retrógrado del empresariado.

Está claro que, con la actual composición del Congreso, con la cultura política dominante, la posibilidad de aprobar políticas trasversales, de avanzar en la legislatura mediante acuerdos de geometría variable es una utopía. Afortunadamente esto no pasa en todos los niveles políticos, en todas las instituciones. En multitud de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas se llegan a acuerdos de lo más variado, incluso entre el PP y Bildu. Y todavía sería más útil la política si se olvidasen de referenciarla permanentemente a la situación nacional.

Esperemos que los socios de investidura sean capaces de aprender de la experiencia y no se vuelva a repetir un caso como este. Está en cuestión la continuidad de la legislatura.