Huesca vuelve la mirada al río Isuela: el proyecto del Ayuntamiento y Gobierno de Aragón choca con las dudas de ecologistas

La ciudad de Huesca ha vuelto a situar al río Isuela en el centro del debate público. La firma de un Protocolo General de Actuaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento supone la reactivación administrativa de una transformación que lleva más de una década pospuesta: la renaturalización del cauce a su paso por la capital oscense. El acuerdo pretende impulsar, durante los próximos tres años, un proyecto integral que actuará sobre 53 hectáreas, desde las fuentes de Marcelo hasta la zona de Salas, con el objetivo de recuperar la continuidad ecológica, restaurar zonas degradadas y mejorar la relación de la ciudad con su río.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, presentó el protocolo como “un proyecto para que los oscenses vivan de cara al río Isuela y lo sientan como una parte importante de su ciudad”, subrayando que renaturalizar un río “significa reforzar nuestra capacidad de adaptación frente al cambio climático y proteger a la ciudad de las inundaciones… mientras embellecemos el entorno urbano”. La voluntad política expresada por ambas instituciones reabre un proceso que ya tuvo un intento previo, paralizado en 2022 por falta de financiación estatal y europea. El ejecutivo autonómico reconoce que la concreción presupuestaria no llegará hasta 2026, cuando se definan los compromisos económicos de cada administración para la redacción del proyecto y las posteriores obras.

El anuncio, sin embargo, ha sido recibido con reservas por parte de Ecologistas en Acción, organización que desde hace años exige una intervención real en el tramo urbano canalizado y que en 2019 elaboró su propio proyecto de restauración fluvial. Tras la visita de Azcón, el colectivo denunció que el protocolo firmado es “un documento publicitario” y que no garantiza una renaturalización verdadera, sino la posibilidad de que el Isuela vuelva a quedar atrapado en una lógica exclusivamente hidráulica y urbanística.

En su comunicado, Ecologistas en Acción expresa dudas sobre la dirección del proyecto, sobre todo por el anuncio de que “se hablará de seguridad” y de que el tramo canalizado se considera “esencial para evitar inundaciones”. La asociación critica, además, la inversión prevista: cerca de 300.000 euros solo para la redacción del nuevo proyecto y más de 3 millones para las actuaciones posteriores. “¿En qué pretenden gastar tantos millones entonces?”, se preguntan, temiendo que el resultado final no sea una restauración fluvial sino nuevas canalizaciones, escolleras o motas.

A estas críticas se suma la exigencia de un proceso participativo real. Ecologistas en Acción reclama que “toda la ciudadanía interesada pueda expresar sus demandas y sus ideas para mejorar la calidad ambiental del río a su paso por la ciudad” y que las administraciones garanticen “un proceso absolutamente transparente en todos los contratos y actuaciones”.

Verdes Equo comparte buena parte de estas preocupaciones. Aunque valora positivamente el anuncio institucional, advierte de que “sin plazos concretos y compromisos claros el proyecto puede convertirse en otro anuncio incumplido”. Su portavoz en Huesca, Silvia Mellado, recuerda que “la salud del Isuela depende de algo más que de intenciones” y reclama coordinación efectiva con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para garantizar el respeto al caudal ecológico, “hoy inexistente”. La formación ecologista insiste en que se haga público un cronograma verificable, que el proyecto se ciña a criterios ambientales y que todo el proceso sea participativo y transparente.

El contraste entre el protocolo recién firmado y el proyecto elaborado en 2019 por Ecologistas en Acción vuelve a emerger en este debate. Aquel documento, fruto de un trabajo técnico multidisciplinar, planteaba un modelo de renaturalización basado en la recuperación de la dinámica fluvial, la eliminación de encauzamientos rígidos y la restitución de la vegetación de ribera. Sus diagnósticos señalaban ya entonces que la intervención debía centrarse en el tramo urbano canalizado y que la prioridad era restaurar la funcionalidad ecológica del río.

El propio proyecto advertía que “se detectan tramos del río donde el espacio fluvial se encuentra ocupado por infraestructuras, con encauzamientos rígidos que impiden el desarrollo natural del cauce y la vegetación” . Ecologistas en Acción proponía actuaciones de mínima intervención, alertando contra la repetición de modelos basados en hormigón o escolleras: “Las actuaciones deberían ir dirigidas preferentemente a retirar elementos de contención artificial, recuperar el espacio para el río y favorecer la regeneración espontánea de la vegetación de ribera”.

