Degeneración democrática

La semana ha estado protagonizada por un par de casos de corruptelas, de dudas, de mentirijillas… que conviene repasar con algo de detalle.

El candidato por Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, demostró el martes no saber nada de la política aragonesa. Es lógico, hasta hace poco era directivo de un medio de comunicación y no ha tenido suficiente tiempo para estudiar. Sólo repite, por lo que se desprende de sus debates, lo que le escriben desde Madrid.

Por eso, patinó al pedir “un gran pacto por la regeneración democrática y la transparencia a todos los partidos políticos aragoneses”. No sabía que las Cortes de Aragón ya aprobaron una Ley de Integridad y Ética Pública, nacida de los acuerdos de investidura entre Podemos y PSOE, y orientada a prevenir la corrupción. Es cierto que las leyes a veces no se cumplen, pero suelen tener más fuerza que los pactos entre partidos.

El problema real no es que el fichaje estrella de Ciudadanos no sepa qué han hecho las Cortes en 4 años. El problema real es que Ciudadanos no puede presumir de ética ni regeneración. Buena parte de sus cargos provienen del PP o del PAR, por lo que no hay nuevas caras, sólo han cambiado de color. Y en cuanto a la ética, el candidato de Escucha es ilustrativo.

Se llama Luis Fernando Marín, es médico y en 2005, cuando era candidato a la Alcaldía por el PSOE, se aprovechó de su acceso a los historiales para imprimir y repartir entre los vecinos datos privados de uno de sus pacientes, que pertenecía a Chunta. Ganó las elecciones.

Después, fue juzgado, y condenado, pero la sentencia tardó varios años en ejecutarse, ya que Marín llegó a recurrir al Tribunal Constitucional (que falló en su contra). Durante ese tiempo, siguió viviendo en la casa del médico, propiedad del Ayuntamiento. Al llegar la sentencia final, tuvo que dejarla y llegó un nuevo médico. Descubrió irregularidades y denunció que Marín había reformado la vivienda a su gusto con dinero del pueblo; también había pasado a las arcas municipales los gastos de luz, teléfono y agua.

Ya antes, en 1999, fue condenado por una corruptela con fondos públicos. Chesús Yuste, denunció en su momento que Marín estuvo implicado en el “cambio irregular de destino” de subvenciones públicas y profirió insultos homófobos a un diputado de la formación en las Cortes de Aragón.

Ahora es el número 1 de Ciudadanos en Escucha.

Albert Rivera dijo que “nunca le temblará el pulso para luchar contra la corrupción.” Dijo que “la sociedad española necesita decisiones firmes y contundentes ante cualquier caso de corrupción”. Pero hace una excepción en Aragón.

En cuanto al PP, la pregunta de la semana es si Luis María Beamonte es o no licenciado en Derecho. Parece que sí, pero hace unos meses dijo que no por razones que no quedan muy claras. Sabemos que hay jóvenes que se quitan títulos del currículum para obtener un trabajo, pero no es algo habitual entre los políticos (más bien lo contrario). Hay otra noticia más… simbólica.

En corrupción, es difícil que el PP sorprenda, pero esta vez lo ha conseguido. Ha presentado en Manchones, un pueblo de la comarca de Daroca, una lista formada íntegramente por personas condenadas por la justicia.

El cabeza de lista admitió ante un juez que de cara a las municipales de 2015 empadronó a amigos, familiares y empleados “con el fin de que constasen como electores” y “a sabiendas de que no residían” en el pueblo. El pueblo tiene 98 habitantes, e infló el censo un 10 %; personas que iban a votar por él, claro. Pagó 1.500 euros de multa.

El segundo de la lista es un empresario que ha regentado varios clubes de alterne en Zaragoza y que fue condenado a cuatro años de prisión en Andalucía por obligar a mujeres a ejercer la prostitución. Ahora se dedica a la explotación de negocios hosteleros y compraventa de fincas rústicas y urbanas.

Parece una película de Berlanga, pero es la triste realidad.

Hay que recordar que el Partido Popular ha sido el único partido condenado por corrupción. Hace ahora un año, la Audiencia Nacional entendió que el partido se enriqueció “en perjuicio de los intereses del Estado”. Tras esto, vino la moción de censura y el relevo en la dirección, donde Pablo Casado dijo que se comprometía a que su partido fuera ejemplar y transparente. Pero, como Ciudadanos, parece que ha hecho una excepción en Aragón.

Presentan una lista como si fuera un reto, como si el responsable de organización hubiera dicho, en un bar: “¿Creeis que si ponemos a un montón de condenados seguiremos sacando votos?” Y se animaron, por probar.

De Vox, lo último que se sabe es que ha pedido a todos sus candidatos un certificado de antecedentes penales. Creo que eso lo dice todo de la confianza que tienen en ellos.

El trío de Colón es así. Parece que en sus estatutos exista una cláusula secreta que dice: “corrupción es lo que hacen los otros”.

Ya queda menos para el 26 de mayo.