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ARAGÓN

Carcaboso, un caciquismo casposo

Carcaboso es un pueblo de Cáceres de 1.123 habitantes. En octubre de 2005, Alberto Cañedo, de Extremeños (una plataforma vecinal) se hizo con la Alcaldía tras una moción de censura al alcalde del PSOE, Alfonso Bueno Sánchez, que había sido recientemente elegido tras apartar al anterior alcalde, inhabilitado por prevaricación administrativa por las denuncias de dos concejales del PSOE (él y su hermano). Dos concejales con fuertes convicciones socialistas, ya que provenían de Alianza Popular.

Alcalde innovador que puso el germen de un modelo ecomunicipalista y participativo, Cañedo lideró un proceso que transformó la toma de decisiones e impulsó el camino hacia una nueva economía en Carcaboso. Escuelas abandonadas convertidas en centro agroecológico (que ha recibido varios premios, incluido uno de la Unesco); huertos y gallinero comunitarios; huerta Km. 0; consejo de mayores; bandera LGTB ondeando en el Ayuntamiento; declaración del municipio como insumiso al TTIP o libre de transgénicos y una apuesta por la economía sostenible y comunitaria basada en el apoyo mutuo y el emprendimiento social (Economía del Bien Común).

Como dice el mismo Alberto: “Me siento, sobre todo, víctima de un sistema político caciquil, donde participar en un partido pequeño que no forma parte del bipartidismo hace que lo tengas mucho más difícil para el trabajo diario. En un Ayuntamiento con proyectos muy buenos, muy innovadores, no hemos tenido apoyo institucional por parte de la Administración, la Junta o la Diputación, mientras que en municipios de la cuerda del PSOE tenían esa financiación. Me sentí primero víctima política, antes de tener denuncias, y cuando las denuncias han ido prosperando me he sentido víctima judicial.”

En 2007 y 2011 obtuvo mayoría absoluta con 4 y 5 concejales contra los 3 y 4 del PSOE, respectivamente.

Al poco empezó el calvario. Los hermanos Bueno (concejales del PSOE ya mencionados) fueron presentando preguntas al ayuntamiento desaforadamente, hasta 700 entre 2007 y 2009 (el triple que las recibidas en Plasencia, un pueblo cercano con una población 35 veces mayor). De ellas, 5 se respondieron más tarde de los 5 días que establece la norma. Hay que saber, también, que el Ayuntamiento de Carcaboso solo tiene un administrativo, un alguacil y un secretario. El juez de lo penal (en lo administrativo fue desestimado) lo condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Lo recurrió.

En 2009, un constructor comienza seis casas en una parcela de la familia Bueno. Quiebra casi al final de la obra y el alcalde decide conceder la licencia de primera ocupación a petición de los vecinos y del constructor. Sin embargo, este no acaba la obra y se queda sin urbanizar y sin poderse ejecutar el aval. Los vecinos (los padres y una tía de los hermanos Bueno y otros dos concejales el PSOE) deciden denunciar al alcalde, no al Ayuntamiento. El juez lo condena por prevaricación urbanística a ocho años de inhabilitación y 37.000 euros por responsabilidad civil, a pesar de que la sentencia rece; “no ha habido enriquecimiento alguno por parte de Alberto Cañedo, no ha obtenido ningún beneficio particular ni ha beneficiado a nadie concreto que no sean los legítimos propietarios de las viviendas.”  Recurrió. El alcalde se moja por la familia de los concejales socialistas y estos se lo pagan con iniquidad.

Pero aún hay más. Hay una tercera sentencia que le condena de nuevo, esta vez por desobediencia a la autoridad, a una nueva multa, por no haber dejado la Alcaldía cuando se le sentenció con inhabilitación para cargo público en 2015, a pesar de que estuviera recurrida. Fue otra denuncia de los hermanos Bueno.

“Cuando llegaba al juzgado las primeras veces iba tan tranquilo, confiando en que los jueces iban a poner un poco de cordura y de claridad en lo que estaba pasando. Y lo que me encontré es lo contrario, que el juzgado embrollaba más todavía la situación y ponía más puntos de locura en todo esto.”

“Alberto tuvo que dimitir y en 2015 nos presentamos de nuevo a las elecciones”, explica  Lorena Rodríguez, actual alcaldesa de Carcaboso por la formación extremeña. “En la oposición sigue el mismo concejal que puso las denuncias y continúa el mismo mecanismo de escritos y acoso diario hacia mí como lo hacía con él anteriormente con preguntas como a qué hora he llegado a casa, dónde he estado, dónde trabajo, etc. Todos los lunes tenemos cuatro o cinco escritos y paran numerosos proyectos para el pueblo como el de una radio comunitaria… Su estrategia es cansarnos para que nos vayamos. Parece que creen que en política todo vale, pero no es así. Han pasado los límites de lo político a lo personal”, denuncia Rodríguez. Tienen cuatro concejales frente a cuatro del PSOE y uno del PP, que se juntan para todo menos para darse la alcaldía, de momento.