El documento también señalaba que la renaturalización debía integrar criterios de conectividad ecológica: “La continuidad longitudinal y transversal del río es fundamental para la recuperación de sus valores ambientales, debiendo eliminarse o minimizarse las barreras que fragmentan el ecosistema fluvial”. Esta afirmación cobra especial relevancia ahora que las administraciones anuncian un proyecto dividido en tres tramos -aguas arriba, urbano y aguas abajo-, pero sin detallar todavía cómo se garantizará esa continuidad.

Otro de los puntos clave del proyecto de 2019 era la regeneración de la vegetación de ribera. El documento identificaba especies degradadas o sustituidas por plantaciones ornamentales y abogaba por restablecer un bosque de ribera autóctono: “Es necesario recuperar alineaciones de especies propias del ecosistema fluvial, como sauces, chopos y fresnos, que han sido eliminadas o desplazadas por intervenciones urbanísticas”.

La calidad del agua aparecía igualmente como un factor determinante. El proyecto señalaba la necesidad de controlar vertidos difusos y mejorar los aportes desde zonas agrícolas y urbanas, recordando que “la salud del río depende no solo del cauce, sino también de las aguas que lo alimentan y de la gestión del territorio colindante” . Esta perspectiva vuelve a conectar con la advertencia actual de Verdes Equo sobre la necesidad de garantizar el caudal ecológico, recogido en el Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027.

A diferencia del protocolo firmado ahora por las administraciones, el proyecto de 2019 planteaba un modelo de actuación continua a lo largo de todo el cauce urbano. En él se señalaba que “el tramo canalizado constituye el principal obstáculo para la funcionalidad ecológica del río”, por lo que la actuación debía centrarse en ese punto y no en zonas periféricas . El documento describía cómo los muros rígidos reducen la capacidad del Isuela para amortiguar avenidas, degradan el hábitat de fauna acuática y limitan la vegetación de ribera. Para revertirlo, proponía “la eliminación progresiva de escolleras y motas innecesarias, sustituyéndolas por taludes naturales que permitan la conexión entre cauce y llanura de inundación” .

El proyecto técnico también incluía intervenciones específicas, como la creación de microhábitats en las márgenes mediante acumulaciones de madera muerta, refugios para anfibios y aves, y zonas de sombreamiento natural. “El aporte de elementos estructurales, como troncos y matorral de ribera, favorece la retención de sedimentos y la aparición de bancos vegetados”, señalaba el documento, insistiendo en que estos procesos debían ser “naturales y no artificiales” para asegurar su estabilidad a largo plazo . Se detallaba, además, la necesidad de ampliar la sección del río en varios puntos donde la canalización presenta “ancho insuficiente para permitir el desarrollo de vegetación autóctona de porte medio”, algo que Ecologistas en Acción considera imprescindible para la recuperación ecológica real.

Otro aspecto destacado del informe es la gestión hídrica. El documento de 2019 advertía de que el río presenta “caudales notablemente reducidos en varios periodos del año”, lo que limita la fauna y flora fluvial . Por ello, proponía coordinar la renaturalización con la CHE para garantizar el cumplimiento efectivo de los caudales ecológicos, algo que Verdes Equo ha vuelto a subrayar estos días. El estudio también incidía en la calidad del agua, recomendando medidas para reducir aportes contaminantes procedentes de escorrentías urbanas y agrícolas, y proponiendo la creación de filtros verdes y pequeñas lagunas de retención en zonas estratégicas del cauce bajo.

El informe concluía con una planificación detallada: fases de actuación, costes estimados y una propuesta de seguimiento científico. “Toda intervención deberá ir acompañada de un programa de monitorización hidromorfológica y biológica que evalúe la evolución del río durante, al menos, cinco años”, indicaba . Para Ecologistas en Acción, esta metodología es incompatible con proyectos “de carácter decorativo o urbanístico”, y debería recuperarse en la nueva propuesta que ahora impulsarán las administraciones.

Tanto el colectivo ecologista como Verdes Equo insisten en que el protocolo firmado solo será eficaz si incorpora estas bases técnicas previas: restauración hidromorfológica, retirada de canalizaciones innecesarias, aumento del espacio fluvial, recuperación del bosque de ribera y monitorización continua. En caso contrario -advierten- el Isuela seguirá sin alcanzar el buen estado ecológico que marca la normativa europea y quedará lejos de las recomendaciones establecidas en el proyecto de 2019.