El modus operandi se reproduce por todo el país. Un PSOE y un PP (y Cs) que se dicen enemigos pero que pactan casi todo para evitar que ayuntamientos del cambio puedan demostrar que saben gestionar mejor, no sólo las cuentas, sino todo lo demás, porque ponen el foco en la gente y no en el dinero. En Zaragoza lo sabemos bien. Azcón (PP) y Anadón (PSOE) van juntos a todas partes, hasta el punto que el primero va por la sede del PSOE como por la suya propia. Igual ocurre con Fernández (PSOE) y Casañal (Cs). El resultado fue el pacto contra Zaragoza que firmaron los tres partidos con el objetivo de acordar una serie de inversiones irrealizables que paralizaran el Ayuntamiento e impidieran realizar la política del gobierno (puede leer sobre él aquí).

Como resultado de todo el proceso, además de dejar la Alcaldía, Alberto está inhabilitado para cargo público durante 17 años y debe 120.000 euros entre sanciones, responsabilidad patrimonial, indemnizaciones a los vecinos de las casas y costas, que no puede pagar y que considera muy injustas. A esto hay que sumar sus propios gastos en abogados, desplazamientos y el pequeño esfuerzo personal que ha hecho en dar a conocer su caso, que se puede calificar de tremenda injusticia caciquil. Está arruinado, probablemente, de por vida. Esto contrasta, vergonzosamente, con los casos de corrupción juzgados (Urdangarin, Matas, Rato,...)

Para difundir su caso creó una página web https://apoyoalberto.com/web/ y ha publicado un libro, una entrevista que debió hacer en Barcelona, porque los periodistas extremeños no están para enfrentarse con el poder, con Eduardo Muriel. El título: “Entrevista con Alberto Cañedo, del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel”. Puede comprarse en la web.

Aunque ha recurrido a la justicia europea, su entrada en la cárcel parece próxima. Los recursos han sido negativos y el juez le ha condenado a 255 días de cárcel por no pagar las multas de la primera sentencia y a 270 por la tercera, ineludibles porque tiene tres condenas. Ha solicitado el indulto, que le ha sido recientemente denegado por el actual Gobierno de Sánchez, a pesar que en su corta andadura ya ha indultado a 17 personas, varias por los mismos “delitos” que Alberto y siempre sin justificar las decisiones como exige la jurisprudencia española. No parece políticamente lógico que un presidente del PSOE reste fuerza coercitiva a concejales socialistas, por poco éticos que sean. (Se puede firmar en apoyo al indulto de Alberto en la web, también)

Sin embargo, Lorena y Alberto no pierden la esperanza. “Hace falta recuperar la alegría, la consciencia de que la gente es capaz de cambiar las cosas”, expresa Alberto. “Si en vez de ser un solo pueblo, fuéramos 25 en toda Extremadura, coordinados, ya no tendríamos la misma fuerza. La multiplicaríamos de manera exponencial”. De hecho, ayer día 8 de febrero, el juzgado comunicó que conmutaba la primera condena de cárcel por trabajos sociales durante 170 días, “fruto de la presión social”, han comentado desde la Plataforma de apoyo a Alberto Cañedo. “Aunque lo más justo hubiera sido la revisión de la condena o el indulto, la conmutación viene a cumplir cierta dosis de justicia poética, ya que, en cierto modo, obliga a Cañedo a seguir realizando la labor altruista y comunitaria que lleva ejerciendo toda su vida y que, de alguna manera, fue la que le condujo a esta situación”.

Esta historia de Carcaboso, por desgracia no es una anécdota. Tanto el Partido Popular, por ese áurea mágica que supuso ganar la guerra, como el PSOE allí donde han gobernado, han impuesto sus normas de mediocridad y red clientelar en todos los ámbitos de la economía y la administración, de la que no ha escapado la judicatura. Unas normas no escritas que han favorecido la corrupción, la prepotencia y la impunidad.

Las amenazas de muerte a alcaldes y ediles que no tragan con la corrupción, como está pasando en Asturias a concejales de Izquierda Unida, las denuncias injustificadas y continuas a ediles del cambio como pasó con todo el equipo de Zaragoza en Común, la investigación de la vida personal de aquella gente que sí cree que la política es un servicio a la sociedad y no un negocio personal, son consecuencia de una permisividad injustificada (si no un apoyo descarado) de medios de comunicación, Administración y Justicia con los métodos caciquiles que emplean aquellos que sienten que les han quitado un sillón que consideran históricamente propio. Es el viejo caciquismo casposo de raigambre ancestral que la modernidad europea no ha podido (o querido) erradicar en España.

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